El auto de intervención judicial de Alu Ibérica empieza a perfilar el entramado con el que el supuestamente Parter y Riesgo han saqueado las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés, que Alcoa pretendía cerrar y que finalmente accedió a vender en el verano de 2019 tras la fuerte presión sindical y política. La jueza de instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón afirma en su escrito que en el proceso de reventa de Parter Capital (comprador inicial) a Grupo Riesgo “se puede identificar una operación que evidenciaría la descapitalización de las empresas” y en la que “System Capital Management [SCM] habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción” contribuyendo así a la “imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio de los acreedores y los trabajadores”.

La jueza entiende que el desvío de fondos se hizo “en beneficio de Blue Motions Technologies”, la sociedad con la que el fondo suizo Parter compró las fábricas a Alcoa por un dólar y que siete meses después dejó en manos de Riesgo por 13 millones de euros. Tardón considera que “en este momento inicial de la instrucción” este hecho “no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial”.

Víctor Rubén Domenech, dueño de Grupo Riesgo, constituyó la sociedad instrumental SCM, con la que habría descapitalizado Alu Ibérica, pocos meses antes de conocerse su entrada en el negocio aluminero. System Capital Management fue fundada el 3 de enero de 2020 con Luis Losada Gómez como administrador único. Losada y Domenech son dos de los cuatro directivos de Riesgo que fueron detenidos en marzo, junto a Alexandra Camacho y Diego Peris. La Policía Nacional los arrestó tras en el macrooperativo policial que registró las dos fábricas y varias oficinas de Riesgo, Parter y Alcoa. Las tres empresas y varias filiales están bajo la lupa de la Audiencia por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, a los que la jueza añade fraude en subvenciones y blanqueo.