El coronavirus se llevó por delante la vida de 2.310 personas en Galicia y 3.600 millones de euros del Producto Interior Bruto (PIB). No hizo falta mucho tiempo para que la crisis sanitaria se convirtiera en una recesión también, con la esperanza puesta en una inmunización lo más rápida posible gracias a las vacunas. Sin salud no hay economía posible.
La llegada de la pandemia obligó al país a un cierre de todo lo que no fuera esencial durante varias semanas para minimizar el ataque de un enemigo prácticamente desconocido. Fue ahí, entre finales de marzo y abril, cuando la actividad sufrió el mayor golpe, sacudida después por las réplicas de cada ola de contagios. Está lo más visible, los cierres, pero sin llegar a bajar la persiana por las restricciones, la situación condiciona el día a día de muchos negocios. En todo este tiempo, el número de bajas laborales y el gasto de la Seguridad Social en este tipo de prestaciones aumentó casi un 25% en la comunidad, donde las incapacidades temporales por el COVID-19 superan las 132.500.
En toda España, el organismo tramitó 3,77 millones de prestaciones vinculadas al coronavirus hasta ahora. El real decreto de 10 de marzo de 2020 de medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública equiparó las bajas de los enfermos y de los contactos obligados a confinarse a la de un accidente laboral. Ni trabajadores ni empresas asumen algún coste, como ocurre con las bajas comunes; y los afectados tienen derecho al cobro del 75% de la base reguladora desde el día siguiente, frente al 60% estipulado para una baja convencional al cuarto día.
Van por el momento 132.569 bajas. La inmensa mayoría, un 71%, por aislamientos (94.530). Los casos positivos desde el principio no suponen ni tres de cada diez (38.039). Las incapacidades temporales por coronavirus en la provincia de Pontevedra superaron las 44.000, con el menor índice de reconocimientos por infección (27,9%), frente a Ourense, donde el 32% del total (14.800) fue por esta razón. A Coruña roza hasta febrero las 59.500 y en Lugo son 14.000, ambas con un porcentaje de bajas por aislamiento que ronda el 71,5%.
El mapa de las bajas laborales se parece mucho al de la incidencia del COVID-19 en general, aunque matizado por los diferentes niveles de ocupación en cada comunidad y la pirámide de edades del mercado laboral. Galicia es la cuarta región con una menor prevalencia de las incapacidades temporales por coronavirus.
Castilla y León (3,81), Andalucía (3,25) y Canarias (3,17) se quedan con los mejores datos. A la cabeza de la prevalencia está la Comunidad Valenciana, que alcanzó los 10,35 bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos; seguida de Extremadura ((,31);_Castilla-La Mancha (7,44); Cataluña (7,43);_y Ceuta (7,32).
Las bajas por COVID-19 en Galicia duraron de media 16,71 días, ligeramente por encima del conjunto del país (15,99 días), y supusieron la pérdida el pasado año –en este caso sin datos todavía de enero y febrero– de 1,2 millones de días y alrededor de 18 millones de horas de trabajo. Con el bajón de actividad, las otras contingencias comunes se redujeron un 8,5% (187.746 bajas) y un 7,9% en autónomos (24.711).
Equiparadas a un accidente laboral
Desde el real decreto de medidas urgentes del 10 de marzo de 2020, el COVID-19 no es una baja común.
El 75% de la base reguladora
Se reconoce desde el día siguiente y mejora el cobro del 60% previsto desde el cuarto día para las bajas convencionales.
1.800 millones de gasto
Galicia suma el 3,5% de las prestaciones, alrededor de 60 millones de euros.
Denegadas el 70% de las peticiones del IMV en Galicia
El ministro de Inclusión y Seguridad Social reveló ayer que de los 873.000 expedientes de ingreso mínimo vital (IMV) tramitados en los últimos nueve meses, se han denegado más de 600.000, lo que supone un 68,7%, la mayoría de ellos por superar los niveles de renta. Durante su comparecencia en el Senado, José Luis Escrivá detalló que en ese tiempo se recibieron 1,2 millones de solicitudes, se tramitó el 75% –873.000 expedientes– y de ellos se quedaron por el camino más de 600.000 y se aprobaron más de 210.000, lo que hace que esta prestación llegue ya a unas 565.000 personas. El 60% de las solicitudes rechazadas ha sido por incumplir los criterios de renta: el 40% superaba el límite de renta en más del doble y el 70% en más del 50%.
En Galicia se presentaron 52.800 expedientes. Limpios los datos de duplicidades, se consideran válidos 48.546 expedientes. Hay tramitados casi 39.200. De ellos, 11.546 recibieron el visto bueno de la prestación, 22.500 fueron denegados y quedan 5.079 en subsanación. El IMV que se está abonando en la comunidad llega ca casi 27.800 beneficiarios. La media oscila entre los 450 euros en A Coruña y los 500 de Lugo.
Escrivá reconoció que están analizando las razones de este volumen tan alto de rechazos de solicitudes y estudiando cómo mejorar esta situación y subrayó que es la primera vez que en una prestación de este tipo se cruzan datos de renta con la Agencia Tributaria. El ministro destacó también el papel del IMV frente a las rentas mínimas autonómicas. En 8 meses, los beneficiarios del ingreso mínimo superan a los de los autonómicos en siete comunidades y en las dos ciudades autónomas. “La cobertura es abrumadoramente superior a las de todas las rentas mínimas autonómicas (3,5 veces mas) en un período de tiempo comparable desde su introducción”, defendió Escrivá.
