Cuando se cumplen seis meses del fin de los primeros ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) de la pandemia y vence por tanto el periodo en que las empresas tienen la obligación de mantener el empleo, los graduados sociales gallegos descartan una sangría laboral. “Lo que tenemos en Galicia es un minifundio empresarial con empresas de dos o tres trabajadores y por eso no esperamos muchos despidos, porque la empresa pequeña aunque se desangre y no tenga a donde agarrarse va a aguantar hasta el último momento aunque sea a costa de sacrificio personal, social y familiar”, expone Alejandro Pérez Otero, vicepresidente primero del Colegio del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense.

Según estos profesionales especializados en asesorar a los empresarios a nivel jurídico y económico en materia sociolaboral, la gran mayoría de las compañías gallegas afectadas por las restricciones para prevenir la propagación del Covid-19 optarán por ampliar los expedientes de suspensión de empleo –la última prórroga pactada por Gobierno y agentes sociales abarca hasta el 31 de enero de 2021– y descartan así cierres o despidos en lo que queda de año.

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha alertado de que entre 200.000 y 300.000 trabajadores como mínimo podrían quedarse en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año al decaer el compromiso de empleo de seis meses. Sin una previsión específica para cada comunidad autónoma, Pérez Otero estima que el nivel de destrucción de empleo en Galicia será mas bajo que en el conjunto del país, a pesar de que la situación ya es dramática para muchas empresas. “Da miedo”, admite el experto respecto a la complicada campaña de Navidad y la duración del estado de alarma hasta la próxima primavera. “Vemos empresas que están llorando y deseando que pase el calendario lo más rápido posible porque no tienen donde soportarse este tiempo”, relata en relación a sectores especialmente castigados como el ocio nocturno, el turismo y gran parte de la hostelería y del comercio.

La estructura empresarial gallega tantas veces señalada como un lastre por su bajo peso –el 91% de las firmas no pasa de los cinco trabajadores– comporta ahora un plus de resistencia ante un crisis que se alarga más de lo esperado y que genera problemas de liquidez para la mayoría.