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Cobrar el salario mínimo no es negociable, coindicen expertos y sindicatos

Trabajadoras de una peluquería, con una clienta. |   // RAFA VÁZQUEZ

Trabajadoras de una peluquería, con una clienta. | // RAFA VÁZQUEZ

Los acuerdos sectoriales de más de 20.000 empleados gallegos están desactualizados. Se encuentran en tal casuística, sobre todo, a trabajadores de la limpieza, panaderías, peluquerías o del comercio minorista, como desveló ayer FARO. En casos sangrantes, la revisión no se realiza desde 2014, una situación que ejemplifica el convenio de la industria y comercio vitivinícola pontevedrés. Y tal anomalía redunda en que, en ocasiones, el trabajador esté percibiendo un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional.

Se le argumenta que se le aplica la tabla salarial establecida en su convenio sectorial. Esta práctica es, de hecho, ilegal. “El salario mínimo no es algo negociable”, índice Roi Fernández, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Galicia. “Todos los profesionales que, por convenio, queden por debajo del salario mínimo interprofesional deben ser retribuidos con el salario mínimo”, explica José Carlos Rodríguez del Río, secretario de Política Institucional de UGT Galicia.

La falta de renovación de los acuerdos sectoriales ha propiciado que “muchos de los salarios de los convenios desactualizados hayan sido absorbidos por la subida del salario mínimo interprofesional”, explica Jaime Cabeza, catedrático en Derecho del Trabajo de la Universidade de Vigo.

El Real Decreto 231/2020 fijó una subida del salario mínimo interprofesional a una cuantía de 950 euros mensuales en 14 pagas para las jornadas completas. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros acordó prorrogar su vigencia a 2021. “Ningún trabajador puede cobrar por debajo del salario mínimo legalmente”, refuerza el mensaje Enrique Negueruela, ex trabajador de los servicios de empleo. “Puede haber convenios desactualizados, que no hayan crecido y que pasen a contemplar el salario mínimo”.

Independientemente de la categoría profesional, todos aquellos trabajadores cuyo convenio sectorial o empresarial no alcance el SMI pasan, inmediatamente, a cobrar el salario mínimo. Una coyuntura que no hace sino aplanar la tabla salarial de las distintas categorías profesionales de una empresa, analiza Negueruela.

Los convenios colectivos se negocian entre sindicatos y representantes empresariales, estatales, autonómicos o provinciales y tienen una vigencia en un número determinado de años. “Se basan en la subida del índice de precios al consumo (IPC), lo que pasa es que el salario mínimo ha subido más que el IPC)”, aclara Elena Mancha, directora xeral de Relacións Laborais de Consellería de Emprego e Igualdade.“Ha pegado un salto el salario mínimo interprofesional y el convenio no ya puede estar en vigor”.

“El caso del trabajador al que no se le adaptara es una irregularidad a subsanar sí o sí”, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Galicia. “La recomendación para una persona en esta situación, que la empresa no tenga intención de subsanar, es que se acerque al sindicato. A veces, es necesario recurrir a la vía judicial para arreglar esta situación anómala”. Son cerca de 1.039 convenios provinciales, de empresa y estatales que se aplicaban en Galicia en 2020 y que afectan a 488.079 puestos de trabajo. En el último año, sólo se revisaron 72, que contemplan 76.400 empleados.

El problema de los convenios desactualizados va más allá del salario. A menudo la falta de revisión responde al mero hecho de que las partes no se sientan a negociar. Los sectores más castigados, dice Fernández, son aquellos cuyas patronales desaparecieron o no les interesa un nuevo acuerdo. Esto no pasa tanto en la industria, que tiene una mayor capacidad de presión sindical. No obstante, la situación es más ajustada en el sector servicios, recuerda Mancha.

Tal coyuntura es herencia de la reforma laboral de 2012, según coinciden tanto los expertos como sindicatos consultados. La normativa antepone los convenios empresariales a los colectivos, lo que redunda en que los empleados, representados por la unión de trabajadores, vean mermada su capacidad de negociación, explica Francisco González Sío, secretario xeral de Negociación Colectiva de CIG. Esta reforma “ha debilitado más los convenios de sector provinciales. Son los grandes perdedores de la reforma de 2012”, explica Cabezas. De esta manera, “una empresa tiene fuerza para situar los salarios por debajo del convenio del sector. Favorece a la gran empresa por encima de patronales de la pequeña empresa”.

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