Como sucede ahora con los fondos europeos del Next Generation para avivar y cambiar el modelo en la economía pospandemia, la Xunta promocionó su concurso eólico de 2010 como el antídoto para dejar atrás la entonces aún incipiente crisis financiera. “Estamos hablando del plan industrial más importante de la historia de Galicia”, apuntaba Javier Guerra, conselleiro de Economía e Industria en aquel momento, durante una entrevista a FARO tras desvelar el reparto de los 2.325 megavatios (MW) disponibles.
Fenosa Wind y Norvento triunfaron con más de 300 MW cada una, seguidas de Estela Eólica (186) con la prometida construcción de la incineradora de residuos del sur de la comunidad; la constructora Copasa (177); las dos firmas de renovables de las antiguas cajas de ahorros (131); y Vector Verde (117), la alianza de la pizarrera Cupa con el grupo Ceferino Nogueira. Entre los propios parques y las inversiones en industria y tecnología que los promotores debían presentar para competir –con esos proyectos fueron valoradas las candidaturas–, el ejecutivo regional estimó una movilización de recursos cercana a los 6.000 millones de euros y 13.266 empleos directos e indirectos. Las variadas y enormes debilidades del proceso –en el que se llegó a anunciar, además de la planta para quemar residuos de Estela, un hospital privado, barcos y una central piloto para generar electricidad a partir de olas del mar, entre otros– y la segunda recesión dejaron la puja en el limbo.
Se autorizaron parte de los parques. La Xunta abrió expediente a unas cuantas empresas por incumplimiento. Y, por si las cosas no iban suficientemente mal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó en 2016 el concurso por irregularidades en la puntuación de los planes industriales, una decisión corregida en 2018 desde el Supremo, que mantuvo la anulación solo en una de las diez zonas donde se preveían construir los complejos de aerogeneradores. Sin corregir la adjudicación en esa área a estas alturas, la administración autonómica se ha propuesto rescatar su polémica subasta una década después, dando prioridad en la tramitación a los parques eólicos ganadores.
La resurrección del concurso es la gran sorpresa en la batería de enmiendas del grupo parlamentario del PPdeG a la proposición de ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica de Galicia que previsiblemente se aprobará este mes en O Hórreo. Como ya adelantó FARO, la Xunta apuesta en la nueva norma por acortar los plazos en las llamadas “iniciativas empresariales prioritarias”, una catalogación que, en el caso de la eólica, inicialmente se reservaba a aquellos parques destinados a suministrar electricidad a plantas industriales para fomentar el autoconsumo o con una inversión superior a los 20 millones de euros.
¿Y para el resto? La propuesta de los populares pasa por dar el mismo trato a las instalaciones “que supongan la creación o consolidación de un volumen mínimo de 25 puestos de trabajo directos en Galicia”. Sale de la redacción de la ley la idea de incluir en este grupo de parques con tramitación corta los “adjudicatarios de algún proceso de concurrencia convocado por la administración general del Estado”, en referencia a las subastas de renovables, en las que se exige el cumplimiento de plazos muy concretos bajo la amenaza de quedarse sin los millonarios avales depositados como garantía; y entran los proyectos “que tengan justificado la totalidad de los compromisos derivados de la orden de 29 de marzo de 2010”, con la que se convocó el concurso.
EL SECTOR EÓLICO
3.829 megavatios (MW) de eólica en Galicia
A esa cantidad asciende en parque de generación con viento en Galicia al cierre de 2020, según los datos de Red Eléctrica de España (REE). Solo se instalaron 24 MW durante el pasado año.
Una enorme bolsa de proyectos
Galicia suma 8.400 MW en proyectos aún sin levantar pero con permiso de conexión. Otros 2.100 están en tramitación para conseguir autorización.
La enmienda en cuestión, según concreta la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, afecta a los proyectos “que no están autorizados, y por lo tanto no se pusieron en marcha, pero que están asociados a compromisos industriales cumplidos al 100%, tanto en empleo como en inversión”. De los 91 parques concedidos hace diez años, se han puesto en marcha, admite el departamento dirigido por Francisco Conde, únicamente 8. Sin la ejecución, la Xunta se ha quedado en todo este tiempo sin los ingresos por la monetarización de los planes industriales. ¿Qué significa esto? Se prometieron inversiones tan, tan irreales, que la Xunta decidió abrir la vía de cambiarlas por entregas de dinero proporcionales a la cantidad de megavatios que cada promotor recibió al final.
Ni el PPdeG ni la Xunta consideran un problema para resucitar el concurso la anulación de la valoración del Supremo en una de las áreas de desarrollo del concurso. “La sentencia afianza el 95% de los proyectos del mismo, puesto que la ejecución solo se refiere a una parte ”, reivindican. Son 6 parques con 123 MW de cuatro compañías –Norvento, Galenova, Vendavales Eólicos y Beltaine Renovables–, pero es que hay 34 parques suplentes para esa zona de una veintena de firmas que no se podrán beneficiar de los nuevos plazos.
El sector del viento pide subastas más grandes
El sector eólico considera “imprescindible” garantizar un ritmo de avance superior al previsto en las subastas de renovables y elevar esa ambición a 2.200 megavatios (MW) anuales de esta tecnología en la próxima década para poder alcanzar los más de 50.000 MW instalados en 2030 y “evitar tensiones en la cadena de suministro”. En la jornada La Eólica y sus Mercados organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el presidente de la patronal, Juan Diego Díaz, aseguró que el impulso al sector eólico español “es necesario para contribuir a la recuperación económica en los próximos años y velar por su cadena de valor debe ser una prioridad”. El Gobierno celebró a finales de enero la primera de las subastas bajo el nuevo marco definido, con la adjudicación de un total de 3.034 MW entre un total de 32 agentes, correspondiendo 2.036 MW a fotovoltaica y 998 MW a eólica. Está prevista una segunda subasta este año con un cupo de potencia mínima para la eólica de 1.500 MW, que el sector eólico espera sea superior. Considera que se está ante un escenario ya consolidado de “actividad intensa”, lo que pone de manifiesto la trascendencia de la eólica, aunque subraya que también encierra “ciertos riesgos que hay que evitar” y el líder de AEE defiende la “prioridad” de establecer los mecanismos adecuados para avanzar de forma sostenida cuidando a la vez de la cadena de valor industrial.
