El Gobierno prevé invertir en Cataluña un total de 2.199,3 millones de euros y en Andalucía 2.146,16 millones de euros, convirtiéndolas así en las comunidades autónomas que más dinero recibirán por parte del Estado en 2021, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por el contrario, a la Comunidad de Madrid le inyectará 1.250,28 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 66% menos respecto a la inversión en Cataluña y Andalucía.
En estos 2.199,3 millones de euros que el Gobierno tiene previsto invertir en Cataluña para el 2021, están incluidos los 200 millones que el Ejecutivo tiene que abonar a la Generalitat catalana en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.
Según este escrito de las cuentas públicas, presentadasayeren el Congreso por la ministra portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, la cuarta región en la que el Estado hará una mayor inversión será la Comunidad Valenciana (1.164,52 millones de euros), seguida de Castilla y León (847,43 millones).
Las siguientes comunidades autónomas que se encuentran en la lista son Galicia (832,24 millones); Murcia (625,55 millones); País Vasco (512,46 millones) y Aragón (504,28 millones).
Andalucía, en cabeza
Tomando en consideración exclusivamente las cifras de la inversión territorializada del Estado (sin añadir el cumplimiento de la sentencia), Andalucía, como en los presupuestos anteriores, es la que se lleva la mayor cuota, con el 17,7% y un total de 2.146,16 millones de euros, con un incremento del 45% con respecto al Presupuesto anterior. En las cuentas del 2018 suponía el 14,6%.
La cuota de Madrid, sin embargo, bajará desde el 12,3% (1.247,31millones) al 10,3% en el ejercicio del año que viene (1.250,28 millones). Valencia, por su parte, eleva su participación en la inversión estatal regionalizable al 7,3% del total, con 740,36 millones, frente al 5,2% heredado de los Presupuestos prorrogados del 2018.
Como novedad, en el 2021, las comunidades autónomas también tendrán derecho a importantes partidas de inversión financiadas con parte de los 27.000 millones de euros en fondos europeos para la recuperación. Los ministerios de Transición Energética y de Transportes han realizado una preasignación, por comunidades autónomas, de los 5.373 millones de fondos europeos que destinarán a determinadas políticas medioambientales (3.723) y de vivienda (1.650 millones). De nuevo aquí, las mayores cantidades corresponden a Andalucía (702 millones) y Cataluña (596 millones).
“Las comunidades autónomas van a recibir en el 2021 la mayor financiación de su historia”, expuso Montero. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, las autonomías recibirán en el 2021 transferencias por un valor total de 146.008 millones de euros. En esta cantidad se incluyen los 113.729 millones provenientes del sistema de financiación autonómica, así como 18.793 millones de fondos europeos (Mecanismo de Recuperación y React EU, para gasto sanitario).
También hay que sumar la transferencia extraordinaria de 13.486 millones del Estado hacia las autonomías para compensar las pérdidas de ingresos derivadas de las crisis económica, así como del mayor gasto en sanidad y educación.
Fondo público de pensiones
Durante la presentación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, la ministra Montero comentó nuevos detalles de medidas incorporadas en el proyecto de ley. Así, en su disposición adicional cuadragésima se establece el compromiso del Gobierno de poner en marcha en el plazo máximo de un año un fondo de pensiones público de empleo, auspiciado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá.
Este ministerio será el responsable de escoger mediante un concurso abierto la gestora que deberá administrar este fondo complementario de pensiones de empleo que pretende abrirse a autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Hacienda negociará con el PNV sobre el diésel
El mismo día en que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados su proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021, el Ejecutivo ya se abrió ayer a posibles modificaciones en una de las medidas más polémicas que incluye: la subida de 3,8 céntimos por litro en el impuesto especial sobre el diésel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió ayer al PNV como “socio preferente” del Gobierno en la negociación de los Presupuestos. “Llegaremos a un acuerdo con el PNV”, añadió y se mostró dispuesta a negociar cualquier aspecto relativo a las Cuentas del Estado, incluido el rechazo que en este grupo parlamentario suscita la mayor tributación del gasóleo para vehículos no profesionales.
