Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Barreras pide fondos públicos por más de 30 millones, que devolvería en siete años

El astillero deberá detallar en qué le ha afectado el COVID, un plan de inversiones y otro de contratación | El Estado podrá vetar los despidos | El buque, con menos de 500 operarios

Entrada al astillero Barreras

Entrada al astillero Barreras R. Grobas

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es un mecanismo extraordinario que aprobó el Gobierno para blindar la continuidad de sociedades “de importancia sistémica para el tejido productivo nacional o regional [...] por su sensible impacto social y económico”. Para impedir que un factor súbito e imprevisto, como ha sido la pandemia del COVID, provoque su “cese de actividad”. Es un instrumento análogo al fondo de estabilización alemán (Wirtschaftsstabilisierungsfonds), que ha evitado de momento la suspensión de pagos de Lufthansa, FTI Touristik, el grupo TUI o los astilleros German Naval Yards Kiel y MV Werften. Y es la vía por la que ha optado también Hijos de J. Barreras para obtener una inyección de capital que sostenga su continuidad y facilite la consecución del proyecto 1705, el minicrucero de lujo Evrima. La atarazana viguesa, propiedad de la armadora de su único pedido en ejecución (Cruise Yacht Upper Holdco, que utiliza The Ritz-Carlton Yacht Collection como marca comercial), ya ha elevado esta solicitud a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como avanzó ayer FARO en exclusiva, además de a otros organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la semipública Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Sobre la mesa, una aportación superior a los 30 millones de euros.

La aportación del fondo de solvencia tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros

El fondo español fue analizado al milímetro por la Comisión Europea, que lo aprobó el 31 de julio. El documento de la resolución, firmado por el secretario general de la Comisión de Competencia, Jordi Ayet, expone no solo los requisitos de acceso para las empresas, sino también los de devolución. La ayuda no es a fondo perdido, hay que restituirla. Si Barreras quiere optar con garantías a este mecanismo, deberá aportar “evidencias de que no existen otras fuentes de financiación, ya sean bancarias o de los mercados financieros”, o que éstas comportan unos costes que la harían “inviable”. Este periódico se puso ayer en contacto con la propiedad del astillero y del crucero Evrima, que no quisieron hacer declaraciones sobre estas negociaciones. De acuerdo a la normativa que regula este sistema, la inyección de fondos se realiza preferentemente por los llamados instrumentos híbridos, como deuda convertible o subordinada. Los mismos que utilizó Berlín con MV Werften, en este caso para concluir el crucero Crystal Endeavor. “Los instrumentos híbridos de capital tendrán un periodo máximo de amortización de siete años”, fija la normativa; si la devolución de los fondos públicos ha de superar ese umbral, España deberá contar con el visto bueno de Bruselas.

MV WERFTEN

Un caso similar en Stralsund. El 20 de octubre el astillero MV Werften firmó la “carta de compromiso” que desbloqueó una inyección de 193 millones de euros del fondo de estabilización económica alemán, análogo al mecanismo español de solvencia. De esa partida, más de 110 millones se destinarán a la consecución del crucero Crystal Endeavor, y el dinero restante tendrá que sostener la actividad de la empesa hasta marzo. En paralelo, el Gobierno germano ha exigido que Genting Group, propietario del astillero, sufrague los costes de diseño de los cruceros clase universal (universalklasse, para hasta 2.000 pasajeros).

“Están buscando soluciones, sí”, apuntaron fuentes del pool bancario, que tienen una prenda sobre la cuenta bancaria que ingresará el rendimiento del tax lease aplicado sobre el crucero. Fuentes de la SEPI eludieron pronunciarse sobre estos contactos. Será su consejo rector el que, si finalmente Barreras formaliza su petición, decidirá si cumple o no los requisitos validados por la Comisión de Competencia. Está compuesto por cinco integrantes: el máximo representante de la propia SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. El soporte público final tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Velarán porque “el importe de la ayuda pública temporal no superará el mínimo necesario para restablecer la viabilidad” de la empresa, y no conllevará “un incremento del capital por encima” del registrado a cierre de 2019. Barreras tiene pendiente la publicación de sus últimas cuentas anuales, cuyo plazo de aprobación fue retrasado por el Gobierno como consecuencia del COVID.

