El Gobierno prevé ingresar 6.487 millones adicionales en el 2021 como consecuencia de las subidas de impuestos previstas por el Ejecutivo y de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. Así figura en el plan presupuestario del conjunto de las administraciones para el 2021 que el Gobierno remitió ayer a Bruselas y que incluye una subida del 0,9% para las pensiones.
La cifra de mayor recaudación por medidas fiscales incluye los 828 millones previstos por aplicación del proyecto de ley de lucha contra el fraude. El resto son subidas de impuestos, por un total de 5.659 millones. Este cálculo incorpora los nuevos tributos sobre servicios digitales (968 millones) y transacciones financieras (850 millones). Además, se incluye la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, con el que se prevé recaudar 491 millones. También sube el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% (340 millones). Para una lata de refresco con un precio actual de un euro, el incremento sería de 11 céntimos.
La subida de impuestos por 5.659 millones prevista para el 2021 incluye otras medidas tributarias que no se detallan en el documento remitido a Bruselas y que podrían estar pendientes de negociación entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos. El documento alude de forma genérica a medidas en el ámbito de la fiscalidad verde, que no precisa, por importe de 1.311 millones en el 2021, Y no está claro si se apunta a una nueva fiscalidad para el diésel.
También recoge 550 millones en el 2021 y 1.998 millones en el 2022 por subidas en la imposición directa a las rentas más altas. No aporta detalles sobre cuál será la subida del IRPF ni si los cambios afectarán también a sociedades y patrimonio.
Por último se apunta a una mayor recaudación de 1.509 millones en el 2021 por imposición indirecta. Queda sin resolver si esta cifra puede tener que ver con la posible eliminación de la exención en el IVA de los servicios privados de sanidad y educación, que se negocia.
Subida de las pensiones
El documento incluye la previsión de una subida de las pensiones del 0,9% para el 2021, en línea con la inflación prevista. También asume la implementación plena del ingreso mínimo vital y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas.
La subida prevista para las pensiones, del 0,9%, es la misma que la que se ha aplicado en el 2020. En todo caso, el Gobierno se reserva la decisión final sobre las prestaciones públicas al resultado de la posterior negociación política y social.
El plan presupuestario no hace referencia a la posible variación de los sueldos de los empleados públicos para el año próximo, que se prevé tengan un incremento del 0,9%. Hacienda, sin embargo, no confirma ni desmiente este extremo. En el 2020, la subida ha sido del 2%.
El incremento salarial para los empleados públicos también forma parte de las cuestiones que aún siguen negociando los dos socios del Gobierno de coalición.
Procedimiento europeo
La presentación de un plan presupuestario ( draft, en la terminología europea) ante Bruselas antes del 15 de octubre forma parte de los mecanismos de gobernanza de las cuentas que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El plan presupuestario no es lo mismo que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, que Hacienda prevé presentar en el Congreso de los Diputados antes de que acabe octubre. Sin embargo, sí debe incluir las grandes cifras de ingresos y gastos de las administraciones públicas, así como el escenario macroeconómico en el que se deberán desenvolver las cuentas.
Así, el texto incluye el techo de gasto del Presupuesto del Estado para el 2021 aprobado en el Consejo de Ministros, que se acerca a los 200.000 millones (el 53% más que el del 2019) tras incorporar 27.436 millones de transferencias del Fondo Europeo de Reconstrucción.
Hacienda prevé que el déficit público se elevará al 11,3% del PIB este año y que se corregirá hasta el 7,7% en el 2021. Para el 2020 se ha elevado la previsión del deuda pública desde el 115% del PIB al 118%. Para el 2021 se prevé una deuda pública del 117,4% del PIB.
Además, el texto incorpora el escenario macroeconómico construido por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con una recesión del 11,2% este año y un rebote para el 2021 de hasta el 9,8%, si se produce la plena absorción de los fondos comunitarios previstos. En este caso, la creación de empleo se elevaría a 600.000 puestos en el 2021 (200.000 más que en ausencia de los fondos, según las estimaciones de Economía) y la tasa de paro pasaría del 17,1% previsto para el 2020 al 16,3% el año próximo (frente al 16,9% sin aplicación de los fondos).
