Sánchez prevé ejecutar en tres años 72.000 millones de la UE

El Gobierno se ha propuesto acelerar al máximo la gestión del Fondo Europeo de Recuperación y prevé ejecutar en solo tres años (del 2021 al 2023) los 72.000 millones de transferencias asignados a España para inversiones, en lugar de consumir los seis años (hasta finales del 2026) que permite el marco europeo. Ya el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021 incorporará 27.436 millones de transferencias europeas.

En estos tres años, además, se prevé que la inversión ligada a la plena absorción de estos fondos permita la creación de 800.000 puestos de empleo adicionales así como un mayor nivel de PIB de 2,5 puntos en cada una de las anualidades, contribuyendo así a dejar atrás la recesión de la pandemia y a dar un salto modernizador al país.

Así lo explicó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española que el Ejecutivo remitirá a Bruselas este mes y que contiene su estrategia para afrontar la crisis del coronavirus y los retos de la próxima década para la "segunda modernización" de la economía española.

Para evitar que "la burocracia" obstaculice la rápida y eficaz absorción de los fondos, Sánchez anunció ayer cambios en la leyes de contratos, de subvenciones y del régimen jurídico del sector público, para superar "cuellos de botella".

Según explicó Sánchez, el 37% de las transferencias europeas tendrá por destino proyectos de inversión vinculados a la transición ecológica; el 31% se enfocará a favor de la agenda digital. El resto servirá a objetivos de reducción de las brechas de desigualdad de género y territorial y a lograr una mayor cohesión social, por la vía de mejoras en las políticas de educación y de cuidados personales para mayores y dependientes.

El plan de recuperación que ha diseñado la Unión Europea, por un total de 750.00 millones, asigna a España una cantidad aproximada de 140.000 millones, de los que unos 72.000 deben llegar en forma de transferencias del Next Generation EU, y el resto, a modo de préstamos ventajosos.

A su vez, los 72.000 millones de transferencias del Fondo de Recuperación Europeo constan de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias, y por otro lado el React-EU, que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.400 millones.

De los 12.436 millones del programa React-EU, un total de 10.000 millones se destinarán a las comunidades autónomas, en tanto que los restantes 2.436 millones que se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre las regiones para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.

Diez políticas tractoras

Sánchez detalló ayer las "diez políticas tractoras" en las que deberán quedar incardinados los proyectos concretos de inversión que el Estado, en colaboración con autonomías y ayuntamientos y con la iniciativa privada (grandes empresas y pymes), pueda hacer valer ante las autoridades europeas entre el 1 de enero próximo y el 31 de abril, que es el periodo dispuesto para ello.

Las diez políticas tractoras incluyen la agenda urbana y rural (16% de los recursos), las infraestructuras (12%) o la transición energética (9%). Junto a ellas, la modernización de la Administración pública (5% de los recursos), la digitalización empresarial (17%), el pacto por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud (17%), la educación y formación continua (18 %), la política de los cuidados, que incluye la atención a dependientes (6 %) y la cultura y el deporte (1,1%).

La décima política tractora, sin dotación, consistirá en la modernización del sistema fiscal, incrementado su progresividad y capacidad redistributiva.

Cierre de brechas

Sánchez indicó algunos de los 30 programas de inversión vinculados a las diez políticas tractoras, tales como la electrificación de la movilidad en España (despliegue de 250.000 vehículos eléctricos en el 2023 y cinco millones en el 2030, y la habilitación de 100.000 puntos de recarga), el alcance del 100% de la energía renovable en el año 2050, la rehabilitación de más de medio millón de viviendas en los próximos tres años, el refuerzo de la gestión integral de la costa o la restauración de 3.000 kilómetros de ríos.

En cuanto al pilar digital, se promoverá que el 75% de la población disponga de cobertura 5G y que toda la población tenga acceso a internet rápido, y se extenderá el programa de digitalización a 2,5 millones de pymes. En igualdad, el compromiso es el combate transversal a todas las brechas de género.

La oposición

Mientras, el líder de la oposición, el popular Pablo Casado, insistió ayer en crear un organismo independiente que gestione los fondos europeos y que "evite la discrecionalidad y clientelismo" que, según el líder del PP, pretende el jefe del Ejecutivo.

La petición no es nueva por parte de los populares. Ya Casado se la expuso al presidente del Gobierno en su reunión en la Moncloa del pasado 2 de septiembre.

La actitud de Ciudadanos es distinta. La formación naranja aplaudió algunas medidas, como la transición ecológica, la digitalización y la reforma de la Administración. "No se puede perder ni un céntimo de euro", dijo su portavoz adjunto, Edmundo Bal. "Nosotros queremos estar en ese plan nacional de reformas para que estos fondos se inviertan bien y que la gestión de los mismos se haga con eficacia, rapidez y agilidad" remachó.