Durante la fase de instrucción del caso Pescanova, con el magistrado Pablo Ruz como responsable al inicio del procedimiento, la batalla por el discurso -en los juzgados y en la prensa- en lo concerniente a la buena gestión fue cosa de dos: Manuel Fernández de Sousa, expresidente de la compañía, y BDO. Una lluvia de reproches mutuos que se ha mantenido hasta el final: el primero, amparándose en que la auditora había escudriñado sus cuentas y había validado todos los mecanismos utilizados desde Chapela para financiar la empresa; la segunda, sorprendiéndose ante una "contabilidad B" que desconocía y que había sido imposible de detectar, exhibiéndose como un invitado engañado por Sousa y sus primeros espadas. Al final, ambos han perdido esa guerra. Han sido condenados a prisión -en el caso de BDO, su socio auditor Santiago Sañé- por quebrar la mayor multinacional pesquera de España, en una sentencia publicada este martes por la Audiencia Nacional. En una cosa sí había tenido razón el ex primer ejecutivo de Pescanova: "BDO conocía y aceptaba los neteos, por los que la deuda financiera aparecía compensada con otros activos", difundió la defensa de Sousa en noviembre de 2013. El Alto Tribunal le ha dado la razón: la auditora, una de las cinco mayores del mundo ( big five), sabía que "la forma de registrar las deudas contraídas con las entidades bancarias contablemente no era la realmente contraída, sino el importe neto. Es decir, deduciendo el importe del depósito, y así lo aceptó BDO", dice textualmente el fallo.
¿En qué consistía? La jueza ponente de la sentencia, Carmen Paloma González Pastor, es prolija en detalles. Este mecanismo contable "no tenía otra finalidad distinta de la que aparentaba, sino que los encargados de la elaboración de las cuentas cumplían, a rajatabla, las instrucciones recibidas desde la dirección para reducir en las cuentas su dependencia de la banca, con objeto de seguir disfrutándola y poder hacer frente a los gastos de su tesorería creciente", explica. ¿Era posible hacerlo? No. "En este caso, tampoco BDO puso ningún obstáculo. Y con ello no solo incumplió una norma esencial en la contabilidad de la imposibilidad del neteo, sino que contribuyó, de forma decisiva, a que la contabilidad no reflejara la imagen fiel de la compañía, que era, precisamente, su principal responsabilidad". Sañé ha sido condenado a tres años y medio de prisión por falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera. La sociedad BDO deberá desembolsar una cantidad multimillonaria para indemnizar a los inversores estafados.
Cotizada y auditada
Pescanova SA era una compañía cotizada, el mercado se fiaba del diagnóstico de la auditora para comprar acciones o bonos. Pero las cuentas eran falsas, y BDO lo sabía. "Pese a conocer que Pescanova neteaba todo lo que podía, [sin que] presentara algún tipo de objeción, se inició el principio de su difusión mediante su remisión al organismo supervisor y con ello a cualquier tercero interesado en invertir, conociendo que la información que se transmitía no era acorde a la situación económica y financiera real de la sociedad, de forma tal que todos aquellos que invirtieron confiados en la veracidad de los datos publicados, perdieron sus inversiones", añade el fallo, de 610 páginas. BDO ya ha anunciado recurso; insiste en que fue una víctima más del engaño del equipo de Sousa.
Lo cierto es que la sentencia enumera una retahíla de prácticas irregulares de BDO, ya sea por conocimiento de las mismas (el neteo, por ejemplo) como por "laxitud" y dejadez de funciones. El equipo de la auditora no comprobaba si las facturas reunían los requisitos -que no lo hacían-, no comprobó los trasvases de deuda que se realizaban entre la matriz y la filial Novapesca para ocultar pasivo bancario en la primera, no detectó que hasta el 84% del "comercio" realizado por el grupo se correspondía con empresas que no tenían almacenes o empleados, no afloró las importaciones aparentes de mercancía (para la firma de créditos documentarios) ni advirtió que contratos de factoring escondían compraventas ficticias. Todo, para lograr financiación, para digerir y perseverar en un ejercicio expansivo de una multinacional que quiso ser la primera del mundo y terminó por protagonizar la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España.
Cuando Pescanova SA advirtió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la existencia de "diferencias significativas" entre la deuda que constaba en su balance y la real, el primer equipo de expertos que desembarcó en Chapela no pudo figurarse la tarea titánica que le esperaba para deshacer la madeja. "Estuvieron trabajando 20 personas durante algunos meses solo para entender la situación y preparar el concurso; estudiaron las cuentas anuales, en las que no había exactitud", dice la sentencia de la Audiencia Nacional en referencia al equipo del despacho de abogados Lener.
El embrollo tenía cifras de infarto: la pesquera había intentado aprobar unas cuentas (de 2012) con 1.034 millones de deuda, muy lejos de los 3.545 que aparecerían en los estertores del concurso. Fueron 109 las entidades que se vieron atrapadas, "basándose en la confianza que suponía la constante relación financiera con la matriz. De Kenia a Japón, y de Costa Rica a Islas Mauricio, el pasivo iba de los 44.673 euros (de Alpha Bank, griego), a los más de 208 millones de euros de Banco Sabadell.
