Anidaron en España y en Galicia para posarse sobre la escombrera de deudas que dejó la crisis económica de 2008 y, de momento, no hay visos de que planeen su salida. Más bien al contrario, los fondos buitre --distressed funds, según la terminología inglesa que prefieren sus gestores-- ganan protagonismo en la economía gallega, sobre todo en su sector inmobiliario, aunque no solo. Estas sociedades, muchas domiciliadas en Luxemburgo, compran enormes carteras de préstamos morosos a un 10 o 15% de su valor, asumen la gestión del cobro y, si este no se produce, se adjudican el activo. El último ejemplo: la venta por parte de KKR de una cartera de 561 inmuebles en Galicia por 32 millones, que acaba de publicar FARO.
KKR & Co
El listado completo de los activos en venta de ProSil Acquisition, un vehículo del fondo buitre KKR & Co, está compuesta por pisos, viviendas unifamiliares, naves industriales, garajes o trasteros. En Vigo tiene en cartera unas sesenta propiedades, con las que espera sacar 4,4 millones. Son activos repartidos por toda la ciudad, desde casas en Coruxo, San Miguel de Oia, O Calvario o Coia, a locales comerciales en Urzáiz o en Gran Vía. Según distintas fuentes consultadas, los inmuebles son parte de una cartera de préstamos que Abanca vendió a ProSil; la última operación firmada entre ambas partes es de mediados de 2019. “La entidad vende un paquete de préstamos, no un piso o una casa. Lo que después haga el fondo con eso depende de muchos factores”, apunta una de las fuentes expertas consultadas. El mismo fondo intentó en 2014 hacerse con la propiedad de mano de otras sociedades similares de Pescanova S.A., que finalmente asumiría la banca acreedora.
Blackstone
Blackstone, uno de los grandes fondos estadounidenses, entró con fuerza en Galicia después de comprarle al Banco Santander el 51% de la cartera inmobiliaria que tenía el Popular. El fondo buitre pagó 5.100 millones y asumió la gestión de una enorme cartera inmobiliaria en España. En ella se encontraron 1.200 pisos, garajes, locales comerciales, trasteros o fincas rústicas en Galicia.
Pero en territorio gallego también realizó otra fuerte inversión al margen del sector inmobiliario: en 2018 cerró la compra del 100% de Cirsa Gaming Corporation. Esta última sociedad es copropietaria -con Luckia- del casino La Toja, así como el del centro comercial vigués de A Laxe, sucursal del primero y que ocupa 1.700 metros cuadrados de superficie. La operación se ejecutó por una cantidad no facilitada.
Cerberus
Unos meses después de la operación entre Blackstone y la entidad liderada por la familia Botín, el BBVA anunció la venta del 80% de su cartera de ladrillo por 4.000 millones de euros a Cerberus Capital Management. El banco ofrecía en su página web 550 activos en la comunidad, sobre todo pisos y casas (268), garajes (112) y parcelas sin edificar (82). En ese momento, los fondos buitre se convirtieron en los mayores propietarios de ladrillo en venta de Galicia.
Otra de sus operaciones se salió del ámbito inmobiliario: en 2014 se hizo con la empresa de componentes de la automoción Visteon, con una de sus fábricas enclavada en Salceda de Caselas. Cuatro años después, ya con el nombre de Reydel, se la vendió al grupo indio Samvardhana Motherson Group.
Lone Star y Apollo
Los otros dos grandes fondos buitre con importantes intereses en el sector del ladrillo que operan en España son Lone Estar, que se hizo con el 80% del negocio del ladrillo de CaixaBank y Apollo. Este último tiene especial vinculación con Galicia a través de la compra de EVO, la filial exterior de Novacaixagalicia. La operación ascendió a los 60 millones.
Broadbill, QP Capital Holdings y Dupont Pension Trust
Estos tres fondos buitre cobraron protagonismo a principios de este año, en su papel de acreedores de Nueva Pescanova. Las sociedades, que cuentan con unos 70 millones de deuda de la pesquera, impugnaron el plan de refinanciación con el que pretendía liberarse de los restos de la deuda concursal, con la capitalización de unos 650 millones.
El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, a instancias de los fondos distressed Broadbill Pescanova Holdings, Broadbill Pescanova SPV I y II, echó abajo aquella hoja de ruta, que había sido homologada por el mismo tribunal en el mes de agosto. El magistrado Manuel Marquina estimó, como reclamaban estas firmas norteamericanas, que el plan no contaba con las mayorías exigidas para la homologación del acuerdo. Para que un plan de financiación como este se pueda homologar, debe contar con el visto bueno de una mayoría de los acreedores.
Del total que Nueva Pescanova aspiraba a capitalizar, unos 430 millones de euros estaban en manos de Abanca. Fondos como Broadbill, QP Capital Holdings o Dupont Pension Trust no estaban a favor de canjear su deuda, de más de 70 millones, por eso impugnaron los planes del equipo de Benavent. ¿Qué razón esgrimieron? Que Abanca no tenía derecho a votar, al ser una especie de juez y parte en el proceso. El propio juez indica en su sentencia, contra la que no cabe recurso, que, “al menos desde abril de 2020, Abanca viene actuando como administrador de hecho oculto o indirecto de Nueva Pescanova”.
