El invierno demográfico es tan frío en Galicia y van tantos años ya con su alargada sombra sobre la sociedad y la economía que el enésimo incremento del gasto en pensiones en su caso no destaca demasiado en comparación con el resto del país, donde el envejecimiento empieza también a campar a sus anchas. Sucede lo mismo en Asturias y Castilla y León, los otros dos vértices del triángulo del declive demográfico. La partida de las prestaciones contributivas por jubilación, viudedad, invalidez, orfandad y a favor de familiares superó por primera vez en la comunidad los 9.000 millones de euros en 2019, un 4,7% más que el ejercicio anterior, según el balance de la Seguridad Social incluido en el borrador de sus próximos presupuestos. En el conjunto de España creció un 5,3%, hasta los 135.242 millones de euros. Además de Galicia y las otras dos regiones especialmente azotadas por el envejecimiento, en el grupo de las menores variaciones del gasto figuran Cataluña y Aragón, mientras que en Canarias se dispara un 8,5% y un 5,8% en Madrid y Baleares.
¿Cómo se reparte ese ascenso del 5,3% entre todas las variables que condicionan el desembolso de las pensiones? El 1,1% viene de los nuevos beneficiarios, un total de 9.801.016 a 31 de diciembre de 2019. La revalorización de las cuantías –el 3% para las mínimas y el 1,6% en el resto– impulsó el gasto un 1,8%. El 2,3% restante se debió, sobre todo, a la paga única por desviación del IPC.
La componente demográfica, “que evoluciona en función de las generaciones que van accediendo a cada prestación”, es, explica al Seguridad Social, “la más estable de todas” y en estos momentos nota los efectos del mayor número de jubilaciones a finales de 2013 y principios de 2013 “ante la entrada en vigor de la nueva normativa” que desde ese momento eleva de forma progresiva la edad legal para retirarse si no se cotizaron por lo menos 38 años y medio. El comportamiento en las de viudedad es más contenido y siguen adelante las jubilaciones anticipadas acogidas a la anterior ley de esta modalidad.
El organismo estima para este año una subida del gasto del 2,7% fruto de la revalorización del 0,9% y un 1,8% por las pagas de desviación. ¿Y por los nuevos pensionistas? “En 2020 se hace evidente el efecto COVID-19 que aumenta el número de bajas por fallecimiento y también han disminuido el número de altas en prácticamente todas las prestaciones”, indica. Para 2021 sí prevé un 1% más de beneficiarios, una revalorización otra vez del 0,9% y un 1,1% de incremento por las otras causas. Serían 4.172 millones de euros más, con lo que la nómina de las pensiones el año que viene rondará los 143.000 millones.
La Seguridad Social destinó a Galicia cerca de siete de cada cien euros del gasto en pensiones. Al igual que en el resto de autonomías, la enorme diferencia que hay en lo que cobran los nuevos jubilados frente a las prestaciones antiguas que se dan de baja –367 euros el pasado septiembre– alimenta el importe medio aquí. Se situó en 2019 en 863,02 euros. Aún así, Galicia sigue junto a Extremadura a la cola de España, con una cuantía general de 1.014,96 euros.
La presión del envejecimiento sobre el sistema se relajaría si los gastos y los ingresos estuviesen en equilibrio. “En el periodo comprendido entre 1991 y 1996, la relación afiliados/pensionistas fue descendiendo hasta alcanzar 2,06”, describe la Seguridad Social. Es decir, por cada beneficiario había dos ocupados en activo aportando a la caja común. Desde ese momento, la ratio fue creciendo apoyándose en la etapa de bonanza previa a la doble recesión. En 2007 se alcanzaron los 2,71, para caer de nuevo por culpa de la crisis al 2,26 en 2014. La recuperación del mercado laboral antes del golpe del coronavirus elevó el indicador a los 2,31 en 2019.
Los números cambian mucho en la fotografía de Galicia, donde el pasado año se cerró con 954.748 residentes en la comunidad en alta laboral y 670.552 pensionistas. La ratio se queda en únicamente el 1,4. No hay mucho margen para que las cosas mejoren mucho a corto y medio plazo porque el envejecimiento es también un fenómeno que afecta al mercado laboral.
El 35% de los cotizantes en la región están por encima de los 50 años. Hay 92.800 a las puertas del retiro porque superan los 60 años y otros 110.560 que lo harán a lo largo de la próxima década porque ahora mismo tienen más de 55. Los menores de 40 años, en cambio, representan el 32% y tan solo el 19,7% (188.600) aquellos incluidos entre los 16 y los 34 años.
El cierre provisional de la distribución de ingresos y gastos de la Seguridad Social por territorios esboza lo sucedido en 2019 con el famoso “agujero de las pensiones”. No da la dimensión exacta del desequilibrio –de hecho, el gasto en las pensiones gallegas es visiblemente más bajo que el que figura en el borrador de los presupuestos: 8.294 millones de euros–, pero sí es una primera aproximación importante porque incluye la aportación de las mutuas. Con esos matices, las cotizaciones sociales en la comunidad dieron para cubrir el 75,4% de las pensiones. El déficit superó los 2.000 millones de euros. Los peores datos están en Ourense y Lugo, donde la recaudación por la vía de los trabajadores apenas sobrepasa el 60% de lo que se va en prestaciones. El porcentaje cae al 70% en Cantabria y al 51,9% en Asturias.
El “agujero” es realmente mayor porque la Seguridad Social paga además otras prestaciones, como las bajas laborales o por maternidad. En 2019 en Galicia fueron 654 millones de euros.
