La plantilla de Maderas Iglesias vive con un ojo puesto en el BOE cada día. Temen la publicación de la sentencia que daría paso a la subasta de los terrenos que ocupa la empresa, lo que supondría, a su juicio, "el desahucio de los 148 trabajadores" y la posible desaparición de la empresa. La ronda de movilizaciones iniciada por los empleados les llevará hoy ante el edificio de la Xunta en Vigo, a la que urgen una mediación para intentar frenar la puja. "Una vez empiece el proceso va a ser difícil pararlo", reconoce el presidente del comité de empresa, Vicente Molares. El Igape, al que recurrió la plantilla para que intentase mediar entre los bancos y la empresa, volvió a pedirles "unos días" para analizar la situación.

Según explica Molares, la empresa atravesó el proceso concursal, pero falló a la hora de cumplir con la deuda con los bancos. "Presentaron una demanda para reclamar el pago y el 12 de agosto salió la sentencia que decía que a partir del momento que sea publicada en el BOE hay 20 días para que quien quiera pueda presentar una oferta por los terrenos embargados", lamenta.

El juzgado de Instrucción número 3 de O Porriño tomó esta decisión ante una deuda de 28 millones de euros, a los que se suman los 2,4 millones que debe la firma a Hacienda, como figura en la lista de morosos publicada la semana pasada. "Además, sigue sin abonar a la plantilla la paga extra de verano y la media de marzo pendientes", puntualizó ayer la CIG en un comunicado.

Esta situación hizo que se encendieran todas las alarmas entre los trabajadores, que entienden la publicación en el BOE como un punto de no retorno. "Queremos que la Xunta intervenga, para ver si puede paralizar esa orden o que trate con ambas partes para intentar la manera de buscar un punto de negociación", explica el presidente del comité de empresa.

El grupo parlamentario del BNG ya presentó dos mociones instando a la Xunta a que se implique para buscar un solución, y la CIG recuerda que el PSOE anunció que hará lo propio.

Mientras, los trabajadores continúan trabajando en la planta que la que en su día fue la mayor productora de tarima flotante del país (con más de 600 empleados) tiene en O Porriño. "Lo malo es que no sabes cuándo puede salir publicado en el BOE", recuerda Vicente Molares. Una espada de Damocles que amenaza a casi 150 familias.