La última carga en los hornos de Meirama fue casi como buscar una aguja en un pajar. Quedaban ya tan pocas reservas de hulla bituminada en los ocho depósitos de consumo diario y los dos gigantescos almacenes –uno, dentro del recinto de la térmica, con capacidad para 200.000 toneladas, y el otro, un parque cubierto en el exterior, de 260.000–, que a la central le sobró una semana para cumplir la orden de cierre definitivo. El 30 de junio expiró el plazo marcado en el plan de adaptación a la nueva directiva comunitaria de emisiones en instalaciones industriales. Sin las obras para reducir el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, Naturgy no podía seguir quemando carbón. Y su presidente dio alguna pista sobre dos años antes. “No haremos ninguna inversión que no se pueda recuperar”, avisó, amparándose en el encarecimiento de la materia prima y la disparada cotización de los derechos de dióxido de carbono (CO2). La compañía confirmó el secreto a voces de la clausura de la factoría pocos meses después, el miércoles 16 de enero de 2019, dado el “nuevo contexto regulatorio medioambientalmente más exigente” y la apuesta europea y española “para la descarbonización del sistema”. Además de una de las chimeneas de la comunidad, también ese día empezó a apagarse la dinastía de los combustibles fósiles en el reinado energético de Galicia.
Con más de dos millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, el fin de la térmica de Meirama es indispensable para cumplir la reducción del 20% de las emisiones en 2030 fijada en la Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía aprobada por la administración gallega un mes después de conocerse los planes de Naturgy. Aún así, la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación insiste en hablar de “un cierre abrupto permitido por el Gobierno”. “No lo compartimos”, asegura el departamento dirigido por Francisco Conde. “Supone un ejemplo de transición energética desordenada del que debemos alejarnos –añade–. La Xunta está a favor de la descarbonización de Galicia, pero debe hacerse en términos que den certeza y estabilidad al futuro de esta comarca, tanto a nivel de actividad económica como de puestos de trabajo”.
Las quejas son calcadas a las que San Caetano dio por la decisión de Endesa de hacer lo mismo en As Pontes con la mayor térmica de España. En este caso, la presión de la Xunta, los concellos de la zona y los trabajadores –53 directos y unos cuantos cientos más ligados a auxiliares y transporte– sí dieron fruto y desencadenaron una situación realmente chocante. La planta está ahora mismo en pruebas para reorientarla a la quema de biocombustibles y, a la vez, no hay rastro de ella en la actualización del plan estratégico presentada por Endesa esta misma semana para encauzar los 7.900 millones de sus inversiones hasta 2023. La naturaleza energética, mientras, sigue su curso.
Galicia importó entre enero y septiembre hulla y lignito por valor de solo 3,9 millones de euros, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio, un 96% menos que en todo el año pasado (107 millones). En 2017 y 2018 rondaron los 300 millones de euros. La balanza comercial refleja la vertiginosa transformación del mix eléctrico de la comunidad en los últimos años, a partir del declive del carbón en el primer trimestre de 2019 y la resurrección de las fuentes renovables tras el largo periodo de sequía por la eliminación de las primas. Con la puesta en marcha de casi 500 nuevos megawatios (MW) de eólica y el buen comportamiento de las hidroeléctricas, las fuentes de energía verde generaron el equivalente al 115% del consumo. Aunque la demanda, que cayó un 7% por la pandemia, se hubiera mantenido en los mismos niveles del ejercicio precedente, Galicia la hubiera cubierto al completo con tecnologías sin emisiones.
“La transición energética es una realidad desde el mismo momento en el que nos encontramos con los anuncios de los cierres de nuestras térmicas”, señala Manel Pazo. El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) recuerda los 700 millones reservados en los fondos europeos para las zonas afectadas por la descarbonización en España. “Suponemos –continúa– que habrá propuestas por entidades locales y las empresas que están establecidas en ellas”. El viento está en la región prácticamente en un empate técnico con los embalses en su aportación al sistema eléctrico e, incluso, ha habido meses en los que lideró la producción. Los promotores defienden la puesta en marcha de 2.500 MW en los próximos cinco años, a un ritmo anual de entre 400 y 500, “con el objeto de que nuestras empresas puedan adjudicar una construcción constante para las empresas auxiliares y planificar y adquirir los medios necesarios para su cumplimiento. “Sin duda, la eólica es la prioritaria por tecnología y planificación energética europea en la transición. Es una realidad incontestable –destaca–. Las bases están puestas y confiamos en un marco legal estable para su desarrollo”.
