La venta de la unidad productiva de Factorías Vulcano, al holding Grupo Argos, se ejecutó pese a que la titularidad de la concesión está judicializada; el Tribunal de Conflictos de Competencia deberá dirimir si se extinguió con la liquidación del astillero o si, por contra, puede ser explotada por la nueva propiedad hasta 2027. Abogacía del Estado está ultimando un informe, que remitirá al Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, en el que reprobará la conducta de este juzgado, por cuanto permitió la transacción sin tener despejado el futuro de los terrenos portuarios. Así lo expuso ayer el presidente del Puerto de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, tras el consejo de administración. Abogacía del Estado considera que la venta ha podido ser “irregular”.
El máximo mandatario de la Autoridad Portuaria reiteró su apoyo a la actividad naval en la zona, al tiempo que defendió la “necesidad de que cualquier proyecto para los terrenos aporte seguridad jurídica a los inversores y genere el mayor nivel posible de empleo, servicio y riqueza”. La continuidad de los trabajos en la antigua Vulcano ha de hacerse, apostilló, “con garantías”.
En un auto fechado el 4 de noviembre, el magistrado Sergio Burguillo confirió a los administradores concursales plenos poderes para proceder a la venta, independientemente de la apertura de un conflicto competencial. “Debemos afirmar que la administración concursal tiene la facultad de proceder a las negociaciones y autorizaciones de venta con sujeción al plan de liquidación, sin que necesite autorización judicial parcial”, rezaba textualmente. Si los terrenos concesionados, Astillero San Enrique –sucesora de Vulcano– no contaría con acceso al mar.
