El Gobierno holandés desplegó la pasada primavera un plan de emergencia para evitar cierres de empresas y amortiguar el zarpazo del Covid al mercado laboral. Lo bautizó como NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, plan de emergencia para salvar el empleo). Hasta el 10 de julio se habían beneficiado 140.760 empresas, de acuerdo a los registros oficiales de entidad gestora de los seguros de los trabajadores (UWV). Entre la extensísima nómina figuran sociedades como Damen Shipyards, Royal Huisman, Thecla Shipyards, Veka o IHC Merwede Holding. El programa del Ejecutivo frugal es similar, en apariencia, al fondo de estabilización económica puesto en marcha por Berlín (Wirtschaftsstabilisierungsfonds) y al aprobado por Moncloa (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas). Claro que tanto Alemania como España sí sometieron ambas iniciativas al escrutinio de la Comisión Europea, a fin de descartar cualquier ayuda incompatible con el mercado único. Holanda no. Ni ha sido investigada por el rescate de 400 millones de euros al astillero Royal IHC, procedimiento que no se ha abierto tampoco para la ayuda de 193 millones a la atarazana alemana MV Werft. Y la Comisión de Competencia, según aseguró a FARO una portavoz oficial, no está en disposición de fiscalizar ese megareparto de fondos públicos. En suma, se ha regado a la industria naval de Holanda y Alemania con más de 620 millones de euros de partidas anti-Covid.
"No tenemos ningún comentario específico sobre sus preguntas ni sobre el tema en general"
Indicó a preguntas de este periódico, que cuestionó al departamento que dirige Margrethe Vestager sobre los subsidios aprobados a IHC o Damen. En la misma misiva electrónica se adjuntó una información del diario SWZ Maritime en la que constan detalladas las ayudas recibidas por el naval de Holanda. “Depende de los Estados Miembros evaluar si una medida pública implica ayuda estatal que deba notificarse a la Comisión de conformidad con las normas de la UE, incluido el marco temporal de ayudas estatales [como son el Wirtschaftsstabilisierungsfonds alemán o el Fondo de Solvencia español] y, en caso afirmativo, notificarla a la Comisión para su evaluación y aprobación”. Fuentes jurídicas consultadas por FARO rechazan esta aseveración. “Son los Estados los que evalúan, pero es la obligación de la Comisión vigilar la correcta aplicación de los tratados”, concretan. La misma portavoz no se refirió a los rescates de Werften o IHC. En este segundo caso, por ejemplo, ha superado holgadamente los 250 millones de euros; si España aportara una cantidad superior a este umbral a una empresa considerada estratégica, sí tendría que pasar el examen de Bruselas. “Aquellas cuya cuantía sea superior a 250 millones de euros [...] serán objeto de notificación individualizada a la Comisión Europea al amparo de lo previsto en el Marco Temporal”. Royal IHC recibió 400.
El “tax lease”
Más aún. Dado el recelo manifestado por el sector a la intensa cobertura de este periódico respecto al reparto masivo de fondos asociados al Covid en industrias navales nórdicas, FARO ha preguntado a Competencia si, habida cuenta de lo acontecido con el viejo tax lease –denunciado por Holanda, por ejemplo–, los astilleros gallegos pueden tener motivos para creer que se está generando una competencia desleal. La respuesta oficial ha sido un duro ataque al antiguo sistema de arrendamiento fiscal usado por los astilleros españoles para contratar barcos hasta 2011. El Tribunal de Luxemburgo dio la razón a España y avaló su legalidad; el Tribunal General, en un fallo del pasado septiembre que no es firme, ha sentenciado que no. Y a este pronunciamiento se ha vuelto a agarrar Competencia, sin valorar los casos de Alemania u Holanda, por los que fue preguntada. “Esta compleja estructura –apostilló la portavoz de Competencia sobre el viejo tax lease– permitió a las AIE beneficiarse de un tratamiento fiscal favorable, financiar la adquisición de embarcaciones marítimas y venderlas a precio reducido a la naviera. La Comisión ordenó a España que recuperara la ventaja fiscal indebida de las denominadas AIE”. El nuevo sistema de arrendamiento es 100% legal. Eso sí, Bruselas todavía no ha abierto una investigación sobre el tax lease holandés, como recordaron a este diario fuentes del sector, pese a que la denuncia se cursó en el año 2014.
El auxilio a Royal IHC es el más cuantioso de los ejecutados hasta la fecha desde la llegada de la pandemia. Fue formalmente aprobado el 4 de junio, aunque el astillero arrastraba severos problemas desde hace meses. Los 400 millones se han distribuido entre un anticipo para la construcción de buques de 167 millones de euros, avales de 30 millones, garantías de crédito por 140 millones de euros más y un préstamo puente de 40. En la operación se ha constituido la Foundation Continuiteit IHC, en la que participa el propio Estado holandés; el ex secretario de Estado de Finanzas Menno Snel es miembro de su consejo de administración. “Con la Fundación como nuevo propietario y los cambios en el Consejo de Supervisión, tenemos una estructura de gobierno sólida, una sólida posición competitiva y, por lo tanto, una excelente posición de partida para el futuro”, valoró su CEO interino, Gerben Eggink.
Caballero coge el guante de Prothero para las sinergias entre los astilleros privados
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cogido el guante de la idea planteada este jueves por el presidente ejecutivo de Hijos de J. Barreras, Douglas Prothero, para establecer alianzas entre astilleros a fin de mejorar su capacidad de contratación y competitividad. “Seguro que hay elementos comunes para reforzar el naval de Vigo”, resumió el primer edil tras un encuentro con el también máximo directivo de Cruise Yacht Upper Holdco (matriz de la marca The Ritz Carlton Yacht Collection). Prothero no hizo declaraciones a los medios, que tampoco pudieron captar imágenes de la reunión.
Caballero se ha ofrecido asimismo a “suplir la ausencia y falta de iniciativa” de la administración autonómica respecto al naval vigués. Criticó, por ejemplo, que en los proyectos seleccionados por la Xunta para los fondos de reconstrucción no haya “una mención concreta” sobre los astilleros de la ría.
