Pablo tiene un negocio de hostelería en Vigo. La propagación de la pandemia, primero, y los rebrotes, después, han reducido sus ingresos a la mínima expresión. No ha vuelto a servir copas por la noche desde marzo y lidia ahora con el miedo –el de la clientela, que “no pasa” al interior de su local– y las restricciones de aforo. “Me he endeudado muchísimo con un ICO para adaptarme a las normas y mantener la sociedad activa. Se me generaron unas expectativas de recuperación a medio plazo que no se han cumplido”. Pablo –es un nombre ficticio, no quiere que trascienda la identidad de su negocio– está pagando de momento algo más de sesenta euros mensuales por los intereses del préstamo del Instituto Nacional de Crédito (ICO); en menos de un año tendrá que empezar a devolverlo, con un coste mensual de casi 1.000. Con otro estado de alarma en vigor –hasta la próxima primavera, como pretende Moncloa–, no cree que pueda afrontar esa nueva hipoteca. Como Pablo hay 32.694 personas más en Galicia. Sus nombres están detrás de micropymes, pymes y autónomos que han recurrido a la línea de 100.000 millones de liquidez ICO para soportar una pandemia que se resiste a marcharse. En toda España hay más de medio millón de empresas con este tipo de préstamos.
Hasta el 30 de septiembre, según datos oficiales, se habían suscrito más de 49.000 operaciones en la comunidad, con una financiación desplegada de 4.929,3 millones de euros. Solo en la provincia de Pontevedra la banca canalizó casi 1.800 millones de euros, y muchas pymes suscribieron más de una línea de liquidez (17.590 operaciones para 11.518 sociedades mercantiles). “Yo podía haber optado por cerrar mi empresa”, dice Pablo en referencia al mes de marzo, cuando los efectos del Covid-19 hicieron saltar todo por los aires. De haber sido así, más de una decena de personas habrían perdido el empleo; el dueño del bajo comercial que ocupa, su único sustento. Cree este empresario, como muchos otros, que las administraciones se han “ensañado” con negocios como el suyo. “Ahora parece que es todo culpa de la hostelería. Cumplimos las normas, hemos hecho reformas, tenemos restricciones, pero pagamos el 100% de impuestos. Es mejor demonizar a un sector que asumir errores”, condena.
“No se puede ser cortoplacistas; puede hacerse, hay que salvar el mayor número posible de empresas”
Para una empresa que hubiese solicitado en abril, por ejemplo, 50.000 euros, el primer año devenga unos intereses de algo más de 100 euros mensuales. A partir de abril próximo, todavía en pleno estado de alarma –si prospera el objetivo del Gobierno–, pasará a desembolsar casi 1.100 euros, porque será entonces cuando deba empezar a amortizarlo. Si, como Pablo, tiene una hipoteca anterior de adquisición del negocio, con restricciones adicionales de acceso y horarias para la clientela, el futuro a corto plazo no es solo un viaje azaroso. Más bien una quimera. El reto de empezar a devolver casi 5.000 millones de euros en cinco años de promedio. Es el plazo por el que optaron tres de cada cuatro empresas que se acogieron a esta medida extraordinaria, validada a través del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. Más del 19% de las beneficiarias optaron por un plazo de amortización más corto, de entre dos y tres años, confiadas quizás en aquel momento en una pandemia de efectos más pasajeros.
Aplazamiento
“No debería haber problema para aprobar un diferimiento en la devolución, teniendo en cuenta las condiciones financieras para el Estado, con los tipos de interés tan bajos que paga. Los recursos que aporta el ICO no tendrían un quebranto tan grande, en comparación con el impacto que podría tener” una quiebra masiva de empresas, expone el profesor del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y director del Máster de Finanzas y Seguros, Luis Otero. “Ya resulta escaso el haber establecido un año para iniciar la devolución. Para el Estado sería asumible, de lo contrario tendría un serio impacto de liquidez en las empresas. Se van a ver obligados a hacerlo”, agrega el también miembro del Foro Económico de Galicia.
49.277
Operaciones en Galicia
Hay empresas que suscribieron más de una operación de liquidez con el ICO. En total, se beneficiaron 32.694 sociedades en Galicia, la mayoría autónomos y pymes. Solo el 2% de todas las compañías que acudieron a esta línea de liquidez superaban el tamaño de una pyme.
4,9%
Peso de Galicia
Con casi un 21% de todas las operaciones firmadas hasta septiembre, Madrid encabeza el ranking de avales solicitados en el país, según los datos oficiales del ICO. Galicia, con cerca de un 5%, ocupa la sexta posición.
Lo cierto es que todas las medidas adoptadas a partir de marzo han tenido que ser prorrogadas o reformuladas como consecuencia de los rebrotes, la segunda oleada de la pandemia y la falta de expectativas claras acerca de la vacuna. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE, tanto los de fuerza mayor como los de causas productivas), el cese de actividad para los trabajadores autónomos, las prestaciones extraordinarias para afiliados al régimen de empleo en el hogar... Incluso las propias líneas ICO han sido extendidas hasta el umbral de los 140.000 millones de euros, y es posible solicitarlas hasta diciembre. “El Estado tiene la capacidad de hacer una modificación, como se hace con cualquier préstamo, máxime con las ayudas económicas que van a venir de Europa”, continúa Otero. A su juicio, el aplazamiento en los pagos es “razonable, lógico y factible. Hay que adoptar medidas básicas, no ser cortoplacistas, el objetivo es salvar la mayor cantidad de negocios posibles”.
Alemania acaba de lanzar una iniciativa de este tipo, como publicó ayer FARO, con el diferimiento de los pagos de préstamos concedidos a las navieras de cruceros. En su caso fueron canalizadas a través del KfW IPEX-Bank, de propiedad estatal, con el doble objetivo de mantener la actividad en estas empresas e impedir la cancelación de contratos a los astilleros. “A mí se me van a juntar, durante unos meses, la devolución del ICO y la hipoteca del local. Pagando el 100% de impuestos, sin bonificación completa para los empleados que tengo en ERTE. Me está costando una barbaridad”, zanja Pablo.
