El último contrato que puso Factorías Vulcano en vigor fue el ferri Villa de Teror, su construcción 548, en abril de hace tres años. Un pedido que acumuló retrasos y facturas impagadas, de un astillero que estaba condenado a un final que se consumó: la liquidación. En sus estertores, la atarazana acumulaba unos fondos propios negativos por más de 130 millones de euros, y pérdidas por otros cinco. Atisbaba que, en el momento en que el barco de Trasmediterránea abandonase Vigo, tendría que bajar la persiana. “Una vez entregado el buque 548, y toda vez que el astillero no tiene ninguna carga de trabajo, deberá solicitar ante el juzgado de lo mercantil, su liquidación voluntaria”, asumió en su memoria. No obstante, y casi hasta su adiós, la familia Santodomingo miraba de reojo al Supremo, por si le llegaban los casi 6,5 millones que reclamaba a la auxiliar del naval Wärtsilä. Era muy poco dinero para tapar el enorme socavón de deudas de Vulcano, pero llegó. El Alto Tribunal ha condenado a la multinacional finlandesa al pago de cerca de 3,1 millones de euros. Los cobrará, año y medio después del cierre del astillero, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo del Gobierno gallego, Xesgalicia.
El litigio entre Vulcano y Wärtsilä arranca en 2005, que había cerrado con cuatro contratos en vigor. Uno de ellos era el quimiquero Vicuña, de 161 metros de eslora y 13.666 GT. Ahora se llama Huemul, pero había sido bautizado como otro Vicuña; en 2004, en el puerto brasileño de Paranaguá, explotó con 4.000 toneladas de metanol a bordo, y otras 1.240 de crudo. Fallecieron cuatro personas en el siniestro; el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Ambiental del Estado de Paraná sancionaron a la armadora con una multa de más de 20 millones de dólares.
La historia del segundo Vicuña no comenzó bien: se entregó con 44 semanas de retraso, causando un perjuicio económico al astillero –como figura en la demanda– de 6,476 millones de euros. La Audiencia Provincial de Pontevedra consideró probado que Wärtsilä demoró de forma injustificada la entrega de la documentación técnica para la instalación de los motores y que éstos sufrieron distintos fallos técnicos. “Para tratar de minimizar las consecuencias de los retrasos se vio obligada [por Vulcano] a adoptar una serie de medidas extraordinarias que incrementaron los costes”, como turnos de noche o en fines de semana para acelerar las tareas de construcción.
Los retrasos
De inicio, el barco iba a estar dotado de un motor de cuatro tiempos, pero la armadora optó por adquirir uno de dos (de mayor tamaño). Una vez realizada la instalación del motor se advirtió, durante las pruebas previas al arranque, que las hélices de propulsión “quedaban paralizadas”, defecto que admitió Wärtsilä en el juicio, aunque no aceptó la indemnización que solicitaba Vulcano por esta causa. También se produjeron fallos como los gases de exhaustación del motor, que en este caso se atribuyen también al astillero. “Las pruebas de mar, estaban fijadas para la semana 26 de 2007, se tuvieron que posponer hasta la semana 51 del mismo año”.
La Sala de lo Civil del Supremo –el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas ha actuado como ponente– ha confirmado íntegramente el fallo de la Audiencia provincial, con sede en Vigo. Pero esos 3.086.988,84 euros, más intereses y costas, no los ingresará la administración concursal de Vulcano, que asumió el trabajo de liquidar la sociedad con deudas por más de 200 millones de euros. El astillero suscribió en 2016 un préstamo con Xesgalicia –las cuentas de 2018 recogen un pasivo de 6,35 millones por este concepto, a través del programa Emprende–, por lo que decidió cederle el crédito en litigio contra Wärtsilä, en concepto de pago (parcial y diferido). Así que este dinero, que un día hizo soñar a los antiguos administradores de Vulcano con una última oportunidad, apenas satisfará las deudas que dejó a la administración gallega.
La venta del astillero a Grupo Argos no llega para abonar las últimas deudas
El pasado martes, Marina Meridional –filial de Grupo Argos– materializó el último pago por la unidad productiva de Vulcano. “Después de numerosas vicisitudes y obstáculos, como hito más importante y fundamental para la liquidación se ha conseguido materializar la venta [...] a la mercantil Astilleros San Enrique, en el precio de 7.852.000,00 euros, aparte impuestos”, explica la administración concursal –a cargo de Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador– en su último informe. “En la escritura de venta de la unidad productiva se ha hecho constar la existencia del expediente de extinción de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre la concesión administrativa, asumiendo el adquirente cualquier perjuicio o menoscabo que pudiera derivarse de ello, no teniendo (Argos) nada que reclamar”.
El pronunciamiento final del tribunal de conflictos de jurisdicción, dependiente del Supremo, se conocerá en los próximos días. Pese a las transferencias del holding de José Alberto Barreras, los ingresos que ha materializado Vulcano han sido insuficientes para hacer frente a los créditos contra la masa. Se trata de las deudas que se contrajeron después de que el astillero instara a su liquidación, en julio de 2019, y que superan los 5,5 millones de euros. La venta de un pequeño terreno en Villanueva de la Serena, por 3.000 euros, y el alquiler de las instalaciones para la grabación de una serie de Amazon (Un asunto privado, por 20.000 euros más), apenas adelgazaron el pasivo de la compañía.
