La crisis sanitaria, y su derivada económica, deja en un limbo a miles de personas que encuentran todavía más difícil acceder al mercado laboral. Desde hace poco más de un año que irrumpió la pandemia en escena, el número de trabajadores que ha perdido el derecho a la prestación por desempleo o subsidios de este tipo en Galicia asciende a 56.495 a cierre del pasado mes de febrero. Hasta 185.228 desempleados se contaban en el segundo mes del 2021 en el territorio gallego, y la cobertura llegó al 69,5% del total de parados. En paralelo, creció en 988 el número de personas que no tiene acceso a ninguna prestación por desempleo desde marzo del año pasado. Casi 1.000 personas más en paro y sin posibilidad de cobrar ninguna ayuda por esta condición, desde que empezó la crisis del coronavirus.
Medidas como los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y las ayudas por cese de actividad para los autónomos han aplacado el varapalo que la pandemia habría asestado al mercado laboral. “Es como si el desempleo tuviera una cortina, especialmente por los ERTE”, apunta Maica Bouza, responsable de Emprego de CC OO Galicia. Los ERTE mitigan la sangría de puestos de trabajo. No en vano, hasta 34.759 gallegos se encontraban en esta situación a cierre del pasado marzo. Así es que la suma de personas que han perdido su derecho al cobro de prestaciones o subsidios y la de quienes viven con hasta el 70% de su salario previo por estar afectados por un ERTE asciende a 91.200.
Bouza analiza que la oscilación mensual de la tasa de cobertura está relacionada con las restricciones sanitarias. De hecho, se observa cómo entre abril y junio, este indicador supera el nivel del 100% en Galicia –con su máximo del 137% en el cuarto mes del año–, precisamente por las medidas puestas en marcha para evitar esa destrucción de empleo que empezó a manifestarse en las últimas semanas de marzo.
Más allá de las sucesivas prórrogas de los ERTE y las ampliaciones de las ayudas por cese de actividad, se emprendieron medidas que contemplaban la exoneración de la cotización en los meses de confinamiento, además de una subvención por establecimiento de hasta 10.000 euros o la subvención para asistencia técnica de hasta 2.000 para autónomos.
En el plano estatal, 1,3 millones desempleados no tiene derecho a ninguna prestación o subsidio por desempleo, una cifra que ha engordado en 270.000 en el último año. Un trabajador genera derecho a cobrar el paro a partir de los cuatro meses trabajados y durante un periodo máximo de dos años. El tiempo mínimo de cotización para cobrar la prestación por desempleo es de 360 días. Una vez termina el derecho a la prestación contributiva por desempleo se puede acceder a los subsidios de empleo, que ascienden a 450 euros. A esta ayuda tienen derecho las personas que hayan agotado la prestación contributiva, pero también mayores de 52 años, emigrantes retornados, liberados de prisión o trabajadores inválidos parciales entre otros perfiles. Existe una renta agraria, para los trabajadores de este sector, y un subsidio agrario. Sin embargo, no se contemplan en esta estadística ayudas no relacionadas directamente con el empleo, como la prestación por invalidez, la de jubilación o el ingreso mínimo vital.
La otra cuenta
Lo cierto es que la tasa de cobertura, una información que ofrece el SEPE en sus estadísticas para reflejar el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, tiene sus detractores. Enrique Negueruela, experto en el mercado laboral, detalla que este indicador presenta cierta desviación. Él es partidario de aplicar la tasa de protección por paro. Según esta estadística, el 2020 cerró con 97.714 gallegos desempleados que no tienen acceso a ninguna prestación.
Se trata de casi 6.000 gallegos menos que en 2019, que se saldó con 103.308 gallegos sin ningún tipo de ayuda al desempleo. En su análisis, Negueruela advierte que muchas personas desempleadas no se anotan en las listas del paro. De hecho, el grueso de los desempleados son de herencia de la crisis del 2008. Además, advierte de que el mercado es dinámico. La mayoría de los casos son reanudaciones de la prestación y su cese puede deberse, también, a un nuevo empleo.
