Representantes del sector de automoción han reclamado al Gobierno central que modifique su planteamiento sobre el Impuesto de Matriculación, ante la entrada en vigor de la normativa de emisiones WLTP, porque puede ser “un mazazo” y llevar a una caída de la demanda que han cifrado en 100.000 unidades, con el consiguiente “impacto en la economía y el empleo”.

Esta reflexiones se ha realizado en la VI jornada profesional Deia Automobile de Bilbao, en la que han participado, de manera telemática, el presidente de BMW Group Ibérica, Manuel Terroba, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), Marta Blázquez, el director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Divar, y el director general de Skoda, Fidel Jiménez de Parga, entre otros.

En el encuentro analizaron las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones WLTP a partir del 1 de enero, si no se modifican los tramos del impuesto de matriculación, ya que puede conllevar a un aumento de la presión fiscal en este tributo.

El director general de Skoda, Fidel Jiménez de Parga, ha advertido de que, si no se modifican los planes del Gobierno, ello puede llevar a una caída de la demanda que ha cifrado en 100.000 unidades en 2021 y ha advertido del impacto que puede tener en el empleo.

Según indicó, los coches el 1 de enero van a emitir el mismo nivel de emisiones que el 31 de diciembre, pero “se va a medir de forma diferente” y advirtió de que las marcas “ni pueden ni van a asumir un incremento de coste impositivo del 4,75% sobre el 50% del mercado”.

Fidel Jiménez de Parga añadió que dejar de vender 100.000 unidades puede suponer 500 millones de facturación menos de impuestos, de manera que el Gobierno se puede estar “disparando un tiro en el propio pie” porque deja de recaudar impuestos.

A su juicio, la solución es “muy fácil” y “no va de cambiar la regla de WLPT”, sino de implantar esa regla como han hecho otros países como Francia o Portugal “moviendo la curva y manteniendo el mismo nivel de carga impositiva”, lo que provocará un “impacto positivo” en la demanda, en la recaudación de impuestos, en el empleo y el medio ambiente, apuntan desde el sector.