De las dos horas y cuarto que duró el 5 de mayo de 2010 la primera reunión oficial del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, tras un año y medio sin verse las caras, salió un pacto de mínimos para intentar espantar la marejada en los mercados que tanto daño estaba haciendo a la prima de riesgo. Hubo acuerdo en el apoyo al rescate del Eurogrupo a Grecia y en la necesidad de aligerar la reestructuración de las cajas de ahorros y atajar así las dudas sobre la solvencia del sistema financiero que arrastraban a los bancos y también a la deuda pública. Acostumbradas a llevar las riendas de las entidades, las maniobras de algunas autonomías para controlar las fusiones a su antojo y retener el poder estaban ralentizando el proceso.
A Zapatero y a Rajoy les preocupaba especialmente lo que estaba pasando entre las dos cajas gallegas. Fue de lo primero que hablaron al acabar sin que fuera necesario preguntarles. “Es evidente que depende de las cajas en primer lugar y de los gobiernos regionales en segundo lugar”, apuntaba el jefe del Ejecutivo, confiado en que “con el máximo esfuerzo” de todas las partes llegase la “luz verde” a la operación “en los próximos días”. Lo que no dijeron ninguno es que estaba en juego la estabilidad del España.
En un párrafo de medio centenar de palabras, la Audiencia Nacional acaba de resumir la historia real de aquella cumbre y de una de las operaciones que más dinero costó al erario público: 9.000 millones de euros. “La única razón por la que el FROB intervino fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba en 2010 Caixa Galicia antes de que se produjera la fusión”, remarcan los tres magistrados de la Sección 2 de la Sala de lo Penal en un auto adelantado por FARO en el que se inhibe a favor de la Audiencia de Pontevedra del juicio por un supuesto delito de administración desleal de varios altos cargos de Caixanova y la inmobiliaria encargada del fallido proyecto de urbanización de la antigua fábrica de Massó, en Cangas. “Caixanova –insiste– nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a Novacaixagalicia”.
9.000 M€ - Coste de la fusión
El próximo 1 de diciembre esa caja única gallega que la Xunta vendía como “igualitaria, equilibrada y paritaria” hubiera cumplido diez años si no fuese porque de la solvencia que defendió públicamente el presidente Alberto Núñez Feijóo para impulsar el matrimonio había poca. Lo sabía su ejecutivo y también Caixanova, que antes de cerrar la última inspección del Banco de España ya tenía cubiertos la mitad de los 202 millones en saneamientos requeridos y un colchón anticíclico para el resto. Con los primeros compases de la crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el supervisor pidió a los órganos de gestión y control “un papel más activo” en la política de concesión de créditos y que tuviera “información completa y actualizada” de la cartera de inversiones.
Caixa Galicia, en cambio, agonizaba. El Banco de España reforzó su control a la entidad desde 2007 por la “desafortunada” y “agresiva expansión” en el ladrillo que desembocó en su inviabilidad en solitario en septiembre de 2009, según consta en los informes de inspección del organismo que ahora sirven de argumentación a la Audiencia Nacional. La morosidad real era del 9,3% frente al 5,3% que declaraba. Aunque la entidad dirigida por José Luis Méndez figuraba en las quinielas para una integración con Caja Madrid y Caja de Ahorros del Mediterráneo, lo cierto es que internamente había diseñado la “Operación Campolongo”. ¿Con qué objetivo? Lograr una fusión con Caixanova para que no saliese a la luz su situación, conscientes de que para conseguir “el proyecto” antes deberían “asesorar a los agentes institucionales que sobre él influyen”. Se preparó en verano de 2009. En septiembre la hoja de ruta quedó lista. Después saltó a la luz el veto de la Xunta a los planes de Caixanova por su cuenta. El Gobierno gallego esgrimió que tenía sus manos una “due diligence” que avalaba su plan.
Hubo que esperar tres años, cuando la entidad encaminaba una subasta pública, para saber que esa “due diligence” encargada a KPMG era realmente “un diagnóstico acelerado” de una eventual integración que ni la firma auditora respaldaba. Todo lo contrario. Dado el agujero de Caixa Galicia, el informe apelaba a que esta fuera absorbida por Caixanova, advirtiendo, además, que sería necesaria una emisión de 337 millones de euros en preferentes para devolver al FROB los 1.162 millones de la primera inyección pública.
