El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, tiene entre manos un proyecto para impulsar la actividad de la Inspección de Trabajo y Economía Social. Como anunció la ministra gallega hace tres semanas, la intención es la de adaptar esta labor a las necesidades del mercado de trabajo del siglo XXI, en el que, por supuesto, la incidencia de la pandemia de COVID ha cambiado por completo el panorama laboral. La aplicación y extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la expansión del teletrabajo se mezclan con la lucha contra los falsos autónomos, el cumplimiento del alza del SMI o la brecha salarial. Todas estas cuestiones estarán en los próximos meses más bajo la lupa que nunca y tanto los propios inspectores como los despachos de abogados esperan un aluvión de inspecciones. Para respaldar la actividad, Trabajo está en la recta final de la elaboración del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, cuya vigencia se extiende hasta 2023. Sindicatos del gremio confirman a FARO que las pesquisas sobre el cumplimiento de los ERTE o el abuso empresarial “se van a intensificar” y, de hecho, los despachos de abogados ya detectan que se está produciendo un “incremento” de las denuncias anónimas.
A lo largo del último año las actuaciones del cuerpo de inspectores estuvieron marcadas por la pandemia, que provocó que se paralizasen plazos administrativos y un atasco en las tramitaciones. El plan de Díaz y su equipo servirá para dar un nuevo impulso a esta labor, poniendo el foco en aquellos casos en los que previsiblemente se detectarán más problemas. Los dos sindicatos principales, Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) y Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), explican que la actividad se centrará en controlar el cumplimiento de los ERTE solicitados, los contratos temporales o de tiempo parcial, los falsos autónomos o el uso incorrecto de los becarios. Además, vigilarán de forma especial que no haya salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, el registro de los horarios o el teletrabajo, poniendo énfasis en la calidad de los empleos.
El plan
1 Trabajo impulsa un plan estratégico
El Ministerio de Trabajo está elaborando el plan estratégico para la Inspección de Trabajo hasta 2023, en el que impulsará la actividad.
2 Unas líneas maestras para potenciar la labor
El plan incluye una serie líneas maestras sobre las que actuar, en las que Trabajo busca “potenciar” y reforzar los objetivos de inspección.
3 Efectos del COVID y nueva realidad laboral
El foco del plan estará en los ERTE, los salarios, los contratos fraudulentos, los falsos autónomos o el uso incorrecto de los becarios.
4 Los inspectores reclaman medios
Ante el plan, desde los sindicatos del gremio solicitan más medios, sobre todo humanos, ya que su trabajo se incrementó y lo hará másman
La portavoz de UPIT, Mercedes Martínez, explica que en los últimos meses “se han incrementado mucho las denuncias, principalmente anónimas a través del buzón” y que tanto en Galicia como en otros territorios todavía existen muchos convenios en los que el salario está por debajo de SMI, como en el caso de las empleadas del hogar.
Sobre los salarios también habla la inspectora miembro del secretariado de la UIP para Pontevedra, Anabel Mariño. Según indica, “las campañas están aumentando” y su trabajo, en general, “estuvo muy marcado por los ERTE”. Lo que más están detectando los inspectores en la zona son casos de “contratos temporales fraudulentos” o de “impago y fraccionamiento de salarios”, algo en lo que han notado un aumento “de forma importantísima”. De todas formas, Mariño recuerda que tanto la Xunta como otras comunidades “deben aprobar también sus objetivos” de cara a este año y los que vienen.
“Se producirán más denuncias anónimas ante la Inspección y demandas por parte de los trabajadores”
Juan Ramón Camacho, del despacho vigués de Balms Abogados, opina por su parte que “las inspecciones aumentarán más notablemente cuando los ERTE finalicen y empiecen a ser revisadas muchas solicitudes”.
Camacho vaticina que “se producirán tanto más denuncias anónimas ante la Inspección de Trabajo como demandas por parte de trabajadores a sus empleadores”, algo que, en buena parte, cree que se deberá al ahogo de las pymes por los efectos económicos de la pandemia. “En determinados sectores esta situación se está volviendo insostenible e irreversible ya para las próximas semanas o meses”, detecta el abogado del despacho olívico.
Más medios
El viernes de esta semana finalizó el plazo para presentar alegaciones al plan impulsado desde Trabajo. Los dos sindicatos enviaron sus correspondientes escritos y, en ambos casos, entienden que a las “líneas maestras” plasmadas desde el Ministerio les falta desarrollo y echan de menos, principalmente, un refuerzo de medios personales. Díaz y su equipo apuestan por volver a sacar 600 plazas para estos tres años (igual que el trienio anterior), pero desde los sindicatos recuerdan que las responsabilidades de los inspectores se han incrementado y necesitan más manos.
“Este último año ha sido excepcional, con competencias nuevas y no han venido refuerzos; llevamos arrastrando problemas a los que no se han dado solución
En este aumento de la carga de trabajo tiene mucho que ver el COVID y las medidas impulsadas para apoyar el tejido empresarial, principalmente los ERTE. Ercoreca explica que “hay que tener en cuenta los efectos de la pandemia” y los problemas que causan entre la Inspección.
“Atendemos todo tipo de denuncias relacionadas con el COVID y, sobre todo, por los ERTE”
De la misma forma opina la portavoz de UPIT, Mercedes Martínez: “Ahora estamos atendiendo todo tipo de denuncias de todo lo relacionado con el COVID y, sobre todo, control de ERTE. Es lo principal”. “Está claro que tienen que reforzar y lo tienen que hacer ya si de verdad se quieren conseguir los objetivos”, insiste Ercoreca.
“Nos parece bien el contenido social que refuerza el papel de garantes de un trabajo digno, pero con los actuales medios y recursos es de difícil alcance”
Mayor control en los buques de pesca y el sector conservero
La inspectora miembro del secretariado de la UIP para Pontevedra, Anabel Mariño, explica que el plan de Trabajo tendrá especial relevancia en algunos sectores estratégicos de la comunidad gallega debido. Así, explica que una de las líneas que se mencionan en el plan tiene vinculación con el sector pesquero, de vital importancia en Vigo y su área. En concreto, pone el foco en la seguridad en barcos de pesca, para lo que se busca que tanto el despacho de los buques y como de los roles se equipare a los de la Marina Mercante, lo que a juicio de Mariño “puede facilitar la investigación de accidentes”. Por otro lado, el potenciamiento del control del salario en materia de discriminación las puede tener su incidencia en sector como el textil o el conservero. Respecto a este último, la inspectora recuerda que “la brecha salarial es muy importante” y que este refuerzo de las actuaciones “va a tener una incidencia específica”. De igual forma, recuerda que faltan todavía por desarrollar una “línea paralela” de actualizaciones legislativas que aumenten la labor de inspección en otras materias como la subcontratación.
