En Galicia se abonan al año unos 29.000 millones de euros en concepto de retribución a los asalariados, según las cuentas económicas trimestrales que elabora el Instituto Galego de Estatística (IGE). Incluye sueldos, salarios –se distinguen entre si perciben cantidades fijas o si son variables– y las cotizaciones a la Seguridad Social. No son los únicos ingresos que entran en los hogares gallegos, con una elevada capilaridad de autónomos, rentas de capital y, sobre todo, pensiones. No en vano, un tercio de ellos subsiste únicamente con prestaciones públicas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. En el mes de noviembre se abonaron en Galicia 661 millones de euros en pensiones: equivale a casi uno de cada tres euros que perciben mensualmente los asalariados en la comunidad. Mucho más que los sueldos y cotizaciones que abona la industria (5.200 millones, sin descontar la inflación) por todos sus empleados por cuenta ajena. Es más, dentro de este capítulo que desglosa el IGE, la nómina más abultada en concepto de rentas corresponde a administraciones públicas, sanidad y educación. En suma, de las arcas públicas salen al año ahora más de 16.300 millones para pagar a sus propias plantillas y a pensionistas.
En toda España, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.985,3 millones de euros, un 2,3% más respecto al mismo mes de 2019. El número de beneficiarios fue de 8,881 millones de personas, cifra que se ha reducido notablemente en comparación con el cierre del pasado ejercicio. Son 16.883 pensionistas menos. El impacto del COVID es innegable, también en el caso de la comunidad gallega. La serie mensual histórica que facilita el Ministerio Seguridad Social evidencia que se producirá un hito desconocido desde que existen registros: habrá menos pensionistas en Galicia que en diciembre de 2019, principalmente por las mayores bajas (en comparación con las altas) en las de viudedad e incapacidad permanente. Eso sí, en los diez últimos años se incorporaron más de 40.000 personas como beneficiarias de una de estas pagas mensuales; la cifra es diez veces superior al incremento de afiliados al sistema en el mismo periodo, también de acuerdo a la oficina estadística autonómica. Desde 2010 han pasado por delante una segunda recesión, un sostenido proceso de recuperación y un virus que se ha cebado con los más mayores. Pero ciertas descompensaciones no se han corregido.
“Hay que extender la edad real de jubilación y eso supone hacer menos uso de las prejubilaciones o facilitar a quien quiera que trabaje más allá de su vida laboral”
La caída o contención en el incremento de pensionistas, según qué provincias, no ha implicado un menor gasto para la Seguridad Social. Las nuevas pagas medias de jubilación han ascendido a 1.263 euros en lo que va de año –hasta octubre, último mes del que hay datos desglosados de altas y bajas–, frente a los 1.205 del conjunto de 2019. Es más, las únicas prestaciones en las que la nómina no dejan de caer son las de incapacidad permanente: a las personas que se están dando de alta como beneficiarias se les está reconociendo una paga de 853 euros al mes (menos de 12.000 euros al año), mientras que las que están causando baja ingresaban 1.030 euros de promedio (más de 14.400 euros anuales).
Anticipación
La llegada del nuevo año traerá consigo novedades en la edad de jubilación. Los que quieran retirarse con el 100% de la pensión tendrán que tener, al menos, 66 años cumplidos. En caso contrario, acreditar 37 años y tres meses de cotización al sistema público. Para 2019 era posible retirarse con 65 años y 8 meses, en caso de no haber trabajado (de alta) 36 años y 9 meses. Este factor, sumado a que el ministro José Luis Escrivá ha anunciado nuevas medidas de “desincentivación de prejubilaciones”, ha disparado las altas de pensionistas en octubre. Fueron 3.652, un 30% más que a cierre del año pasado.
“Hay que extender la edad real de jubilación y eso supone hacer menos uso de las prejubilaciones o facilitar a quien quiera que trabaje más allá de su vida laboral”
Eso sí, el Consejo de Ministros volvió a prorrogar ayer la cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de las pensiones de 2011, que garantizaba las condiciones de jubilación previas (más ventajosas) para las personas despedidas antes de la entrada en vigor de esa reforma –el 1 de abril de 2013– y que no tuvieron un empleo después. Ahora bien, en 2021 la edad de la jubilación anticipada forzosa subirá a 62 años, si bien la cláusula de salvaguarda permitiría al colectivo protegido por ella hacerlo a los 61 con 30 años cotizados, frente a los 33 años establecidos con la reforma de 2011.
Sánchez apela al consenso y al diálogo social para la reforma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseveró este martes que “cualquier modernización” del sistema de pensiones deberá tener el acuerdo de todos los agentes sociales. Así lo apuntó durante su intervención para presentar el primer informe de rendición de cuentas del Gobierno de coalición, donde hizo referencia a que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya está trabajando en la reforma en el marco del diálogo social.
“Lo que está haciendo este Gobierno, y es el ánimo de Escrivá, es tener un consenso en base al diálogo social”, refrendó el presidente del Ejecutivo. Asimismo, recordó que hace pocas semanas se llegó a un acuerdo para establecer unas nuevas recomendaciones para el sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
“El acuerdo parlamentario está, el social está en marcha y el Gobierno de España tiene su planteamiento sobre cuál tiene que ser la modernización del sistema público de pensiones”, culminó, tras apuntar que se abordará esta reforma “y no porque lo diga Europa, sino porque es un compromiso del Gobierno con las generaciones actuales y futuras”.
