El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este martes que el organismo dispondrá de hasta 70 fuentes de datos diferentes que cruzar mediante técnicas de 'big data' para comprobar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes y cotejar si realmente se reside en el extranjero. Además, prevé poder retomar a lo largo de 2021 las visitas con "plenas garantías jurídicas".

Así lo ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda a petición propia para informar sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, en la que ha destacado que las técnicas de 'big data' permiten una aplicación "más generalizada" en el ámbito del análisis patrimonial y, por consiguiente, detectar en mayor medida las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes a otros territorios.

Gascón ha apuntado que el tema de las deslocalizaciones "se ha puesto de moda últimamente", tras la polémica por la marcha de algunos 'youtubers' e 'influencers' a Andorra y otros territorios con una imposición más baja.

En este sentido, ha precisado que actualmente hay 2,5 millones de españoles que viven fuera del país, un dato que "hay que darlo por bueno" al ser en general verdad, si bien se producen también "deslocalizaciones ficticias". De su lado, hay unos 5 millones de extranjeros que residen en España.

Ante el "caos" de las deslocalizaciones ha valorado el "avance" que supone combinar 70 fuentes de datos diferentes con técnica de 'big data' en casos de indicios, lo que le ha llevado a afirmar que los datos "son mayores de los que han sido nunca" para poder disponer de indicios ante una posible deslocalización ficticia.

A continuación, ha añadido, se posibilitará acometer una actuación comprobatoria y, si es preciso, abrir un expediente, si bien ha reconocido que se trata de procedimientos "complicados", ya que "una cosa es que tengas indicios y otra es que seas capaz de probarlo".

En todo caso, cree que la combinación de fuentes, algunas estructuradas y otras informaciones obtenidas en fuentes abiertas, es "absolutamente crucial" porque los procesos probatorios son "muy complicados. En este asunto tiene "mucho que decir" la central de coordinación de control de patrimonios relevante, ha apuntado Gascón.

Sistema fiscal de Andorra

Al hilo del debate sobre la fiscalidad y la marcha de 'youtubers' a Andorra, Gascón ha apuntado que en ese territorio viven unos 20.000 españoles sobre una población total de 80.000 por distintos motivos como la proximidad geográfica, las oportunidades o la fiscalidad, si bien ha insistido en que ante indicios de deslocalización, la AEAT "tiene que actuar".

Sobre el debate del impacto de estos movimientos en la conciencia fiscal, ha pedido aislar del mismo la comparaciones de la tributación alta o baja con un "microestado" con un presupuestos de gasto inferior al de la AEAT.

A su juicio, es "imposible" que el sistema fiscal andorrano pueda aplicarse por alguno de los 27 Estados miembros y cree que "jamás" una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos gastos, como la Seguridad Social, podría proponer un régimen fiscal similar.

También ha pedido aislar del debate la "excusa" de marcharse para tributar menos por los casos de corrupción, el gasto público "desbocado" en España o la falta de ayudas, ya que "no son problemas sistémicos" sino que hay que detectarlos y corregirlos, y cree que habría que pensar qué haría uno mismo si estuviese en la situación económica y personal de alguno de esos 'youtubers', ya que si se duda o se contempla la marcha, cree que habría un "verdadero problema de conciencia fiscal" en España.

Recuperar las visitas

En el ámbito de control, Gascón ha indicado que hay que regularizar incumplimientos y obtener el cobro de deudas, impulsando el cumplimiento voluntario, en un contexto en el que se tendrá que asumir el reto "extraordinariamente importante" de gestionar por primera vez las tasas 'Google' y 'Tobin' y profundizar en el control del mundo digital.

El director general de la AEAT ha afirmado también que el organismo tiene previsto la realización de un "buen número de visitas", si bien el plan ha quedado suspendido hasta que la situación sanitaria mejore.

Dentro de las visitas, ha indicado que las de "mayor intensidad" son las entradas con autorización judicial en domicilios "constitucionalmente protegidos", tras la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado en la que se establecían determinados límites.

"Si la situación sanitaria lo permite, queremos retomar (las visitas) a lo largo del año 2021 con plenas garantías jurídicas, teniendo en cuenta la doctrina del Supremo y los posibles cambios normativos que se puedan producir al respecto", ha indicado.

Ha apuntado al respecto que el 97% de las actuaciones con entrada a domicilio se han efectuado a personas jurídicas en la vía contencioso-administrativa, siendo "bastante residual" los casos a personas físicas, y ha precisado que el porcentaje de actas de disconformidad no alcanzaba ni el 20%.

De cualquier forma, ha reiterado su postura respecto a la conveniencia de que se mantenga la vía contencioso-administrativa, en línea con las enmiendas presentadas por algunos grupos a la Ley de lucha contra el fraude, en vez de que se avance a un modelo en el que prime la vía penal.

Aunque cree que ha habido "errores", ha enfatizado que para solicitar una autorización judicial y que la autorice el juez, hace falta un expediente administrativo que deje claro qué se busca, entre otros puntos.