Pescanova SA, de la gloria al averno

Falsedad en documento mercantil, estafa agravada, falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, alzamiento de bienes. Ochenta mil folios de investigación, 33 años y medio de cárcel, imposición de responsabilidades civiles solidarias por más de 165 millones de euros. Nunca una empresa no inmobiliaria había protagonizado en España una quiebra semejante. Con nocturnidad, sin que nadie hubiese apreciado que Pescanova SA, un gigante que llegó a ser la cuarta mayor pesquera mundial, llevaba años jugando a doctor Jeckyll y Mr. Hyde. Una bomba a la línea de flotación de la tesorería del grupo –y al ego de su expresidente Manuel Fernández de Sousa– puso fin al vodevil contable en febrero de 2013. El pasado miércoles, siete años, siete meses y siete días después, llegó la sentencia.

¿Cuándo empezó la trama contable en la compañía?

En septiembre de 2007 se constituyó la primera de las doce sociedades instrumentales con las que Pescanova SA facturó artificialmente cerca de 2.500 millones de euros durante un lustro. Con el Producto Interior Bruto (PIB) español consolidado ya por encima del billón de euros y una tasa de paro del 8,5%, no existían las estrecheces crediticias con las que Fernández de Sousa justificó la búsqueda de “sistemas irregulares de financiación”. Su principal fuente de oxígeno bancario era entonces Caixa Galicia, también accionista, con un riesgo de 211,5 millones de euros. Otra de las prácticas ejecutadas por la antigua cúpula de la pesquera fue la ocultación de filiales del perímetro de consolidación para reducir pasivo financiero. Una de las mercantiles utilizadas para ello, Cuvimarket, se creó en Vigo en 2002. El equipo de Sousa multiplicó sus desmanes con la crisis financiera: líneas irregulares de factoring con facturas falsas, créditos documentarios sin mercancía real, neteos de deuda o generación de pedidos (falsos) con antiguos clientes y firmas con las que nunca había interactuado comercialmente.

Pescanova computó ventas ficticias por más de 2.500 millones desde 2007

¿Cómo se generó un agujero de 1.500 millones?

Alfonso Paz-Andrade dejó de ser consejero delegado en 2006. Sousa reconoció en el juicio sus fuertes diferencias: el primero abogaba por una Pescanova más anclada en la pesca salvaje, a lo que había dedicado toda su trayectoria en el grupo; el segundo, hijo del fundador, defendía una mayor expansión en la acuicultura. El contrato de alta dirección del CEO se rompió prácticamente por correo electrónico. La inversión desbocada en plantas acuícolas, alguna ruinosa, gestó el desastre. De acuerdo al informe de la administración concursal (Deloitte, con Senén Touza y Santiago Hurtado al frente), Pescanova invirtió 834 millones de euros entre 2007 y abril de 2013. No tenía medios propios para hacerlo, y enseguida se quedó sin los externos. Un ejemplo: el flujo de caja libre refleja el dinero que queda libre en una empresa tras cobrar todas sus facturas (ventas de pescado) y pagar sus obligaciones (nóminas, luz, salarios, intereses, inversiones…).

En 2008 invirtió en inmovilizado material (plantas de langostino) seis veces más de lo que generó por su actividad habitual; un año después, ya en pleno vendaval financiero, de 4,5 veces más. “Nos sobraba crédito por todos lados, había cola para prestarnos dinero. Nuestra crisis llega con la [crisis] bancaria”, declaró Sousa en sede judicial. No obstante, dos tercios del dinero que destinó a las granjas de marisco en Centroamérica fueron abonados tras la caída de Lehman Brothers; Caixa Galicia, su gran mentora en la banca, había sido declarada “inviable” en 2009. Pescanova cerró 2012 con un agujero patrimonial –al principio oculto– de 1.500 millones de euros.

¿Cuáles eran los planes de Fernández de Sousa?

Convertir la compañía en un referente mundial. “Nuestros barcos han hecho su trabajo. Ahora es el momento de la acuicultura. No nos hemos equivocado”, declaró Sousa en 2007, cuando ya había decidido llevarse a Portugal el proyecto para construir la mayor planta de rodaballo del mundo. El bipartito gallego PSOE-BNG impidió in extremis que la infraestructura se erigiera en el paraje casi virgen de Cabo Touriñán, en la Costa da Morte. Nunca se lo perdonó al entonces líder del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño. Ya no volvió a recibir, como era habitual con los presidentes de la Xunta, las cajas de langostinos frescos que servía la filial andaluza, Acuinova.

