La firma Marina Meridional ha presentado un escrito en el juzgado mercantil 3 de Pontevedra (sede de Vigo) en el que, entre otras cuestiones, urge hacer efectiva la adquisición del astillero vigués Vulcano "con la mayor celeridad posible", proponiendo como fecha de firma el 30 de septiembre o, en todo caso, antes del 30 de noviembre.

Así, a pesar de que inicialmente Marina Meridional, del empresario vigués Alberto Barreras, había pedido más tiempo para hacer efectivos los 7,8 millones de la adquisición de la unidad productiva, ahora ha pedido formalizar la enajenación lo antes posible, alegando que la premura será beneficiosa "para el concurso, los acreedores y la concursada".

Curiosamente, la fecha para firmar la adquisición había sido fijada por el juzgado para el 22 de septiembre, pero la citación ha quedado sin efecto después de que la propia empresa adquirente hubiera presentado un recurso de reposición.

Esta empresa, del grupo Argos y la única que presentó oferta en el primer plazo de liquidación, también ha modificado su posición con respecto a la concesión administrativa del espacio portuario en el que está Vulcano. Dicha concesión, que expira en 2027, está rodeada de polémica porque, mientras que los tribunales consideran que también debe ser incluida en el proceso de enajenación, el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, avalado por un dictamen del Consejo de Estado, defiende que ya está extinguida (al disolverse Factorías Vulcano) y debe volver al Puerto.

Marina Meridional propuso hace unas semanas que, dada la incertidumbre sobre esa concesión, su valor se descontase del precio de adquisición, que pasaría de 7,8 a 5,5 millones. Sin embargo, en el último escrito presentado ante el juzgado, mantiene la oferta de 7,8 millones por "la totalidad" de la unidad productiva, y "a pesar del riesgo que supone, cuando sobre la concesión pesan las contingencias" ya conocidas.

Con respecto al pago del dinero, la empresa acepta entregar 3,5 millones de euros en cheques bancarios en el momento de firmar la compra ante notario. Del resto, además de los 70.000 euros ya depositados en el juzgado, propone asumir la deuda con el ICO (2,5 millones), que se hace forma automática, y con el Fondo de Garantía Salarial (1,7 millones), que debe autorizar la subrogación, para que Vulcano deje de ser deudor.

Finalmente, plantea como condición que se cancelen el resto de deudas laborales (lo cual no significa que los trabajadores no vayan a cobrar lo que les falta de indemnizaciones, un cobro que gestionará la administración concursal).