En el horno de la banca se cuece otra vez una remesa de ajustes laborales bien cargados de levadura. Los números dan vértigo. Entre los expedientes de regulación de empleo (ERE) que negocian Caixabank y BBVA, dos de los mayores grupos financieros de España, y los firmados recientemente por otros como Sabadell e Ibercaja, los despidos rondarán los 18.000 a lo largo de este año. Ahora el motivo es la asfixia de los márgenes por la larga etapa de los tipos de interés en mínimos históricos y el acelerón de la digitalización a causa de la pandemia. Hace poco más de una década la razón fue el baile de fusiones para digerir el alto endeudamiento del sistema y el lastre del ladrillo por los años de crédito barato y fácil. De hecho, la evolución del empleo en el sector en Galicia en todo este tiempo se parece mucho a lo sucedido en la construcción para sortear el largo periodo de vacas flacas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A la espera del impacto definitivo de la nueva ola de recortes, las actividades financieras liquidaron ya en la comunidad 6.000 puestos de trabajo desde 2008.
Ese fue el último año de fiesta para los bancos en España. Y solo en apariencia porque una parte del sistema arrastraba los pies desde hacía tiempo por el cambio de ciclo en la economía. Galicia tenía casi 2.600 sucursales, alrededor de 14.700 empleados directos y por encima de 70.000 millones de euros en financiación a hogares, empresas y administraciones. ¿Qué queda de aquello? Pues prácticamente la mitad. El saldo de los préstamos en vigor ronda los 45.600 al cierre del pasado 2020, un ejercicio que rompió con la dieta de la financiación por los más de 100.000 millones en avales del ICO –4.200 millones en operaciones de empresas gallegas– para combatir la crisis del coronavirus; y hay 1.231 oficinas después del cierre de cinco de cada diez, según los últimos balances del Banco de España. El número de afiliados a la Seguridad Social en servicios financieros se situó en marzo en 8.613, lo que supone un desplome del 41% en comparación con 2008.
Hay pocos sectores con tanto peso en el mercado laboral de Galicia que hayan experimentado una reconversión tan fuerte como la banca. Además de la construcción de edificios (un 56% menos de trabajadores que antes de la crisis financiera), a la altura del redimensionamiento del sector financiero están la fabricación de otros productos minerales no metálicos –básicamente las cementeras, muy expuestas también a la demanda de vivienda y la licitación pública–, que redujo su personal un 51,8%; y la confección de ropa (46% de bajada), embestida por la deslocalización del textil hacia países asiáticos, Marruecos y Portugal por el menor coste.
Los sectores hermanos de la banca siguieron tendencias diferentes. Seguros, reaseguros y gestión de fondos de pensiones pasaron la tijera a más de medio centenar de empleos. En marzo tenían 1.716 trabajadores. Las auxiliares que prestan su servicio a las empresas financieras y aseguradoras, en cambio, elevaron su plantilla en más de 1.000 efectivos desde 2008 por la externalización de servicios.
Entre las tres superaron el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018, según el último balance de contabilidad publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE). La banca por si sola aporta el 2%. Su valor añadido bruto adelgazó muy por debajo del tamaño, un 20%, con 1.268 millones de euros. El descenso del gasto en salarios sí se acerca al del empleo: un 37% menos.
El Banco de España podrá acotar un crédito en función de la renta del cliente
El Banco de España aprobará una circular este verano para establecer herramientas que le permitan regular en ciertos momentos las condiciones para la concesión de préstamos con el fin de frenar el riesgo de que se produzca una nueva crisis financiera, como avanzó ayer el gobernador. Entre las condiciones que podrá endurecer se encuentra el porcentaje que representa ese préstamo sobre el valor del colateral que lo garantiza o sobre la renta del prestatario y acotar el plazo de vencimiento del mismo, detalló Pablo Hernández de Cos durante una conferencia en la Universidad de Zaragoza. El gobernador justificó estas herramientas en que la probabilidad de impago de un préstamo aumenta con la ampliación de los plazos de vencimiento, así como cuando el loan-to-price (relación entre la cantidad prestada y el valor del bien) es alto. Hernández de Cos apostó por estas medidas de política macroprudencial basadas en que la crisis financiera internacional de 2007 demostró que no es “suficiente” con la supervisión individual de las entidades.
En un contexto de exuberancia del mercado de crédito –señal de riesgo–, en el que ciertas entidades financieras estuvieran siendo “laxas” en cuanto a la concesión de préstamos, asegura que actuar solo en estos bancos trasladaría el problema a otros. El máximo representante del supervisor remarcó que deben explicarse y adaptarse estos instrumentos a la situación económica, ya que, por ejemplo, establecer un loan-to-price del 80 % implicaría que alguien que quiere comprarse una casa debería tener ahorrado el 20%.
