La presidenta del Santander contó ayer en la Audiencia Nacional que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, le hicieron llegar su "preocupación" por el Popular poco antes de su resolución en junio de 2017, aunque negó que ambos la presionaran para comprar la entidad. Ana Botín estaba citada para declarar en el marco de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del grupo dueño del Pastor, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Sara cho. Con ambos la relación fue "mínima", apuntó Botín, según fuentes jurídicas presentes en la declaración y consultadas por Efe. Solo tuvo contacto "dos veces con cada uno" y siempre por motivos profesionales. De hecho, Ana Botín aseguró que se enteró del relevo al frente de la entidad de Ron a través de la prensa.

A preguntas del juez, Botín reveló que recibió llamadas tanto de De Guindos como de Linde, en las que ambos le mostraron su preocupación por el estado del Popular, una sensación que compartía el mercado. Ni el organismo regulador ni Economía le presionaron "en absoluto" para que diera algún paso, descartó la máxima responsable del principal grupo financiero del país, que sí admitió que el Santander recibió en mayo una invitación para acudir al proceso de venta privada del Popular. Participaron Rodrigo Echenique, presidente de Santander España en esa época, y sus equipos, aunque ella, dijo, nunca tuvo ningún contacto con él en este trámite.

Tras estudiar el proceso de venta, el Santander concluyó que "había un deterioro de confianza en el Popular", una circunstancia que, entendieron, supondría hacer reservas. Botín apuntó en su intervención que, hasta donde sabe, el banco cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, pero arrastraba un problema de liquidez. A raíz de este estudio, el Santander no llegó a presentar entonces una oferta porque, según Botín, la compra no era posible en mayo en condiciones de mercado. El Santander barajó la posibilidad de adquirirlo en caso de que fuera intervenido por las autoridades.

En las tres horas de interrogatorio, Botín apuntó que entre el 2 y 3 de junio recibieron una llamada, supone que a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que se les informaba del proceso de resolución del Popular. A pesar de que no lo pudo asegurar con certeza, cree que la Junta Única de Resolución europea (JUR) contactó a "bastantes entidades" y que incluso pudo plantear la oferta a algunos bancos extranjeros que operasen en España. Botín defendió que Santander recibió la misma información que los demás y que, aunque la compra se cerró por un euro, el coste que tuvo la operación para su entidad, que "se centró en no perder ningún cliente del Popular", fue una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.