En Galicia funcionan en este momento 3.827 MW en parques eólicos. Hay otros 7.500 que cuentan con autorización para conectarse a la red y 2.500 más en tramitación del permiso. Ninguna otra autonomía concentra tantos proyectos. Ni el sector esconde que existe una burbuja con los derechos de conexión alimentada por la fiebre renovable y que una parte de esos parques no verán la luz por falta de rentabilidad en el emplazamiento elegido, la excesiva distancia para enchufarse a la red o, directamente, su impacto medioambiental.
“Todos los proyectos eólicos que se autoricen a futuro cumplirán los requisitos exigidos en la actualidad y deberán ser compatible con el resto de actividades económicas”, zanja la Consellería de Economía, tajante respecto a la prohibición de localizarse “por ejemplo, en el Rede Natura desde 2014”. El equipo liderado por Conde asegura que su compromiso “con las energías renovables, y con la eólica en particular, es absoluto” porque abren el camino “a una transición justa y ordenada”. Comparte la idea de desarrollar “450 MW al año hasta 2030” en la comunidad y para eso reclama al Ejecutivo central la celebración “cuanto antes” de las nuevas subastas de renovables, prevista la próxima para fin de año. “Las últimas son de 2017 –remarca– por el Gobierno de Mariano Rajoy”.
Al calor de los fondos europeos para la recuperación tras la crisis del coronavirus, el Next Generation EU, la Xunta habla con especial insistencia en las últimas semanas de una cuota de 1.000 MW de renovables, básicamente eólica, hasta el punto de presentar su desarrollo como un proyecto tractor más entre sus 108 candidatos a captar financiación. Se destinarían a cubrir el consumo energético de las tres joyas de la corona del plan: una planta de hidrógeno verde, otra de fibra textil de viscosa y un complejo de economía circular para la revalorización de purines que implicaría la implantación de un centro de biogás y una fábrica de fertilizantes. “El polo de transformación de Galicia”, describe la consellería.
El autoabastecimiento es, según la Xunta, parte de “la filosofía” de la transición energética y por eso la ley de reactivación que acaba de presentar para agilizar los trámites administrativos “prestará especial atención al desarrollo de proyectos de energías renovables, y por lo tanto la eólica, vinculados con iniciativas empresariales que se cataloguen como estratégicas para Galicia”.
¿Cómo se articulará esa unión? El gobierno regional no desvela si será a través de contratos de compraventa a largo plazo de energía, los PPA por sus siglas en inglés (Power Purchase Agreement), pero EGA sí cree que va en esa línea. “Existirán nuevos contratos directos con las empresas”, apunta Pazo.
Que Galicia haya sido pionera en la implantación de los primeros parques eólicos en España allá por los años 90 ha permitido desarrollar un “músculo de conocimiento y experiencia y, por supuesto, ingenieros y técnicos muy cualificados”, apunta Oriol Sarmiento, decano del Decano Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. La implantación de nueva potencia “crea una gran oportunidad para la fabricación de componentes en plantas competitivas y digitalizadas en Galicia, genera empleo y riqueza industrial”. La eólica roza ya el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico y de él dependen 7.000 empleos.
“Esto es extensible para otras energías como la biomasa, la geotermia o la hidráulica porque hay recurso y conocimiento –señala el también gerente del Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal)–. Incluso en fotovoltaica, con menos recurso que en otras comunidades, se han creado empresas que son líderes a nivel nacional en instalaciones de autoconsumo, y hay compañías y proyectos interesantes relacionados con vehículos y movilidad eléctrica, que es uno de los ejes más importantes de esta transición”.
Lo es. Y mucho más de lo que parece por el egundo plano que, la electrificación de la economía en general y la de la movilidad en particular, ocupan en el debate público y en la hoja de ruta de Galicia para cambiar el modelo energético. ¿Por qué? Porque el transporte en este instante contamina más que el carbón.
