Como empresa cotizada, Adolfo Domínguez debe ser especialmente escrupulosa con cualquier dato público de sus cuentas. La histórica textil anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el cuarto desde 2012, para alrededor del 30% de la plantilla el pasado 25 de marzo, pero la negociación del ajuste nació coja, a falta de la información del ejercicio de la pandemia, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y presentada públicamente el pasado 28 de abril.
Queda poco más de una semana para agotar el periodo de consultas que marca la ley y por fin los representantes de los trabajadores tienen entre manos una oferta concreta de la compañía, que insiste en mantener el número de salidas (295) y rechaza las prejubilaciones solicitadas por los sindicatos. La cúpula de Adolfo Domínguez pretende ejecutar el recorte de plantilla únicamente con bajas incentivadas e indemnizaciones en función de la edad.
Tres escenarios
Para el personal que a 30 de junio tenga 58 años o más, la propuesta presentada ayer por el despacho Sagardoy, contratado por el grupo presidido por Adriana Domínguez para el ERE, contempla tres diferentes escenarios. Los de 58 a 61 años con, al menos, una década de antigüedad, se llevarían el 60% del salario bruto fijo anual hasta los 63 años, aunque descontando la prestación de desempleo. Los de 62 años recibirían la misma cantidad, pero hasta los 64 años. A partir de ahí, de 63 años en adelante, la empresa se ciñe a lo fijado en la normativa laboral: 20 días por año y un tope de 12 mensualidades.
El resto de salidas, incluidos los trabajadores empleados más mayores que no lleguen a una antigüedad mínima de 10 años, se cubrirían, según la empresa, con una indemnización de 25 días por año y 15 mensualidades. El plan establece una prima única de 3.000 euros para los que lleven en el grupo más de 25 años.
"Si no hay alternativa a que se vayan, que lo hagan con las mejores condiciones posibles"
Una de las cosas que más molesta a los sindicatos es que la empresa no abra la puerta de la voluntariedad para todos. Se reserva el derecho de vetar salidas en función de sus necesidades operativas. De hecho, los mayores de 50 no pueden superar el 30% de los afectados y, en caso de quedar vacantes cuando finalice el plazo para anotarse, “escogerán ellos hasta cubrir el número, siguiendo unos criterios que en su mayoría no son objetivos”, se quejan CCOO, UGT y CIG en un comunicado conjunto. “Lo que queremos es que la gente no tenga que irse, pero si no hay alternativa, que lo hagan con las mejores condiciones posibles”, remarca José Rodríguez, presidente del comité de empresa de servicios centrales. Las centrales estudiarán a fondo la propuesta, pero mantienen su reclamación: prejubilaciones y bajas voluntarias con 35 días y sin límite. Algo que la empresa rechaza totalmente, aseguran, por la situación económica en la que está.
Miércoles y jueves volverán a sentarse ambas partes. La plantilla está convocada a una asamblea el martes por la tarde y después se manifestarán en Ourense desde la tienda del grupo en la ciudad.
