El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido ya está, finalmente, disponible. Más de 48 horas después de que se cerrase el periplo de cuatro años de negociaciones por el Brexit, y ante la total falta de información oficial desde Bruselas, el documento de 1.246 páginas está en manos de los armadores comunitarios. La pesca, como uno de los ejes sobre los que se centraron buena parte de las conversaciones entre Michel Barnier y David Frost, tiene un capítulo especial en el que se recoge cómo quedará el reparto de cuotas para las especies que la UE captura en aguas británicas y la relación entre ambas partes. Es decir, el tijeretazo en las posibilidades de pesca para la flota gallega y del resto de España. Si bien a priori no se verán afectados los cupos de las especies que se capturan en aguas ibéricas –especialmente aquellas que son objetivo de la flota de bajura–, el golpe en Gran Sol sigue presente y preocupa al sector, sobre todo de cara negociaciones futuras. En base al acuerdo, Reino Unido dispondrá de un 25% del valor de las cuotas en juego (160 millones de euros) y se fija un período transitorio para los próximos cinco años y medio en los que el acceso a aguas estará garantizado. Pero los arrastreros y palangreros de fondo de Galicia que faenan en el histórico caladero sufrirán las consecuencias del pacto a partir ya de 2021: en base a las últimas cuotas acordadas, las de este año, España perderá al menos 15.500 toneladas de especies de gran importancia como la merluza, rape, rapante, cigala, rayas o bacaladilla, una vez se consume la transferencia total y gradual a Londres al final del pacto, a partir del verano de 2026. Y el sector en Galicia lo tiene claro: no se va a recuperar en el futuro lo perdido en el presente.
La Comisión Europea publicó el texto completo ayer por la mañana. Los países disponen de unos días para examinar los distintos compromisos pactados de cara a facilitar la aplicación provisional del acuerdo a principios de año. La pesca, prioridad máxima para Galicia una vez salvados los aranceles a otros sectores de vital importancia como la conserva, la automoción o el textil, figura en un apartado concreto de 14 páginas.
El articulado para la relación pesquera, que se recoge a continuación, cubre todos los aspectos que más polémica suscitaron –y todavía suscitan– tras el referéndum de 2016 e incorpora otros, como la situación del bacalao en Svalbard (Noruega). El apartado está encabezado por un acuerdo para la cooperación a la hora de “asegurar que las actividades pesqueras de poblaciones compartidas en sus aguas sean ambientalmente sostenibles a largo plazo y contribuyan a lograr beneficios económicos y sociales”.
Lo que más preocupa al sector comunitario es cómo se organizará esa cesión para Reino Unido del 25% del valor medio de las cuotas que captura en aguas británicas (valorado en total en 640 millones de euros). Los cuatro anexos con las tablas recogen el porcentaje que irá creciendo en favor de Londres mientras se reduce el que tiene Bruselas de forma gradual y hasta 2026. Esto afectará a varios países, como España, en base al mal llamado principio de estabilidad relativa.
Este sistema de reparto, pergeñado principalmente por cinco Estados en el 1983 –Francia, Dinamarca, Bélgica, Alemania Occidental y la el propio Reino Unido– fue mínimamente modificado para hacer un pequeño hueco a España y Portugal, que se incorporarían tres años más tarde a la Comunidad Económica Europea. La española se quedó con menos de un reintegro: el 7% de las cuotas, que todavía preserva. Es la misma ratio que Holanda; pero este último país cuenta con el 6,6% de la capacidad pesquera de Europa (que se mide en toneladas GT), y la flota española roza el 22%.
Desde Bruselas ya anticiparon hace tres años que, pasase lo que pasase con el Brexit, los pesqueros gallegos no verían mejoradas sus posibilidades pese a la baja de Reino Unido del club comunitario. “La Comisión no ve ninguna razón para modificar la Política Pesquera Común, que continuará implementándose en todos sus aspectos”, zanjó el entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker.
Lo que no se esperaba el sector, después de cuatro años de unión de los Veintisiete en esta y otras materias, es que finalmente la pesca se convirtiese en moneda de cambio en la mesa de Barnier y Frost y sufriese un descenso en sus cuotas, ya de por sí escasas. Según cálculos realizados por este periódico y en base a los porcentajes que se quedará Reino Unido a partir de 2026 –cuando finaliza la aplicación gradual– y a la estabilidad relativa, España perdería más de 15.500 toneladas de sus especies principales, donde el grueso (más de 8.800) serían de bacaladilla, especie clave para intercambios, pero que también incluyen otras de vital importancia como la merluza, rape, rapante, cigala o rayas de Gran Sol. Traducido en facturación, y de acuerdo a los precios medios de primera venta durante 2019, el montante total que dejaría de ingresar la flota se situaría en 36,7 millones de euros.
Si bien la afectación es distinta por especies y hay algunas que se han quedado fuera, lo que hace que España no sea de los más afectados (son las especies de aguas ibéricas), el país cuenta con cupo en un total de 17 de las 32 especies en las que habrá cesiones a Downing Street. Eso sí, finalmente no se entregarán cupos de especies de aguas profundas, como besugo, alfonsino, sable negro o granadero.
