24 es el número clave. Son los días que faltan para que Reino Unido arranque todos los cables que han unido al país a la Unión Europea durante casi medio siglo. Y son las horas que se ha dado el equipo negociador comunitario, comandado por Michel Barnier, para alcanzar un acuerdo que permita que la desconexión se haga de forma suave. Evitando un Brexit duro en el que la española, como ha advertido el regulador financiero en los últimos días, sería la economía más perjudicada del continente. “Barnier ha trasladado a los eurodiputados que las negociaciones podrían continuar hasta el miércoles, pero nada más”. El mensaje, difundido por corresponsales comunitarios, corrió como la pólvora. Las conversaciones no dan más de sí. La pesca, con la que Galicia se juega un negocio potencial de 250 millones de euros solo en primera venta, es uno de los tres asuntos espinosos que ha empujado a este proceso a un agónico final. “Tras haber escuchado esta mañana a Michel Barnier, las noticias son realmente muy pesimistas”, lamentó el ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney. La disposición de un marco de juego competencial con igualdad de condiciones (level playing field) y de un sistema de resolución de conflictos futuros componen la tríada de materias que pueden convertir al mercado comunitario en territorio hostil para las empresas gallegas.
Londres reaccionó al ultimátum de Barnier, filtrado convenientemente a nivel diplomático y mediático. A primera hora de la tarde de este lunes, la oficina del primer ministro difundió un “documento político” en el que aseguró estar “comprometido” con los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998, en relación a las relaciones comerciales con Irlanda del Norte. “El Gobierno del Reino Unido estaría dispuesto a eliminar la cláusula 44 de la Ley del Mercado Interior, relativa a las declaraciones de exportación. También a desactivar las cláusulas 45 y 47, relativas a las ayudas estatales, de modo que solo pudieran utilizarse cuando sean compatibles con los derechos y obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional”. El Gobierno de Boris Johnson ya había reconocido que estas cláusulas, que amenazarían con imponer de nuevo una frontera dura en suelo irlandés, violaba las leyes internacionales. Está por ver que este pronunciamiento tenga algún efecto durante las próximas horas.
En materia de pesca, la prensa británica advirtió de una nueva vuelta de tuerca planteada por Londres este domingo. Entre ellas, vetar el acceso a aguas británicas a buques de su propio pabellón nacional, pero participados mayoritariamente por capital extranjero, y con tripulación de otros estados. A día de hoy, a pesqueros vigueses con bandera de Reino Unido se les exige un “vínculo económico” con el país, relacionado con las descargas o personal a bordo. “Se planteó a última hora de la noche, ha generado muchos problemas”, admitió un alto diplomático de la UE al rotativo The Guardian. Flotas como la belga y la francesa han exigido mantener el acceso a aguas dentro de las 12 millas, preservando así lo que consideran un derecho histórico. Emmanuel Macron encara su objetivo de continuar en El Elíseo en poco más de año y medio, lo que también ha marcado el tono de su posición durante estas negociaciones.
Incluso el Gobierno de Malvinas (Falkland) se ha posicionado al lado de las pesqueras gallegas, que defienden un arancel cero para sus capturas: el 95% de lo que se pesca en sus aguas jurisdiccionales entra en Europa a través del puerto de Vigo. Como avanzó FARO, la administración de la isla dirigió un escrito urgente al propio Johnson, planteando incluso una reformulación relación de estos territorios de ultramar para lograr un acuerdo por su cuenta. Las armadoras gallegas se juegan una imposición de aranceles de entre el 6 y el 18%. En Malvinas y las aguas internacionales adyacentes faenan unos 40 arrastreros de gran altura de capital gallego, de los que 16 se dedican en exclusiva a la captura de calamar con permisos malvinos a través de empresas mixtas.