La macropiscifactoría lusa nunca funcionó al completo: se obstruían los emisarios y se morían los peces. Aún en plena recesión, los planes de Pescanova nunca cambiaron y simultaneó el desarrollo de la cría en cautividad de salmón, trucha, rodaballo, tilapia y langostino vannamei. Devorando capital circulante: un rodaballo tarda 900 días en alcanzar un tamaño óptimo de venta comercial, por ejemplo. Tras uno de los siniestros de la planta portuguesa, la compañía se vio obligada a malvender 878 toneladas de pescado después de que el oleaje hubiese arrancado uno de los dos tubos de polietileno de alta densidad con los que se nutrían las piscinas.

¿Cómo se diseñaron los planes de falseamiento?

Fue el propio Manuel Fernández de Sousa, como fija la sentencia, “ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios y terceros interesados en invertir una situación económica y financiera positiva”. Pero no lo hizo solo: “En una Sociedad del volumen de Pescanova tenía que contar con gente de su confianza que llevara a la práctica esa inveraz contabilidad y para ello se sirvió de la colaboración de personas de su confianza situadas en departamentos estratégicos o de antiguos empleados”, con la connivencia de la auditora BDO. Sousa, Antonio Táboas (Financiera), Joaquín Viña (Auditoría Interna), Alfredo López (Administración), Ángel González (Contabilidad) y Carlos Turci (Financiera, Pescafina), principalmente, fueron los artífices de la “ideación” y ejecución del plan. Tuvo tres fases. La primera, esa “ideación de las formas ilegales de financiación”, con la creación de la red de sociedades instrumentales, a cargo de los responsables financieros y auditoría interna.

Administración y Contabilidad completaron la segunda, con un organigrama “de qué sociedades vendían y cuales compraban evitando que se entremezclaran”, y con la emisión de miles de facturas falsas –solo 38.000 entre abril de 2012 y marzo de 2013–. En base a éstas, firmaron pólizas de factoring, documentarios o de descuento bancario, todo basado en una operativa ficticia. Culminó en un tercer paso: el falseamiento de las cuentas permitió captar inversores, con ampliaciones de capital y emisiones de bonos, para alimentar la gula de Pescanova. El objetivo “era conseguir financiación bancaria para seguir abonando las grandes inversiones y para afrontar los gastos normales de tesorería”.

¿Cómo se descubrió la «estafa piramidal»?

Así la calificó el exconsejero por Corporación Damm, José Carceller, durante el juicio. El castillo de naipes de Manuel Fernández de Sousa se empezó a venir abajo el 25 de febrero de 2013. Diez días antes, en Luxemburgo, el expresidente había asegurado a François Tesch (fondo Luxempart) “que los resultados del ejercicio de la Sociedad eran mejores que el año anterior”. Sobre el papel, la pesquera contaba con una tesorería de unos 140 millones de euros. De repente, Sousa comunica a un reducido número de consejeros que el 1 de marzo vencía una cuota de un préstamo sindicado; que hacían falta 50 millones de euros para abonarla porque, pese a sus esfuerzos, no había logrado la venta de una filial salmonera de Chile; que tenían que echarle una mano.

Aseguró –y era cierto– que él mismo había prestado 15 millones de su bolsillo a la empresa. Todos se negaron. ¿Dónde estaban aquellos 140 millones de liquidez? ¿Cómo una multinacional como Pescanova iba a ser insolvente por una cuota de un sindicado? El 28 de febrero el consejo se negó a aprobar las cuentas, que reflejaban unos beneficios de 36 millones (y ocultaban pérdidas por 800). Informó a la CNMV. Al día siguiente solicitó el preconcurso y recuperó seis de los 15 millones que había prestado a la compañía. Cuando la Audiencia Nacional ya se había hecho cargo de la investigación, y prácticamente en paralelo a la imposición de fianzas por 1.200 millones de euros, el ex primer ejecutivo de la pesquera intentó desviar ese dinero a Hong Kong vía Portugal, a través de una cuenta de su esposa. Le ha sido decomisado definitivamente.