Otra cosa es lo sucede en pesquerías fuera de la UE. El sector pesquero se quedó a cuadros al ver que el acuerdo incorporaba también el reparto de cuotas de bacalao en NAFO, cuya división para la zona 3M ya se dio a conocer en la reunión anual para decidir las cuotas en este caladero, y de Svalbard, donde Reino Unido se quedará con un 25% de las posibilidaes de pesca. Esta cuestión, que se cita como “caso especial” y que pilló por sorpresa –e indignado– al sector, se estima en un golpe a la flota española de otras 1.200 toneladas a mayores.
Además del reparto de las cuotas, el documento también estipula cómo se organizará la negociación de los totales admisibles de capturas (TAC) para este período. Así, “a más tardar el 31 de enero de cada año” ambas partes se asegurarán de establecer un calendario de consultas con el fin de establecer los TAC para las especies compartidas. El objetivo de estas consultas es que como muy tarde el 10 de diciembre de cada año queden establecidas las posibilidades de pesca para estos mismos cupos en el siguiente curso, añadiendo que si para el 20 de diciembre no hay acuerdo sobre alguna especie, se establecerá un cupo de acuerdo a la recomendación científica.
En este artículo también se incluyen los intercambios entre las dos partes, para lo que se establecerá “un mecanismo para transferencias voluntarias durante el año”.
El acceso a aguas está recogido en el artículo 8 del apartado de pesca. “Cada Parte otorgará a los buques de la otra Parte acceso para pescar en sus aguas en las subzonas ICES pertinentes ese año”, siempre y cuanto se haya establecido un TAC antes y “con el objetivo de asegurar un equilibrio mutuamente satisfactorio entre los intereses de ambas Partes”. Esto también se aplicará para las especies que no están en el sistema de cuotas, aunque en este caso el límite estará fijado por la media de capturas del período 2012-2016.
Este acceso se permitirá también para las aguas que se encuentran entre las millas 6 y 12 a contar desde la costa para aquellos que “tuvieran acceso a esas aguas el 31 de diciembre de 2020”. Este último punto también especifica que la prórroga de las cuotas acordada para el primer trimestre de 2021 se aplicará como TAC provisional para permitir el acceso a los buques pesqueros.
De igual forma el acuerdo incorpora las posibles “medidas compensatorias acordes al impacto económico y social de un cambio en el nivel y las condiciones de acceso a las aguas”. En el artículo 9 aparece reflejado que ese impacto “se medirá sobre la base de pruebas fiables y no meramente en conjeturas y posibilidades remotas” y que sus efectos pueden ser la suspensión “total o parcialmente” del acceso a sus aguas, así como levantar “el trato arancelario preferencial otorgado a los productos pesqueros”. Además, se “podrá solicitar el establecimiento de un tribunal de arbitraje” para vigilar el proceso y no estará permitido invocar “el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir que la otra Parte suspenda obligaciones” compensatorias.
En cuanto a la rescisión del pacto, el documento estipula que será posible con un aviso de nueve meses de antelación, cuestión que también aplica para lo acordado en aviación, comercio y transporte.
Por otro lado, y fuera de todo lo relativo a la pesca, el acuerdo refleja lo que recogía el adelanto de un día antes por parte del Gobierno de Boris Johnson en lo relativo a Malvinas. El resumen por capítulos de Londres estipulaba, entre otras cuestiones, que los pactos alcanzados entre Reino Unido y la UE no afectan a los territorios de ultramar como Malvinas, a la que en el texto completo citan directamente confirmando lo publicado ayer por este periódico: a partir del 1 de enero la flota gallega con bandera malvina sufrirá unos aranceles de entre el 6% y el 18% sobre el pescado que llega a Europa, en su mayoría a través del puerto de Vigo, y que nutre –principalmente con el calamar– la industria transformadora de la comunidad.
Lo que sí aparece en el apartado pesquero, en el artículo 10, es la excepción para las Dependencias de la Corona (Crown Dependencies), es decir, los paraísos fiscales de la Isla de Man (entre Irlanda y Escocia) y las de Jersey y Guernsey (en el Canal de la Mancha), que se incluyen en el acuerdo y a las que sí se permitirá el acceso a los barcos de pesca.
