Francisco trabaja en una empresa de venta de muebles de la provincia de Pontevedra. Cobra unos 850 euros mensuales, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), que acaba de prorrogarse en 950 euros al mes. “El convenio está vencido, no entiendo que no se renegocie”, lamenta. En efecto, el Boletín Oficial de Pontevedra publicó, en agosto de 2016, un acuerdo de cuatro años de vigencia (2015-2018) y de aplicación para 750 trabajadores, según el registro de acuerdos colectivos del Ministerio de Trabajo. Los sueldos anuales oscilan, de acuerdo al mismo, entre los 12.351,75 y los 12.646 euros –para un mozo especializado y un encargado, respectivamente–. Claro que en 2018 el SMI era de 10.302,60 euros al año, frente a los 13.300 actuales. Así es que el panorama ha cambiado considerablemente desde entonces; el convenio colectivo de comercio de muebles, que afecta a Fran, no. No es el único. Más de 20.000 trabajadores gallegos están bajo el paraguas de un acuerdo laboral que mantiene retribuciones muy por debajo del salario mínimo. “Es una anomalía, no debería suceder”, confían fuentes sindicales.
El mismo interlocutor pone como ejemplo el convenio de industria y comercio vitivinícolas pontevedrés, publicado en 2014. En este caso se produce una circunstancia llamativa: hay salarios base fijados en 956 euros mensuales para titulados superiores (el SMI ese año quedó estipulado en 645,3 euros), con un plus de transporte de 8,53. No se ha renovado este acuerdo. Es más, de aplicarse la literalidad del mismo documento, los peones temporeros y vendimiadores tendrían derecho a cobrar un sueldo más elevado que un encargado de fábrica o de laboratorio. ¿La razón? Que a los primeros sí se les garantizó el SMI: “percibirán los salarios mínimos interprofesionales fijados anualmente por el Gobierno”, reza el texto. En aquel momento era una cuantía muy baja en comparación con la de los técnicos titulados o administrativos; ahora sería desde un 13% más alta. El registro oficial de convenios incluye, bajo este acuerdo –suscrito por la Asociación de Marcas Rías Baixas, Asociación de Empresarios Bodegueros Rías Baixas, CIG, CC OO y UGT–, a 3.000 trabajadores de la provincia.
“Es una anomalía, no debería suceder”, admiten desde las centrales sindicales
Esta situación se repite en las cuatro provincias, entre los profesionales de panaderías, comercio textil, aparcamientos, peluquerías o gimnasios. En rigor, ningún empleado por cuenta ajena debería tener un sueldo inferior al SMI. Para el Gobierno, los 950 euros mensuales –prorrogados hasta que no haya acuerdo entre patronal y sindicatos– cumplen “el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60% del salario medio de los trabajadores”, reflejó en el Boletín Oficial del Estado. Pero muchos se quedan al margen de esta prerrogativa.
Por ejemplo, en las peluquerías. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó su convenio, de nivel autonómico, el verano de 2017. El ejercicio anterior se habían congelado los sueldos, y para los dos siguientes se fijaron subidas del IPC real: la inflación acumulada apenas rozó el 3%. Aun sumando esta revalorización, las “gratificaciones extraordinarias” y el complemento de transporte (383 euros anuales), algunos los profesionales de este sector tampoco alcanzan el salario mínimo. Ese plus extra es de dos nóminas al año, que pueden prorratearse, pero no sirven para alcanzar los 950 euros del SMI (a los profesionales del grupo 1). Los sueldos base, de acuerdo a convenio –denunciado por haber expirado–, van desde los 762 a los 870 euros al mes. El número de trabajadores sujeto a este acuerdo es de 6.650.
Según el registro público del Gobierno, el 24 de enero de 2019 Traballo dio acuse de recibo del inicio de las negociaciones para el convenio de panaderías de A Coruña, con cerca de 2.000 empleados. Con un plus de transporte de 83,16 euros para el año 2018 (último de vigencia formal), el convenio incluye complementos por mecanización, semimecanización y puntos calientes (despachos o puntos de venta, independientes del obrador, que disponen de hornos utilizados para la cocción del producto) de hasta el 20%. No obstante, parte de la plantilla se queda, también, fuera de la “remuneración equitativa y suficiente” que defiende Moncloa.
