La posible quiebra de empresas por los efectos de la pandemia del COVID-19 se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la Eurozona. La Comisión Europea amplió y flexibilizó hace unas semanas el marco temporal de ayudas de Estado, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, y España ultima ya su adaptación al mismo para aliviar y amortiguar el impacto de la crisis. Según anunció la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el Gobierno español espera aprobar en marzo un nuevo plan de medidas que incluirá subsidios directos, quitas de deuda y préstamos participativos.

“Esperamos que a lo largo de marzo se pueda aprobar este nuevo paquete de ayudas”, explicó Calviño poco antes de participar en la reunión mensual de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que incluyó un debate sobre la solvencia de las empresas. Según explicó, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja en este nuevo paquete de medidas de apoyo con el Banco de España y el sector financiero porque “es imprescindible que los bancos sigan siendo parte de la solución”.

La respuesta se enmarca en el paraguas de ayudas públicas ya autorizado por la Comisión Europea el año pasado pero que permitirá ofrecer ahora un “catálogo mayor” de medidas. “Dado que la Comisión ha cambiado el marco de ayudas recientemente hemos enviado para su autorización un marco más amplio que permite ayudas hasta el 31 de diciembre de este año. Permite ayudas a las empresas de una mayor magnitud de las que estaban autorizadas hasta ahora, la realización de quitas y el uso de otros instrumentos financieros como préstamos participativos para apoyar la solvencia de las empresas”, insistió, cifrando en un 20% del PIB el apoyo público concedido hasta ahora: un 15% con medidas de liquidez y un 5% con ayudas directas.

Por ejemplo, solo en expedientes de regulación temporal de empleo, bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social, ayudas a autónomos o incapacidad laboral, el Gobierno español se ha gastado 40.800 millones de euros en 2020 a los que se suman 16.000 millones transferidos a las comunidades autónomas y corporaciones locales, para apoyar a las empresas en el marco de sus competencias, y otros 8.000 millones previstos este año.

Calviño cerró filas con la recomendación de la Comisión Europea de no retirar las ayudas de forma prematura. “Tenemos que proteger lo logrado estos meses gracias a la red de seguridad que hemos tejido. Hemos protegido el tejido productivo, el empleo, las rentas de las familias y tenemos que asegurarnos de mantener todo lo ganado y seguir acompañando a las empresas”, insistió. El siguiente paso será identificar “las empresas que eran fundamentalmente viables antes de la llegada de la pandemia” y cuya solvencia se puede ver debilitada por la caída de actividad.