“Ante un problema tan grave coma o cambio climático debemos dispoñer da máxima información posible tanto para guiar as políticas correctoras como para comunicar a unha cidadanía cada vez máis concienciada quen son os responsables das emisións”, apela Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidade de Vigo y director de Economics for Energy. ¿Hay margen para hacer política autonómica y local en una actividad como el transporte? Sí, según Labandeira. “Ademais de promover zonas de acceso restrinxido para los os vehículos, os concellos contan con instrumentos de planificación urbanística, regulan habitualmente o transporte público e teñen impostos sobre o sector –recuerda–. A Xunta ten también unha abundante capacidade de intervención neste campo, desde o desenvolvemento e xestión de infraestruturas, plans programas de substitución de frotas, etc.”.
La comunidad emitió en 2018 más de cerca de 30 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, tras una ligera reducción del 1,7% respecto al año anterior, como recoge el último balance del Ministerio para la Transición Ecológica. Los últimos datos de la Xunta detallados por sectores se remontan a... 2016. Un tercio de los gases procedieron de las centrales térmicas y algo más de un 20% del transporte. Los turismos concentran el 13%, un enormísimo problema que el gobierno regional admite en la Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía, donde señala la influencia de elementos estructurales que es imposible cambiar –como la dispersión del territorio– y de “la dieselización” del parque de automoción, uno de los más antiguos además de España. Prácticamente tres de cada diez coches se matricularon antes de 2001.
La decisión del Gobierno central de dar marcha atrás en la equiparación de los impuestos de gasolina y gasóleo para llegar a un acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado con el PNV derriba la oportunidad de acabar con “el absurdo”, señala Xavier Labandeira, “de que un produto coma o diésel, cuxo consumo xera máis emisións contaminantes, incluidas as de CO2, teña unha fiscalidade moi inferior á da gasolina”. “A marxe de manobra é amplísima e poderiamos obter por esta vía moitos recursos tributarios para o sector público español e galego”, subraya, pensando también en “reservar unha parte da recadación para compensar directamente as familias de menor capacidade económica afectadas por esta subida”.
De ahí que el catedrático vigués especialista en fiscalidad energética critique que las ayudas para renovar el coche “beneficien a aqueles que teñen máis capacidade económica” por no discriminar los destinatarios. “Sorprende que eses políticos que se mostran tan preocupados polos efectos distributivos da subida do diésel non reclamen por isto”, incide Labandeira, que limita el impacto sobre la competitividad empresarial “porque nos atopamos a moita diferencia fiscal dos nosos principais socios comerciais”, además de la bonificaciones existentes para ciertos sectores.
Como gran consumidora por esa “dieselización” del parque móvil y también sede de una gran productora de carburantes como Repsol, el 44,6% de toda la energía disponible en Galicia son productos petrolíferos y un 15,3% combustibles convencionales de uso térmico, según el Instituto Enerxético de Galicia (Inega). La cuota de la electricidad supera levemente el 28% a pesar de que es el vector energético que más renovables integra. “Se hable o no, la electrificación es un camino que no tiene marcha atrás y cuanto antes se asuma podremos aprovecharnos mejor porque la integración de las renovables implica también invertir en conocimiento y potenciar nuestros centros tecnológicos”, afirma Oriol Sarmiento, que pone de ejemplo la necesidad de “aprovechar la experiencia de la automoción de Galicia para crear cadena de valor”.
Hoy por hoy, el coche eléctrico es una de las pocas baterías que hay en el mercado. Como la de un teléfono, pero más grande. Igual que los electrodomésticos inteligentes que consumen en los momentos de baja demanda. Lo más parecido a una pila gigante son las centrales de bombeo: hidráulicas que aprovechan la electricidad sobrante en el sistema para recargar su balsa con agua y prepararse para cuando el sistema necesita energía porque la demanda aumenta o cae la generación porque el viento para.
Iberdrola tiene para Galicia un proyecto así. Como adelantó FARO, la compañía tramita en Transición Ecológica la reforma de su central de Vilariño de Couso para dotarla con una turbinación reversible de 900 MW, convirtiéndola en uno de los almacenes eléctricos más grandes de Europa. “La Xunta evaluará cualquiera iniciativa en el ámbito del bombeo hidráulico que se presente”, responde la Consellería de Economía a la pregunta de si es partidaria de incentivar el bombeo y si esta central está entre los proyectos tractores para el Next Generation EU.
