En lo que respecta a la vivienda el mercado gallego va por libre. Lo constatan múltiples datos. El último de ellos revela que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se contrajeron casi a la mitad en 2020 en Galicia. La tendencia marca una estela contraria a la del resto del Estado, donde repuntaron un 37,4% en el año del coronavirus, según el Instituto Nacional de Estadística.
En el territorio gallego, se desplomaron un 43% las ejecuciones hipotecarias, un procedimiento por el cual el acreedor hipotecario, es decir, el banco, reclama cobrar su deuda en caso de impago de las cuotas. Fueron 793 las registradas en Galicia el pasado ejercicio, una cifra en línea con 2017 y que contrasta con las casi 1.400 del 2019. En paralelo, la pandemia deja un repunte del 37% en España, tras siete años consecutivos a la baja.
Además, el grueso de ejecuciones hipotecarias se realizan sobre personas jurídicas. Hasta 550 en 2020, frente a las 243 sobre personas físicas. “Ha habido una congelación de los desahucios para las familias más vulnerables”, destaca el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias.
Aunque no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en desahucio, sí se articulan como un primer paso. La contracción de Galicia responde, en parte, a las medidas sociales impulsadas por el Gobierno, en vigor hasta mayo, para frenar los desahucios en plena pandemia, –que pueden deberse a una ejecución hipotecaria o al impago del alquiler–. Los lanzamientos cayeron un 45,6% en el conjunto estatal en 2020, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.
Influye que la pandemia haya ralentizado los trámites judiciales. Además, las entidades financieras han aflojado sus exigencias por el COVID, explica Iglesias. “El número de ejecuciones hipotecarias no se corresponde con la realidad del momento. Cuando acabe la pandemia veremos el impacto”, reflexiona. Se refiere a los ERTE, a los créditos ICO o las prestaciones por cese de actividad que amortiguan el golpe económico de la crisis sanitaria que se dejará sentir, a su juicio, del 2022 en adelante.
Las cifras responden también a la particular idiosincrasia del sector en Galicia. Los gallegos son ahorradores, no piden hipotecas por el 80% de la vivienda, sino por el 40% o el 50%, lo que reduce la probabilidad de impago. Tiene que ver, además, que un alto porcentaje de los pisos se compran directamente, sin pasar por una entidad financiera, recuerda Jacobo Blanco, tesorero de Agalin (Asociación Gallega de Inmobiliarias).
Se suma que el coste de las casas no es tan elevado en Galicia como en otras regiones, lo que redunda en que una deuda menor. La mayoría de ejecuciones hipotecarias se efectúan sobre viviendas de segunda mano, hasta 607, y no obra nueva, sólo 186. Y una coyuntura derivada de la crisis inmobiliaria: muchos inmuebles que no se vendieron están en manos del banco malo, el Sareb, apunta Blanco. “En zonas costeras donde se construyeron urbanizaciones se han vendido promociones baratas”.
La crisis del 2008 dejó como herencia un registro de las ejecuciones inmobiliarias desde 2014. Entre 2009 y 2012 superaban las 90.000 al año en España. El sobreendeudamiento y el perfil inversor las dispararon, también los desahucios.
El bum inmobiliario impulsó la construcción , aunque “no tanto en Galicia”, recuerda Iglesias. Si entre 2005 y 2008 los menores de 35 o los pequeños inversores en busca de una plusvalía eran una parte activa del mercado, eso quedó atrás. “Hubo cientos de casos en que buscaban apartamentos costeros para revender”, recuerda Iglesias.
