Alcoa ha emitido un comunicado en el que informa de que ha sido "imposible" llegar a un acuerdo para vender la planta de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) a la multinacional interesada en comprar el complejo industrial, como consecuencia de las "demandas poco razonables de GFG Alliance", el potencial adquisidor de la misma.
Desde su punto de vista, Alcoa ha negociado "de buena fe a lo largo del proceso" y ha hecho una "oferta equilibrada" para ambas partes, con "varias concesiones para llegar a un acuerdo", mientras que GFG "no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables"
En cuanto a esas demandas "poco razonables", cita Alcoa el interés de GFG Alliance por la venta futura de la refinería de alúmina, que forma parte del complejo industrial de San Cibrao, lo cual, alega, está fuera del alcance del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto, dado que solo se planteó la venta de la planta de aluminio primario exclusivamente.
Según la multinacional americana, la planta de San Cibrao se encuentra en una situación insostenible, debido en gran parte, aduce la propietaria, a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio, de modo que ha acumulado pérdidas que suman más de 110 millones de euros en los dos últimos años -2018 y 2019-.
De hecho, Alcoa afirma que la planta está perdiendo en estos momentos "aproximadamente un millón de euros por semana".Propuestas del Gobierno
Alcoa reconoce que el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero sus propuestas, puntualizan, "también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería".
La compañía subraya que "no se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores".
En todo caso, asegura que "consciente del impacto humano y social de este proceso, Alcoa ha dado prioridad al diálogo y ha hecho grandes esfuerzos en los últimos cuatro meses para llegar al mejor acuerdo con los representantes de los trabajadores en relación con la situación insostenible de la planta" de San Cibrao.
De hecho, esta firma observa que tal y como lo solicitó el comité de empresa, Alcoa ha continuado operando la planta de aluminio durante el proceso de venta, a pesar de seguir incurriendo en importantes pérdidas operativas", que aceptó asumir "durante el período de negociación de seis semanas".
Asimismo, Alcoa afirma que "mantiene su compromiso de trabajar para encontrar la mejor solución para los empleados" y, para ello, prosigue el escrito, se reúne hoy con los representantes de los trabajadores con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o, a falta de acuerdo sobre un ERTE, la aplicación de un despido colectivo permanente.
La reacción del comité de empresa
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha asegurado tras la reunión de la mesa multilateral que si se le permite a una empresa "poner en tela de juicio el estado de derecho" español, seremos "una república bananera". Zan ha indicado en declaraciones a la prensa que una multinacional no puede "poner de rodillas al Gobierno y a la Xunta", que tienen que "levantarse y decirle a Alcoa que basta ya".
En la reunión de la mesa multilateral, ha proseguido, ha quedado clara la "mala fe" de Alcoa. "Se ha levantado de la mesa sin acabar el plazo y sin ni tan siquiera responder a la última propuesta que hizo el Gobierno a través de la SEPI para comprar la empresa", ha esgrimido.
"No podemos entender que se esté poniendo en tela de juicio el estado de derecho", ha añadido Zan, quien opina que "el problema ya no es que este país deje de fabricar aluminio primario o que este país pierda una parte estratégica, dado que el día 30 marzo se dijo que la producción de aluminio en San Cibrao era un servicio "esencial" y "no podía parar por la Covid-19". El principal problema es que "estamos poniendo en tela de juicio el estado de derecho", porque "cuando una multinacional pone de rodillas al Gobierno y a la Xunta, estamos poniendo en tela de juicio al país". Por ello, opina que "tienen que levantarse y decirle a Alcoa que basta ya".
"Esperamos que sea verdad lo que están diciendo" ambas administraciones, ha manifestado, porque "los trabajadores vamos a ir hasta el final y esperamos tener ese apoyo", porque "el secretario de Industria dijo que no se pararían ni un minuto las cubas" de electrolisis. En la misma línea, ha insistido en que "no se puede permitir que una multinacional juegue con toda una comarca, cree un problema social dramático y vuelva al año 1970 a toda la provincia de Lugo, a toda Galicia y a toda España".
"Aparte de los puestos de trabajo de toda A Mariña lucense, depende también la parte de transformación del aluminio. Depende este país, porque necesita aluminio para fabricar coches. Dependemos todos. No se puede permitir que venga aquí una multinacional y, desde Pittsburgh, decida acabar con la industria de un país".
"Esta empresa era de la SEPI y se la vendió a Alcoa. Ahora Alcoa no tiene derecho a quitarle a España lo que España ha construido. Recordamos que fueron expropiados los terrenos para hacer esa empresa y fueron invertidos muchos miles de millones para construir la fábrica", ha recordado.
Zan ha insistido en que si se le permite a Alcoa que ponga en "tela de juicio" el estado de derecho, seremos una "república bananera". "Hasta aquí hemos llegado. No se pueden parar las cubas, no se puede parar la producción. Apoyaremos hasta la muerte a los dos ministerios y a la Xunta. No vamos a permitir que esta empresa acabe con la industria del aluminio en este país", ha concluido.
Alcoa vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos factorías, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las plantas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno central que las intervenga.
