Hasta este fin de semana, y de acuerdo a los datos oficiales de la Consellería de Sanidade, habían fallecido cerca de 2.100 personas por el coronavirus SARS-CoV-2 (o COVID-19) en Galicia. La dispensación de la vacuna contra esta enfermedad ha priorizado la inmunización de los mayores, los más débiles; nueve de cada diez muertos tenían más de 70 años. Serán tan largas las consecuencias de esta pandemia que se estudiarán sus huellas en la economía, el comportamiento social o el saldo vegetativo (diferencia entre óbitos y nacimientos).
Muchas de ellas podemos apreciarlas ya, porque histórico ha sido también, en 2020, la evolución del sistema público de pensiones en la comunidad. Nunca antes, en toda la serie histórica disponible, Galicia había perdido pensionistas; nunca antes se habían tramitado tan pocas altas de jubilación o viudedad. Un combo de hechos inéditos que no ha evitado que la nómina, el coste total, haya reventado otro récord. En suma, las pagas abonadas el año pasado a los gallegos supusieron un desembolso de 9.174,3 millones de euros. Se elevó un 2,2%, ligeramente por debajo del promedio estatal. En el conjunto de España, se ingresaron 138.000 millones en pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y favor familiar.
Pese a las durísimas consecuencias del COVID, a nivel nacional no se redujeron ni el número de pensionistas ni de pagas (hay beneficiarios que cobran más de una y compatibilizan, por ejemplo, una de incapacidad con otra de viudedad). Pero en Galicia sí hubo un descenso de ambos, que no se entiende sin una doble variable: la pandemia, sí, pero también el profundo envejecimiento de la población. De hecho, Ourense, identificada por el Eurostat como una de las tres zonas de Europa con mayor población de más de 65, lleva años perdiendo pensionistas.
En el conjunto de la comunidad, el ejercicio cerró con 765.031 pensiones en vigor (para 677.577 beneficiarios), medio millar menos que en 2019. La caída no se produjo de manera generalizada entre los distintos tipos de prestaciones que reconoce la Seguridad Social.
Las de jubilación, las más numerosas del sistema público, sí se elevaron. Ahora bien, solo para los que habían cotizado como asalariados. El número de jubilados del régimen de autónomos se redujo en más de 3.000 personas; no fue un buen año para retirarse como autoempleador. Un antiguo empleado por cuenta ajena ingresó de media 1.176,31 euros de pensión el pasado diciembre; un autónomo, por debajo de los 670 euros. Las pagas de viudedad, incapacidad permanente y orfandad sí se redujeron –no en cuantía– en 2020, en comparación con el ejercicio preCOVID. En todo caso, el coste total en pensiones se elevó en Galicia porque todas las pagas medias fueron al alza: unos doce euros más para las de incapacidad, 23 euros a mayores en las de jubilación, y entre seis y once euros de subida en las demás.
El stand-by
Además de la esperanza compartida por la pronta superación de la pandemia, el 2021 trajo novedades en la edad de jubilación. El que optara a retirarse con el 100% de la pensión tenía que tener, al menos, 66 años cumplidos. En caso contrario, acreditar 37 años y tres meses de cotización. Para 2019 era posible retirarse con 65 años y 8 meses, en caso de no haber trabajado (de alta) 36 años y 9 meses. Este factor, sumado a que el ministro Escrivá había anunciado nuevas medidas de “desincentivación de prejubilaciones”, llegó a disparar un 30% las altas de pensionistas hasta octubre, como publicó FARO. Pero se desinfló por completo. Las restricciones del primer confinamiento, y las decretadas para allanar las siguientes oleadas de contagios, congelaron la cifra de nuevos jubilados hasta las 36.057, la cifra más baja desde al menos quince años (en 2005, desde cuando la Seguridad Social permite comprobar esta estadística). Es más, es la primera vez que el número de bajas (37.384) ha superado al de nuevos pensionistas.
El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado el decreto ley para la subida de las pensiones, del 0,9% para 2021, ya prevista en la ley de Presupuestos (del 1,8% para las pensiones no contributivas). Supondrá un coste de 1.454 millones. Este año, por último, la edad de la jubilación anticipada forzosa subirá a 62 años, si bien la cláusula de salvaguarda permitiría al colectivo protegido por ella hacerlo a los 61 con 30 años cotizados, frente a los 33 años establecidos con la reforma de 2011.