Requisitos

Tanto el fondo español, el alemán o el finlandés –Helsinki aportará 600 millones de euros en ayudas a compañías marítimas, a través del Finnish guarantee scheme to support maritime companies– están enfocados hacia la correcta utilización de los fondos públicos. Pero asequibles. El tipo de interés partirá, para el caso hipotético de Barreras, desde los 275 puntos básicos el primer año, y 725 puntos en el séptimo. “El Estado gozará de poder de veto en decisiones estratégicas”, limitadas en todo caso al objetivo de facilitar la viabilidad de la beneficiaria. La administración podrá asimismo vetar el despido de trabajadores. En caso de que los fondos se canjeasen por acciones, tendría vía libre para el traspaso de su participación a un tercero a través de un proceso de libre concurrencia; los propietarios actuales podrían optar a recomprar estos títulos, si el consejo rector de la SEPI lo considerase conveniente.

Acceder a parte de los 10.000 millones de los que está dotado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, como lo harán Globalia o Naviera Armas, exige la entrega de copiosa documentación. En primera instancia, Barreras debería explicar en qué medida le ha afectado la pandemia, tanto en su estrategia como en sus proyecciones de negocio. La propiedad del astillero también es la armadora del Evrima –y dueña del barco, aún sin terminar–, y sus flujos de efectivo (el dinero que genera su actividad normal) están condicionados a la venta de billetes. Asimismo, como recogió ayer FARO, tendrá que entregar un plan de inversiones, un plan financiero y de viabilidad, además de proyecciones de contratación. La dirección del astillero aseguró esta semana a la plantilla que las negociaciones para la venta de los cascos del malogrado proyecto Havila están muy avanzadas. “Se están estudiando aspectos técnicos y legales. Sería la mejor solución”. El presidente ejecutivo de la compañía, Douglas Prothero, pretende arrancar en febrero la construcción de un hermano del Evrima, como ha explicado a proveedoras y auxiliares. La liberación de espacio en las gradas es un aspecto fundamental para llevarlo a cabo. Ayer, el buque no alcanzó el medio millar de efectivos a bordo.

Auxiliares y sindicatos valoran la entrada del Estado como “solución” a los impagos

“Es una operación razonable. Cualquier solución en esa línea es positiva, siempre que esas aportaciones se destinen a paliar la precaria situación en la que se encuentran las empresas auxiliares, que están soportando una deuda ingente que, de no liquidarse en un breve plazo, abocará a la desaparición” de varias de ellas. Es la primera reacción de la industria auxiliar a las negociaciones de Barreras con el Estado, que ayer desveló FARO. La sociedad Uninaval, que agrupa a buena parte de estas proveedoras, recuerda que otros países también han echado mano de mecanismos de soporte financiero para asistir a astilleros. MV Werften, Royal IHC, Damen, German Naval Yards Kiel, Royal Huisman o Thecla son algunos de ellos, como también publicó este periódico. Según Uninaval, las auxiliares suman deudas por más de 20 millones de euros, entre los impagos del Evrima y los de los proyectos de Havila y Armas. Para los sindicatos la entrada de fondos públicos en la atarazana, a través de la SEPI, aporta “tranquilidad”, pero debe ir acompañada de “compromisos”. “Debemos aprovechar todas las palancas que podamos para fortalecer el sector, teniendo en cuenta que lo han hecho también otros países”, apunta el responsable de Industria de UGT-Vigo, Rubén Pérez. “Puede ser una oportunidad para apuntalar un proyecto de garantías a medio y largo plazo”. Para su homólogo en CC OO Vigo, Celso Carnero, la intervención del Gobierno es positiva “para apuntalar nuestra industria en momentos complicados”. Recuerda además la necesidad de que el Estado pase a ejercer una tarea de “tutela”, para velar por el correcto uso de fondos públicos. “Más que hablar de ayudas hay que hablar de compromisos, con implicación directa de las administraciones en la empresa, y asegurar la viabilidad de la industria auxiliar”, enfatiza César Rodríguez, de la CIG. “Queremos saber qué proyecto hay detrás”.

Compartir el artículo

stats