El “diagnóstico acelerado” formó parte de la batería de documentos incluidos en la comisión de investigación abierta en junio de 2013 en el Parlamento de Galicia para analizar lo ocurrido. Los informes de inspección del Banco de España, en cambio, no. Por la comisión, que a día de hoy no redactó ni una conclusión, desfilaron altos cargos de las cajas, de la Xunta, sindicatos, exministros… El exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez se mordió la lengua pese a que la declaración en su caso fue por escrito. Caixa Galicia, aseguró, tenía “una necesidad perentoria” de integrarse, mientras Caixanova contaba con “una capacidad mayor” de resistencia. Sin atisbo de autocrítica, Mafo culpó del fracaso a “la insistencia y el bloqueo” de la Xunta a otras opciones. Solo los antiguos directivos de Caixanova fueron capaces de reconocer abiertamente las verdaderas razones de la fusión que provocó la manifestación más multitudinaria que se recuerda en la ciudad de Vigo en defensa de su caja.
“Hay partido”. Con ese mensaje los responsables del Banco de España intentaron tranquilizar a los directivos de Caixanova, a los que se encargó capitanear la fusión, cuando les expusieron el crudo panorama. La fusión que ni el propio regulador quería era la única salida ante “un problema del sistema financiero”, en referencia al bloqueo de la Xunta y una eventual intervención de Caixa Galicia que la reputación de España no se podía permitir en ese momento. Tras casi un año entero de negociaciones, Novacaixagalicia se presentó en sociedad. Solo ocho días después de abrir las puertas, el jefe de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, remitió una carta a la dirección de la nueva entidad pidiéndoles “rigurosidad” en el cumplimiento del plan de fusión. Sorprendidos se quedaron con la revelación del organismo de que quedaban más de 800 millones de euros todavía pendientes de sanear “para subsanar la debilidad de Caixa Galicia”. Con el sacrificio de los recursos propios para la limpieza, la entidad fue incapaz de soportar el decreto de refuerzo de capital impulsado por el Gobierno meses más tarde y acabó nacionalizada.
Abel Caballero exige a la Xunta que “dé la cara” y Feijóo culpa al Banco de España
Tras la publicación por FARO del auto de la Audiencia Nacional que reconoce con contundencia que Caixanova fue “obligada” a la fusión y que la “situación económica-financiera” de Caixa Galicia fue la única razón de la intervención del FROB, el alcalde de Vigo reclamó al presidente de la Xunta “que salga y dé la cara”. “La verdad siempre sale, aunque Feijóo la quiera ocultar”, subrayó Abel Caballero durante una rueda de prensa en la que sacó varias fotografías vinculadas a la operación y a la gran manifestación de febrero de 2010 en apoyo a la caja viguesa, que “nunca hubiera sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia”. “¿Y quién la obligó? Fue Feijóo desde la Xunta”, recalcó el regidor, que acusó al presidente del Ejecutivo autonómico de ser “el responsable de la mayor catástrofe financiera de la historia de Galicia”.
“Desconocemos el contenido del auto, aunque es extraño que un auto penal entre a analizar la situación financiera de una entidad”, respondía el presidente de la Xunta. Lejos de asumir que él fue uno de los impulsores de la fusión y que estaba dispuesto a vetar las alternativas, Alberto Núñez Feijóo echa la culpa al Banco de España. “Si no actuó de forma correcta, pues no lo sé, pero lo que sí digo es que la decisión, además de la comunidad y el Parlamento con mayoría entre PSOE, BNG y PP, el único que tiene capacidad de autorizarla es el Banco de España”.
Cuestionado ayer por el momento en que se había proclamado “inmensamente feliz” por la fusión en una comparecencia en noviembre de 2010, Abel Caballero se justificó diciendo que “en ese momento había que arrimar el hombro” y que solo se conocía “una parte de la verdad”.
Los grupos de la oposición han exigido la reactivación de la comisión de investigación en el Parlamento “Cuanto más tiempo pasa y más noticias salen, se hace más evidente que aquí investiga todo el mundo lo que ocurrió con un instrumento fundamental para la económica gallega menos el Parlamento gallego”, lamenta Noa Presas, del BNG. Pablo Aragüena, del PSdeG, cree que el auto “desmiente por completo” la versión de Feijóo.
