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La Inspección de Trabajo aflora 26 falsos empleados temporales al día en Galicia

El organismo convirtió en fijos a casi 10.000 eventuales en 2019 | Detectó 3.611 personas sin alta en la Seguridad Social | Con el control se recaudaron 48,5 millones

La Inspección de Trabajo aflora 26 falsos empleados temporales al día en Galicia

El coronavirus trastornó la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el fondo y en las formas. Como el resto de actividades, el organismo tuvo que lidiar con las restricciones a la movilidad impuestas en el estado de alarma y las semanas de confinamiento estricto para doblegar la curva de positivos en un momento en el que su labor era más necesaria que nunca para controlar las medidas de seguridad e higiene por el coronavirus en las empresas y el buen uso de las medidas impulsadas para evitar una sangría laboral, especialmente los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las multimillonarias prestaciones públicas abonadas a los afectados. En el caso de la protección de las plantillas por el riesgo de contagio, se realizaron más de 116.000 inspecciones hasta principios del pasado mes de noviembre y 100.000 en la supervisión de los ERTE, como detalló Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para detallar las primeras cuentas propias en la centenaria entidad dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Será otro ejercicio extraño, condicionado por la evolución de la pandemia, pero el objetivo de la Inspección es recuperar cierta normalidad y volver a poner la lupa en las contrataciones. Desde la entrada en vigor a mediados de 2012 del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, en colaboración con la Xunta se transformaron en indefinidos 40.493 contratos de falsos temporales en Galicia, de los que casi 10.000 fueron en 2019, según el balance que acaba de hacer público el organismo.

Las infracciones y los requerimientos aumentaron un 8% en la región en 2019

A partir de los casos denunciados por particulares y sindicatos y los controles ya planificados, la Inspección de Trabajo cerró el pasado año con 35.763 órdenes de servicio concluidas, un 6,3% más que en 2018. Las infracciones y los requerimientos de la administración aumentaron más, un 8%, hasta los 4.332. El importe de las sanciones alcanzó los 14,7 millones de euros tras una subida de casi el 4%. Lo que sí desciende (3,4%) es el número de trabajadores afectados desde los 22.820 del ejercicio precedente a los 22.038 de 2019. Los inspectores realizaron 19.756, unas 2.400 más. La mitad de las actas de infracción estaban relacionadas con irregularidades en materia de Seguridad Social (trabajadores sin alta e infracciones de empresas y empleados en prestaciones, por ejemplo) y la inmensa mayoría de los 14.865 requerimientos se debió a problemas de seguridad y salud laboral.

El Programa Integrado de Objetivos que el organismo elabora cada año sigue las pautas del refuerzo a la lucha contra el fraude impulsado en 2012 y las medidas concretas incluidas desde el segundo semestre de 2018 en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. Se nota especialmente en los resultados en el ámbito de las relaciones laborales. En 2018 se batió el récord de detección de trabajadores eventuales que realmente desempeñaban una tarea fija: 11.564. El dato de 2019 descendió a 9.669, pero es el segundo más alto de la historia. De todas las conversiones de temporales a indefinidos en la comunidad el año pasado, el 22% se debió a la labor de los inspectores.

De cada diez órdenes de servicio finalizadas, una acabó sacando a luz deficiencias en prevención de riesgos laborales. Las multas superaron los 2,6 millones de euros. Las malas condiciones afectaban a cerca de 4.900 trabajadores. Entre otras consecuencias, la Inspección paralizó en Galicia 10 obras de construcción y se dictaron 259 propuestas de recargo. Otras 19.500 órdenes de servicio se dirigieron al área de Seguridad Social, de las que resultaron 2.238 infracciones, una cifra muy similar a la de 2018. Con ellas salieron a la luz 3.611 trabajadores que no estaban dados de alta. Las sanciones ascendieron a 8,2 millones de euros y fruto de los expedientes liquidatorios vinieron para la caja pública 48,5 millones de euros en cotizaciones y otros pagos no satisfechos.

