Entre otras cuantas burbujas, los dogmáticos de la austeridad señalaron al empleo público como uno de los grandes males del déficit durante la doble recesión. Fueron años de dieta estricta, a pesar de que España, con un 65% del gasto en nóminas en manos de las autonomías por la descentralización de competencias, nunca destacó como un país excesivamente funcionariado en comparación con sus vecinos europeos y la OCDE. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 vetaron la incorporación de nuevo personal y la tasa de reposición se situó en únicamente el 10% para los servicios mínimos.
La progresiva relajación en los años siguientes a los límites en la contratación para cubrir las vacantes no fue suficiente para llegar a la pandemia con una estructura a la altura del desafío sanitario y económico. De hecho, durante todo este último año la Xunta no paró de pedir la eliminación de la tasa de reposición al Gobierno central para cuadrar la plantilla y reducir la precariedad. La tasa de temporales en el sector público en la comunidad roza ya el 30% después de los refuerzos para afrontar la crisis del coronavirus, con el mayor volumen de trabajadores de los últimos ocho años.
Coincidiendo con la tercera ola, las administraciones sumaban 202.500 trabajadores en la comunidad a cierre del pasado 2020, una cifra que no se daba desde los máximos registrados a finales de 2011 y principios de 2012, según la última actualización de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE). En solo un año, el personal público aumentó en 13.800 efectivos. El incremento más sustancial llegó a lo largo del tercer trimestre, con 5.400. La vuelta a las aulas con las nuevas medidas de seguridad para evitar contagios en los centros educativos y los rebrotes de otoño que impulsaron la gran subida de la curva en la recta final de ejercicio condujeron a otro refuerzo de 5.000 empleos. En el segundo trimestre, cuando desembarcó el COVID-19, se fichó a unas 3.000 personas.
De los más de 202.000 trabajadores vinculados a las diferentes administraciones en la comunidad, 144.800 son funcionarios u empleados fijos después de un incremento del 3% (4.300) en el último año. Otros 57.600 son eventuales, un 19,5% más (9.400) que en diciembre de 2019. Justo lo contrario que sucedió en el sector privado, donde el número de asalariados se desplomó en 23.500 por la destrucción de 26.900 puestos temporales. Los indefinidos en las empresas crecieron en 1.600.
Los organismos de la administración central en Galicia sumaron 3.900 trabajadores, hasta un total de 32.800, aunque la Seguridad Social (2.400) perdió unas 200 plazas. También los ayuntamientos (31.700) acabaron el pasado año con menos personal del que tenían en diciembre de 2019, un ajuste de 300. La Xunta engordó sus cuadros con 8.600 y las empresas públicas con 2.000, según el IGE.
Los datos de cotizaciones a la Seguridad Social confirman una evolución muy parecida, con el matiz de que no están todos los que son por la ausencia en las cifras de los afiliados en las mutualidades, alrededor del 30%. En este caso, las cifras llegan hasta febrero, con una subida del empleo en el sector público de Galicia del 6,4% respecto a las semanas previas al estallido de la crisis del coronavirus.
1.800 puestos más de altos cargos y 7.000 para tareas auxiliares de cuidados
El grupo profesional predominante en las administraciones gallegas es el compuesto por los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, donde se engloban, entre otros, médicos, enfermeros, profesores e ingenieros de cualquier rama. Son 85.600 trabajadores tras un recorte de 200 en comparación con finales de 2019. El incremento sí es sustancial en el colectivo de trabajadores de los servicios de restauración y cuidados, que tiene entre sus filas los auxiliares de enfermería y las personas que atienden en los centros públicos de mayores y discapacitados. Aumentaron más de un 20% en un año, en 7.000, con 41.900 personas en nómina. El gran salto, sin embargo, está en los puestos altos. El sector público cerró el pasado ejercicio con un sobresaliente ascenso del 60% en las categorías de directores y gerentes. Incorporó a 1.800 y alcanza los 4.800, según los últimos datos de la EPA. En ocupaciones militares hay 500 personas más; 2.200 en la selección de técnicos y profesionales de apoyo; 3.500 a mayores en empleo de contabilidad y administración; y 2.500 en puestos elementales. Los trabajadores cualificados vinculados al sector primario se redujeron en 700; en 1.300 los artesanos y trabajadores públicos industriales; y en 1.600 los operadores de instalaciones y maquinarias. Teniendo en cuenta las administraciones de todas las comunidades y con los datos a febrero de la Seguridad Social (sin las mutualidades), las plantillas de la administración, defensa y Seguridad Social crecieron un 4,7% en doce meses; un 12,2% en actividades sanitarias; y un 13,2% en educación.
