El Gobierno ha enviado a Bruselas su agenda legislativa para acompañar los planes de reconstrucción pos-COVID, en la que evita concretar el alcance de sus contrarreformas laboral y de pensiones. La pretendida ambigüedad del texto permite a los socios de coalición liberar tensiones internas y modular los contenidos en las negociaciones con los agentes sociales y en el seno de la UE. Entre los puntos que figuran en los documentos remitidos a la Comisión Europea no consta, entre otros, elevar a 35 años el cálculo de la pensión, tal como reconoció ayer en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y adelantó el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista esta semana en FARO.

El Gobierno remitió el pasado lunes dos documentos a la Comisión Europea con las principales prioridades de su agenda legislativa para este ejercicio en materia sociolaboral. Y ayer se los presentó por escrito a patronal y sindicatos. Los textos son fruto de la deliberación entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo de coalición y reflejan los consensos del programa. No obstante, el nivel de concreción del redactado es más ambiguo y aborda, de manera pretendidamente superficial, el contenido a desarrollar. Esta fórmula es la que se ha impuesto en las reuniones en Moncloa, con la voluntad de no quedar atados de manos ante compromisos concretos y dejar margen para la negociación en el seno del diálogo social y dentro de las relaciones con la UE.

Sin reforma

Los documentos del Plan de Reformas e Inversiones remitidos a la Comisión Europea evitan términos como “derogación de la reforma laboral”, que, no obstante, sí aparecen en el programa de coalición. El Ejecutivo pretende evitar polémicas sobre el contenido concreto detrás del concepto, como ya ocurrió en anteriores episodios (como el vivido con EH Bildu en el Congreso el año pasado). El término que se impone en los documentos es la “modernización del mercado laboral” y la reformulación de la negociación colectiva, que es uno de los principales huesos.

La hoja de ruta del Ministerio de Trabajo pasa por retomar las cuestiones que tuvo que apartar tras la irrupción de la pandemia en marzo, como son la recuperación de la ultraactividad y la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Los sindicatos van escalando la presión en este sentido y ayer volvieron a convocar concentraciones en las calles para el próximo 11 de febrero.

El equipo de Yolanda Díaz ha remitido a Bruselas una hoja de ruta con 17 reformas estructurales. Entre estas se cuentan algunas ya en negociación, como la ley rider o la reforma integral de las políticas activas de empleo. Y otras pendientes de abordar, como la consolidación de un nuevo sistema de ERTE como alternativa al despido y a la elevada temporalidad.

Otro campo en el que plantea reformas, y así se lo ha hecho saber a Bruselas, es en lo relativo a pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, pretende articular su programa en dos bloques. El primero quiere tenerlo pactado con los agentes sociales y ya en trámite parlamentario antes de finalizar el primer trimestre del año.

Este incluye la nueva fórmula para revisar el poder adquisitivo de las pensiones, cambios en el sistema de incentivos para la jubilación anticipada o para la jubilación demorada. A más largo plazo, José Luis Escrivá tiene pendiente abordar con los agentes sociales la reordenación de gastos considerados “impropios” de la Seguridad Social, es decir que no cuentan con la cotización correspondiente. También transitar en el régimen de autónomos a una cotización en función de los ingresos reales, algo que pretende que esté operativo, al menos para parte del colectivo, a partir de 2022.Y lo que el Gobierno no tiene actualmente en su agenda es elevar el cálculo del importe de la pensión de los actuales 25 años a 35. Lo reafirmo en rueda de prensa y no consta en los documentos enviados a Bruselas.

Los ERTE, que benefician a más de 33.000 trabajadores en Galicia, se prorrogan hasta mayo

Fumata blanca en la mesa de diálogo social. La CEOE avaló ayer la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE del COVID hasta el 31 de mayo y dejó el acuerdo solo pendiente del trámite del Consejo de Ministros. Esta decisión beneficia a más de 33.000 trabajadores en Galicia. Los empresarios, los más reticentes al sí, votaron afirmativamente en su junta directiva celebrada ayer por la mañana para dar su apoyo a la renovación planteada por el Ejecutivo. Y CCOO y UGT hicieron lo propio. “El ADN de este Gobierno se llama diálogo social”, se vanaglorió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tiene bajo el brazo cinco prórrogas de los ERTE una ley del teletrabajo y una subida del salario mínimo. Según el contenido del texto remitido a los agentes sociales por el Gobierno, las actuales ayudas a las empresas se mantendrán, con un ligero aumento de la cobertura para los sectores más afectados; así como las prestaciones para los trabajadores. En el mismo importe (70% de la base reguladora) y con el contador a cero para todo 2021. Unos 755.000 trabajadores que actualmente permanecen en ERTE en toda España estaban pendientes de este preacuerdo. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social llevarán al Consejo de Ministros del próximo 26 de enero el texto para ser validado y publicado en el BOE. Tan rápida ha sido la quinta prórroga de los ERTE como agónica fue la anterior. A diferencia del acuerdo de septiembre, este ha llegado relativamente pronto, en tan solo tres reuniones y dos fines de semana de reflexión de por medio. Las partes han aplicado el dicho anglosajón de Si no está roto, no lo arregles y han introducido pocos cambios en el esquema de protección social. Pese a las reticencias manifestadas por la patronal, finalmente los empresarios no han querido echarle un pulso al Gobierno y han avalado “por unanimidad” el pacto, según señalaron los empresarios en un comunicado emitido.