El despliegue de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido fundamental para la preservación de puestos de trabajo en la pandemia del coronavirus. No solo en España. Alemania reforzó los llamados Kurzarbeit, Portugal hizo lo propio con los procedimientos de lay off simplificado y Países Bajos articuló el plan de emergencia NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). El mecanismo español es el siguiente: se suspende la actividad del trabajador, el Estado cotiza por él (total o parcialmente), cobra una prestación y el empleador tiene prohibidos los despidos durante seis meses.
En muchos casos son procesos de “respiración asistida”, como los califica el abogado vigués Ramón Ozores, que a cierre del pasado enero contaban con 31.308 asalariados gallegos bajo su protección. Los ERTE sí funcionaron: la cifra de despidos colectivos se redujo un 77% en la comunidad en el año COVID, en comparación con el –ahora añorado– 2019. Pero las cosas han cambiado, porque el ánimo y la salud financiera de las empresas son peores ahora. A día de hoy, para muchas compañías, los ERTE solo son una losa.
“Llegan muertas, no pueden aguantar 6 meses a la plantilla”
“Muchos van a llegar muertos”, constata Jaime Carrera, de Baltar Abogados. Se adelantan los cierres totales de empresas porque se ven incapaces de sostener a sus plantillas durante más tiempo, como han constatado a FARO distintas fuentes jurídicas. Procederán “a través de concursos de liquidación, ahí se extingue la relación laboral”, sin tener que someterse al veto del despido.
“En un concurso liquidación se extingue toda relación laboral”
Hay varias variables que alimentan este escenario, que también anticipa, desde el despacho vigués de Lener, Javier Romano. En primer lugar, la propia duración y virulencia de la pandemia económica.
“Todo el mundo espera una avalancha de concursos el día 15”
“Se han prorrogado las mismas medidas” que al inicio de la crisis, recuerda Ozores. En la última prórroga de los ERTE se volvió a incluir la prohibición de los despidos. “Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel hubiese terminado”, de modo que el mantenimiento del empleo podría extenderse durante más de seis meses. Las de discotecas, organizadoras de eventos, hoteles o agencias de viajes son algunas de las actividades que trabajan ya en esta alternativa: ante la incapacidad de mantener el pago de cotizaciones (aunque reducidas) y preservar a su cuadro de personal cuando reabran al completo, optarán por pedir la liquidación.
Aquí entra en juego un segundo factor que, a juicio de los expertos, es el que ha retrasado un alud de quiebras forzosas hasta ahora. El 14 de marzo se termina la moratoria que aprobó el Estado que suspende el deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. Hasta esa fecha, un deudor que esté en situación de insolvencia –se entiende por la incapacidad de atender a sus pagos corrientes– no tendrá la obligación de solicitar el concurso de acreedores, como sí acontecía antes del COVID.