El Gobierno bendice el acuerdo: “Dota de estabilidad y se ajusta a las necesidades del sector”
Asegura, tras tres días de silencio, que su impacto será “limitado” | La Xunta carga contra una valoración “poco realista y triunfalista”
“Es un buen acuerdo, que dota de estabilidad y seguridad jurídica al sector pesquero, que podrá continuar con el ejercicio de su actividad en condiciones similares a las actuales”. Es la primera valoración del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre un pacto que la industria española en pleno ha criticado por los perjuicios que causará en la flota y en todas las actividades derivadas. A su juicio, las reducciones de capturas “tendrán efectos limitados para la pesca española, que seguirá contando con cuotas que se ajustan a sus necesidades”. A cierre de esta edición, el sector no había recibido del Ejecutivo central los parámetros exactos de aplicación del acuerdo de desconexión de Reino Unido, que incluye además la imposición de aranceles –por hasta el 18%, como publicó ayer FARO– para la flota que opera en las Falkland (Malvinas). Planas realizó este análisis, vía comunicado de prensa, tres días después de que Ursula Von der Leyen y Boris Johnson exhibieran el final de unas negociaciones agónicas en las que, como ha valorado el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, la pesca ha sido “moneda de cambio una vez más”. De acuerdo a los propios datos de la Comisión Europea –a través del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF)–, la española es la flota menos rentable de la UE por empleados a jornada completa.
El titular de Pesca apuntó que, de las 32 especies para las que el sector cuenta con asignación, “únicamente” ha “contribuido” con cesiones en 17 de ellas. No hay impacto sobre pesquerías determinantes, como las de caballa, jurel o bacaladilla (que sirve de intercambio), de las que dependen principalmente los barcos de bajura. “Tampoco existen cesiones en especies de aguas profundas, como el besugo, alfonsinos, sable negro y granaderos”, ahondó. El TAC provisional adjudicado para la flota española en besugo, por ejemplo, apenas supera las 20 toneladas en un trimestre, de acuerdo a las cifras oficiales divulgadas tras el último reparto de las autoridades comunitarias. En cuanto a los buques que faenan únicamente en aguas británicas, Luis Planas los cifró en 70. “En total capturan unas 8.000 toneladas, por un valor de casi 32 millones de euros. Estas cifras [...] suponen un 1% respecto al total de la flota española”.
Crítica
La Xunta volvió a ser muy crítica. Para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, la “lectura” realizada por el Gobierno central es “demasiado triunfalista, cortoplacista y poco realista”. “Es similar a la que podría darse” tras las habituales negociaciones de diciembre, en las que se fijan los totales admisibles de capturas (TAC), “y en los que el mal resultado obtenido se puede mejorar al año siguiente”. Este no es el caso, inciden desde su departamento. “Este estará vigente cinco años y medio, y todo aquello que se pierde ahora no se podrá recuperar en el futuro, por lo que sus consecuencias son más devastadoras”.
Asimismo, ha emplazado al equipo de Planas a convocar cuanto antes al sector, para explicarles en detalle el acuerdo y las “claves de su aplicación”. Quintana mantuvo ayer una reunión por videoconferencia con los representantes en Galicia de la Alianza Pesqueira Europea (EUFA), Jesús Lourido e Iván López, con los que coincidió en el “duro golpe” que acaba de recibir la flota gallega.
El BNG urge la comparecencia de Quintana
La diputada autonómica del BNG Rosana Pérez ha pedido la comparecencia “urgente” de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para explicar el contenido del acuerdo en materia de pesca, ya que tendrá “un fuerte impacto” negativo en el sector. “Dados los resultados, queremos saber qué se hizo y qué no se hizo desde el Gobierno gallego y por qué la pesca gallega vuelve a ser una moneda de cambio”. Pérez ha criticado que “no se tengan en cuenta” los intereses de Galicia ni de sus principales sectores económicos.
Alivio sin aspavientos en la automoción
Preocupado por posibles roturas en la cadena de suministro: “Somos just in time”
Hace un mes escaso, a preguntas de FARO, la patronal de fabricantes de vehículos Anfac anticipaba que la imposición de aranceles sería “inasumible” para la industria. Que encarecería los coches en 670 millones de euros. Finalmente los equipos negociadores de Michel Barnier y David Frost lograron sellar un acuerdo comercial que ha anulado esa amenaza. “El impacto de un Brexit sin acuerdo habría sido simplemente devastador para la automoción, por lo que, ante todo, estamos muy aliviados”, apuntó el director general de la patronal europea ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), Eric-Mark Huitema. “No hay otra industria que esté más integrada que la automotriz, con cadenas de suministro complejas que se extienden por todo el continente”, ahondó. Eso sí, la organización todavía tiene que leer el detalle de todo el acuerdo, con complejas derivadas legales.
Aunque se ha salvado el escollo de las trabas a la exportación, Huitema llamó la atención sobre las disrupciones que se prevén en las cadenas de suministro. Lo acontecido en los últimos días en las autopistas que culminan en Dover o Calais, con miles de camiones atrapados, son buena muestra de que el temor es fundamentado. “Para un solo vehículo se utilizan unas 30.000 piezas, dependemos en gran medida de la entrega just in time”, sin estocaje. La logística es fundamental. “En comparación con la situación actual, habrá mucha más burocracia y carga regulatoria”, zanjó el responsable de ACEA. En previsión de que se consumase un Brexit duro, fabricantes como PSA-Vigo aprovecharon las últimas semanas para elevar la entrega de vehículos a Reino Unido, a fin de evitar unos aranceles que, para el caso de los turismos, alcanzaría el 10%.