Los contratos por horas o días en la comunidad se desploman a la mitad

La aumotoción lidera el incremento del empleo hasta noviembre

Al igual que sucedió con la cantidad de trabajadores inmersos en un ERTE, la evolución los afiliados a la Seguridad Social e incluso los datos del paro, la radiografía de la contratación en Galicia durante noviembre evidencia los efectos de la segunda ola del coronavirus. Básicamente del impacto del cierre de la hostelería y las limitaciones a eventos culturales y de ocio en los concellos que suman el 60% de la población. El mes pasado se firmaron 59.691 contratos, lo que supone un descenso anual del 21% y el menor volumen para un noviembre desde 2014, entonces todavía con los últimos coletazos de la doble recesión. Está claro que no será 2020 otro ejercicio de récord como venía ocurriendo desde el cambio de ciclo económico por el impulso de la actividad y la cada vez mayor temporalidad de la ocupación, sin la que no se entendería lo que pasó en el mercado laboral autonómico desde 2015, ni tampoco la profunda herida provocada por el coronavirus. 

Entre enero y noviembre, en Galicia se registraron 672.241 contratos nuevos. Hay un tercio menos que en el mismo periodo del pasado año. Casi el 95% (945.093) fueron temporales. Entre ellos está la mayor caída, un 32,6%; mientras que los indefinidos iniciales (46.954) descendieron un 25,7%. Otra de las consecuencias de la pandemia en el empleo en Galicia es que los contratos de duración indeterminada pasan al primer lugar (35% del total), superando a los de que duran menos de una semana (24,8%). Esos puestos que solo duran horas o días protagonizan el mayor descenso: bajan a la mitad (166.738). Los que menos están sintiendo los efectos de la nueva crisis son aquellos que van de una semana a un mes, con una reducción del 13%. Los de uno a seis meses bajan un 28%; un 25,7% los de seis meses a un año; y un 24% los de más de un año, según los últimos datos suministrados por la Consellería de Emprego e Igualdade al Instituto Galego de Estatística (IGE). 

Otra vez los jóvenes se llevan la peor parte. Al igual que sucede en el resto de variables del empleo. Los contratos a gallegos de entre 16 y 19 años disminuyeron un 47%. En los de 20 a 24 años, la caída rozó el 39%; y casi un 34% en el caso de los de 25 a 29 años. Entre los 30 y los 39 años el recorte ronda el 30%. Según la formación, los dos extremos de la balanza son los trabajadores con estudios secundarios acabados, donde se formalizaron un 34% menos de contratos, y los de educación superior, con una bajada del 25%. 

La caída del Producto Interior Bruto (PIB) por los efectos del COVID-19 llegó a semejantes dimensiones en España, el país más afectado de la UE, tiene mucho que ver con su mayor dependencia del sector servicios en general y del turismo en particular, la dimensión tan reducida de las empresas y la precariedad en el empleo. De las 23.100 ocupaciones perdidas el último año en Galicia, casi siete de cada diez eran jornadas parciales. Por eso vuelve a hablarse tanto de la apuesta por sectores con menor temporalidad en el empleo, particularmente la industria.

Es, de hecho, la actividad menos lastrada en la contratación por la situación actual. La caída en actividades manufactureras en la comunidad fue del 12% hasta noviembre, dos veces menos que el total. Hay tres ramas, además, en positivo. Los contratos en la industria química crecieron un 4,5%; un 12% en la industria del papel; y el 16,5% en la automoción, convertida en el motor laboral de Galicia este año. Suma 20.773 contratos. Con 2.463 contratos firmados, las telecomunicaciones se dispararon un 75%; y aumentan un 5% en empleo en el hogar (9.790). También resiste bastante fuerte la agricultura, donde la caída es de solo el 2,6%. La hostelería desplomó su contratación un 58% (un 57,6% los bares y restaurantes y un 62% los hoteles) y un 60,6% las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

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