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Vulcano: sentencia necesaria y conciliación inevitable

Las instalaciones de Vulcano, con la terminal de contenedores detrás

Las instalaciones de Vulcano, con la terminal de contenedores detrás

Hace unos días se hizo pública la sentencia dictada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (1/2021) en relación con la controversia suscitada entre la Delegación del Gobierno en Galicia y el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra a propósito del requerimiento de inhibición formalizado por aquélla ante éste. A juicio de la Delegación, las actuaciones del Juzgado en el procedimiento concursal 18/2011, tendentes a enajenar la concesión demanial otorgada a Factorías Vulcano S.A., como parte de la unidad productiva de esta mercantil, menoscababa sus competencias, impidiéndole proseguir con la extinción de esta concesión como consecuencia de la liquidación de la personalidad jurídica de la concursada. Ahora, el Tribunal, en esta sentencia, falla a favor de la Delegación, reconociendo sus facultades para resolver dicha extinción.

La fundamentación de la resolución es clara y sólida en sus dos aspectos principales, el requerimiento de inhibición hecho por la Delegación y la competencia atribuida a la Autoridad Portuaria de Vigo. En el primer caso, el Tribunal estima el requerimiento, dado que el plan de liquidación de la concursada, aprobado el 20 de noviembre de 2019 por el Juzgado, no tiene incidencia alguna sobre la situación de la concesión demanial. Y, en el segundo, considera que la actuación de aquél invade la potestad de la Autoridad Portuaria de Vigo, ya que, con arreglo a la normativa en materia de puertos y marina mercante, que prevalece a estos efectos sobre la concursal, corresponde a esta Autoridad la gestión del dominio público portuario y el otorgamiento, en su caso, de las concesiones correspondientes.

A pesar de esa claridad y solidez, algunos han valorado negativamente esta sentencia, estimando que “frusta la posibilidad de iniciar cualquier proyecto de construcción naval”; que “muestra el nulo interés del Estado en apoyar al sector naval vigués”; o, incluso, que “ constituye un golpe a la industria naval”. Pues bien, ninguna de estas valoraciones, que son claramente políticas y no jurídicas, se compadecen con el alcance y contenido del fallo que estoy comentando, un fallo en el que el Tribunal, a diferencia del Juzgado, ha aplicado las normas que había que aplicar y, además, lo ha hecho correctamente. En este contexto, las valoraciones negativas deberían haber sido dirigidas no al Estado, del que el Tribunal, en cuanto poder judicial, forma parte, sino al Gobierno, salvo que se hubiera pretendido que aquél, el Tribunal, faltando a su obligación, hubiera prevaricado.

En cualquier caso, esta resolución, que conduce a que la Autoridad Portuaria de Vigo convoque un nuevo concurso, abre un debate que, no por viejo, deja de tener actualidad, consistente en conciliar los intereses de la construcción naval con los de la logística. Sentados los de aquélla, no pueden pasarse por alto los de ésta, habida cuenta que es un sector en el que en su conjunto participan unas 12.000 empresas, genera 50.000 puestos de trabajo y representa el 4% del Producto Interior Bruto gallego. Un sector que contribuye al desarrollo competitivo de las actividades portuarias, moviendo mercancías con destino a la exportación o a la importación, y que produce un valor añadido bruto de más de 2.000 millones de euros. Un sector, en fin, que necesita para el desempeño de su labor un espacio portuario que no se puede ignorar.

*Abogado y secretario general de Logidigal

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