Después del resultado negativo en los análisis de 142 sospechosos, un hombre de 49 años, residente en Madrid y de paso para una entrevista de trabajo, se convirtió en el primer paciente diagnosticado de COVID-19 en Galicia hace justo un año. “Está grave, pero estable”, confirmaba la Consellería de Sanidade el miércoles 4 de marzo de 2020, con una llamada a la tranquilidad ante “un caso importado”. “De momento –añadió–, aquí no circula el virus”.
La comunidad acumula en todo este tiempo 106.000 pacientes curados, otros 4.700 con la enfermedad activa y 2.256 fallecidos, en medio de una crisis económica agravada con cada ola. La tercera en retirada fue una de las más duras para los hospitales y también para la actividad por las duras restricciones en hostelería, comercio no esencial y negocios de cultura, deporte y ocio.
Desde el final de octubre, en Galicia se destruyeron 19.159 puestos de trabajo y los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aumentaron un 152%, hasta los 46.665 que quedaban el pasado 26 de febrero, impulsando otra vez al alza el gasto del Ministerio de Trabajo en prestaciones. El desembolso en Galicia desde el inicio de la pandemia equivale ya a dos años enteros de salarios en el sector de la hostelería.
La partida, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, aumentó en enero en la región casi un 7%, con 122,6 millones de euros, la mayor cantidad de los últimos seis meses, según el balance publicado por el departamento que dirige Yolanda Díaz. El número de beneficiarios se situó por encima de los 119.000. En la provincia de Pontevedra eran cerca de 46.000; 51.700 en A Coruña; 12.500 en Ourense; y 12.400 en Lugo. Se abonaron 60.621 prestaciones contributivas, 51.529 subsidios y 6.887 rentas activas de inserción. La cuantía media alcanzó los 822 euros.
Junto a los pagos habituales para los desempleados, a cargo del bolsillo de la administración central van las prestaciones de las plantillas en suspensión de contrato o reducción de jornada. El Gobierno reformó la normativa de los ERTE en el arranque del confinamiento para incluir el derecho al cobro de ayudas públicas y que los trabajadores incluidos en un expediente no consuman tiempo de paro. El contador a cero se mantuvo junto al resto de condiciones en las sucesivas prórrogas del actual sistema de los ERTE, en vigor hasta el próximo 31 de mayo. Para aquellos que agotaron sus prestaciones y se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma – entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020–, Trabajo sacó además un subsidio de emergencia de 430 euros. El escaso éxito en la primera convocatoria obligó al equipo de Díaz a abrir un segundo plazo de solicitudes que finalizó el pasado 23 de enero, lo que probablemente empujará otra vez el gasto en la siguiente nómina de las prestaciones.
El acumulado desde abril supera los 1.530 millones de euros, el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Fue ese primer mes, coincidiendo con el endurecimiento de la movilidad en Semana Santa, cuando se alcanzó el pico de beneficiarios: 245.050 personas en Galicia y 259,4 millones de euros. El gasto aumentó al mes siguiente, en mayo, con 271,3 millones de euros, a pesar de que la cantidad de prestaciones mermó en unas 4.000 (241.045).
La tregua del coronavirus en verano y la reactivación de parte de los sectores más azotados por las limitaciones de aforo aliviaron la situación. Septiembre fue el mes más relajado para las prestaciones, con 113.354 beneficiarios en Galicia –y 106 millones de euros–, aunque desde noviembre no baja de los 119.000 por la subida en los perceptores de los subsidios extraordinarios por falta de ingresos: un 21% más desde octubre.
La cuantía media sigue la misma tendencia en los últimos meses por la incorporación de trabajadores con mejores salarios al sistema y porque el ministerio pactó en el seno del Diálogo Social con sindicatos y patronales el mantenimiento del 70% de la base reguladora, sin reducirla al 50% a partir del sexto mes.
En enero se presentaron en Galicia 84.736 nuevas peticiones de prestaciones de Trabajo, alrededor de 3.000 más que en diciembre, tras la entrada en vigor de las medidas de la Xunta para atajar la curva de contagios de la tercera ola. Las altas rondaron las 69.400, con un plazo medio de reconocimiento de 3,45 días, la mitad que la media estatal (7,39). Un año antes, en enero de 2020, el plazo en la comunidad era de 0,99 días y de 1,56 en el cómputo del conjunto del país. Galicia es la séptima autonomía donde se tarda más en dar salida a una solicitud de prestación. A la cabeza en agilidad está Asturias, con 1,65 días. Madrid, Melilla y Cataluña disparan sus plazos muy por encima de los 13 días.
De los más de 119.000 beneficiarios en la comunidad, solo el 5,4% (6.464) son extranjeros. En el colectivo se abonan 3.655 prestaciones contributivas, 2.413 subsidios y 396 rentas activas de inserción.
