El Puerto obró conforme a ley al proceder al rescate de la concesión de Factorías Vulcano una vez que el astillero vigués entró en liquidación y el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra que lleva el caso y defiende la venta de las instalaciones navales con la concesión “invade” las competencias de la Autoridad Portuaria. Así de rotundo se ha manifestado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en un oficio de inhibición dirigido al juez, al que le pide que no prosiga en el conocimiento de la causa por no ser de su competencia, haciendo suya la argumentación defendida desde el principio por el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, y el abogado del Estado, con la oposición del magistrado, la administración concursal, los sindicatos, la industria del naval e incluso la Xunta.
Ante ese oficio de inhibición, que rescata textos de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, al igual que el dictamen del Consejo de Estado que ya dio la razón a López Veiga –como adelantó FARO–, el juez puede aceptarlo o rechazarlo y pedir que un tribunal de competencias resuelva quién tiene la razón: el Puerto o el juez, la administración concursal y los agentes sociales. El oficio, eso sí, no deja lugar a dudas: “La continuación por ese juzgado de las actuaciones dirigidas a enajenar la concesión, ignorando el aludido procedimiento administrativo [el rescate de la concesión por parte del Puerto vigués para sacar los terrenos de nuevo a concurso], supone una invasión de las competencias de la Autoridad Portuaria de Vigo”.
Nueva vuelta de tuerca
El escrito que firma Losada supone una nueva vuelta de tuerca en la compleja historia de un astillero emblemático, por el que se ha interesado una sola sociedad en la ronda abierta por el juzgado, Marina Meridional, que llegó a depositar 3,5 millones para la compra de las instalaciones con la intención de que el Fogasa y el ICO subrogasen las deudas, ante lo que el Fondo de Garantía Salarial ya dijo que no. El precio de la unidad productiva de Factorías Vulcano fue fijado en 7,852 millones de euros por la administración concursal (ejercida por Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador). En su última propuesta, José Alberto Barreras, presidente de Marina Meridional, puso sobre la mesa 3.499.209 euros. En paralelo, planteó la subrogación de las deudas de la compañía con el ICO (2,5 millones de euros) y el propio Fogasa (1,738 millones).
En cuanto al Puerto, la mayoría de consejeros ya manifestó a López Veiga que no estaban dispuestos a que las instalaciones de Teis perdiesen la actividad de construcción y reparación naval, pese a que tanto el Consejo de Estado como ahora la propia Administración central defienden todos los pasos dados para rescatar la concesión.