¿Cómo reaccionó la cúpula de la multinacional?

La dirección de Fernández de Sousa era indiscutible. Inflexible, férreo en las formas, infundía temor en buena parte de sus subordinados. “Solo tenía verdadero respeto por Viña Tamargo. Los demás eran unos peones, a algunos les temblaban las piernas cuando recibían una llamada suya”, recuerda un exdirectivo. A ese clima se sumó la tormenta del preconcurso: la banca empezó a cancelar pólizas y a llamar a la puerta de decenas de empresas que, en teoría, tenían saldos impagados con Pescanova en facturas agrupadas en contratos de factoring. “En estos últimos días estamos recibiendo una cantidad considerable de burofax en que varios bancos nos reclaman pagos de facturas factorizadas por ustedes, que en teoría debemos a su empresa. Nuestra sorpresa ha sido cuando hemos empezado a comprobar que la mayoría no existen”, escribió una de ellas, la barcelonesa Sumaza. “No podemos entender que una empresa como la suya haya actuado de esta forma, emitiendo facturas falsas y duplicadas a sus clientes”, añadía el correo. La orden de administración era de atribuir esas reclamaciones a un “error informático”. No funcionó. “Poco a poco va saliendo todo…”, escribió por mail uno de los empleados de la filial Pescafina, la mayor trader del grupo, a sus superiores.

Elvira Rodríguez dice que 'toda la porquería' de Pescanova estaba en 'la cuenta B'

Mientras arreciaba una presión extrema sobre los medios –se prohibió el acceso a la explanada de la multinacional, en Chapela–, la cúpula organizó una performance frente a las instalaciones centrales. Decenas de trabajadores se concentraron para “mostrar la confianza y apoyo hacia nuestros máximos órganos de dirección, representados por nuestro presidente [por Manuel Fernández de Sousa], para, entre todos, conseguir superar esta situación de crisis en el menor tiempo posible”. Exigieron el cese de “las campañas interesadas que ponen en riesgo nuestro empleo”. No existía ninguna. Al menos contra la empresa, aunque Sousa llegó a asegurar a un confidente que la entonces presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, quería hacerlo caer. “Las instrucciones políticas son de acabar conmigo”. FARO desveló estas comunicaciones, que fueron incorporadas a la causa –pese a los recursos del expresidente de Pescanova– por tratarse de una información de relevancia para la investigación.

¿Quiénes fueron las víctimas de la estafa en Pescanova?

La sentencia alumbra tres perjudicados que, al inicio del juicio, ocuparon sendos sitios en el banquillo por falsedad en documento mercantil y estafa. Son los administradores de doce sociedades instrumentales; el fiscal acabó solicitando penas de dos años de cárcel tras un acuerdo con su representante legal, pero fueron finalmente absueltos. “Actuaron con la absoluta convicción y convencimiento de que las operaciones [de compraventa de pescado] eran reales”. Los hombres de paja desbarataron la defensa de Fernández de Sousa y su antigua cúpula. Adicionalmente, todos los inversores que confiaron en las cuentas que remitía Pescanova SA a la CNMV, en torno a unos 9.000 minoristas, perdieron todo su dinero.

El fallo obliga al resarcimiento de más de 200 personas físicas. El fondo Luxempart, que tras el juicio se deshico de dos terceras partes de sus acciones y bonos canjeables, perdió más de 51 millones de euros. Grupo Damm, de los Carceller, sufrieron un perjuicio de 46,7 millones, por los 23,3 de Silicon Metals Holding y los 5,54 de Golden Limit. Pese a que la estafa afectó a 109 bancos de 31 países –las entidades asumieron quitas por más de 1.500 millones de euros–, solo Bankia actuó en el juicio como acusación particular. Le corresponde una indemnización de 19,95 millones de euros, que también deberá satisfacer BDO de forma solidaria con Sousa y los exdirectivos condenados. A UBI Banca le corresponden otros 18,9 millones. No hubo despidos pese a la enorme crisis por la que atravesó la pesquera, cuya actividad fue traspasada en 2015 a la sociedad Nueva Pescanova SL.