El pasado junio, en paralelo a la reapertura de los concesionarios tras el cerrojazo del Covid-19, el Gobierno lanzó un programa de 3.750 millones de euros para una “recuperación rápida y duradera” del automóvil en España. La parte más visible de aquel Plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción fue el despliegue de ayudas a la compra de vehículos, incluidos los de combustión, con un presupuesto de 250 millones. Calculó entonces que se reemplazarían unos 300.000 vehículos en todo el país, y en torno a 15.000 en Galicia. El reparto de incentivos no ha funcionado: a cierre de esta edición quedaban 184,008 millones disponibles en ayudas a la compra de turismos, otros 27,79 para furgonetas ligeras y más de 13 para autobuses y camiones. Los rebrotes, las nuevas medidas de restricción y la incertidumbre económica han dejado a la industria casi en barbecho, y expuesta a un disruptivo proceso de transformación y electrificación que no se va a detener por la pandemia. De los 140.000 millones de fondos europeos asignados a España, el Ejecutivo pretende movilizar hasta 14.000 para blindar la continuidad de un sector que representa el 11% del PIB nacional, y la correcta transición hacia el coche y la movilidad del futuro.

“Nuestra prioridad es desarrollar un ecosistema de movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada que refuerce la competitividad de la industria automovilística española”, expuso la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el segundo encuentro de la Mesa de la Automoción. Asistieron –de forma telemática– representantes del sector, sindicatos y los responsables autonómicos de Industria, entre ellos el vicepresidente económico gallego Francisco Conde. Al igual que ha hecho la Xunta, la estrategia del Gobierno pasa por la elaboración de proyectos tractores, capaces de absorber fondos del mecanismo Next Generation hasta 2023, aunque no detalló qué criterios se van a seguir para determinar qué iniciativas irán finalmente a Bruselas y cuáles no.

Maroto se refirió a tres de estos proyectos. El primero es un “plan de choque de movilidad sostenible”, que incluye el establecimiento de zonas llamadas “de bajas emisiones” y un despliegue masivo de puntos de carga para coches eléctricos. Aspira a amarrar 6.000 millones de euros; ese efecto tractor pretende recaer “sobre la industria de los bienes de equipo, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la modernización del parque público con vehículos limpios”. Ya el anterior plan de rescate de la automoción habilitaba a los ayuntamientos a utilizar remanentes para la compra de coches cero emisiones. La Hoja de Ruta del hidrógeno renovable movilizará, estima Industria, otros 1.500 millones. En Galicia, Naturgy es una de las compañías –junto con Reganosa– que analiza la apertura de una planta de “hidrógeno verde”. La modernización de las fábricas –digitalización, conectividad al 5G o eficiencia energética– centrará el tercer proyecto tractor, con más de 1.200 millones de dotación presupuestaria.

El camino a esa transformación, aunque ya iniciado, se presume más que complejo como consecuencia de la pandemia. Por más que el grueso de los países de la UE hayan desplegado ingentes recursos para la matriculación de coches, las ventas solo mejoraron en septiembre (respecto a los valores de 2019). Alemania acaba de validar una ayuda extra de 5.000 millones de euros para el sector. “La industria está experimentando un cambio estructural a largo plazo, que plantea grandes desafíos”, justificó el portavoz del Ejecutivo de Angela Merkel, Steffen Seibert. Su programa incluye apoyos a proveedores de componentes para la renovación de sus líneas de producción, y subsidios directos para el achatarramiento de camiones. En Italia la patronal ha solicitado mantener los estímulos “tanto para afrontar los meses de pandemia que aún vivimos como para apoyar y acelerar la renovación del parque”, clamó la pasada semana el presidente de Anfia, Paolo Scudieri. Expertos galos en el sector –como el analista Max Blanchet– han defendido un plan de inversión multidisciplinar de 50.000 millones más.

Tras el encuentro con Maroto, Conde exigió al Gobierno que actualice los tramos fiscales del impuesto de matriculación para evitar un encarecimiento de unos 1.000 euros por coche a partir de enero. Como publicó FARO, la entrada en vigor de la normativa WLTP –más estricta en materia de emisiones– elevará el precio de los vehículos en torno a un 5%, ya que la mayoría se verán obligados a pagar este impuesto, al contrario de lo que sucede en la actualidad.