Desde el encendido del primer parque eólico en Estaca de Bares en 1987, un primitivo complejo de 12 turbinas y tan solo 0,36 megavatios (MW), Galicia ha vivido dos etapas doradas en un sector en el que fue referente durante mucho tiempo. Entre 2000 y 2008, la potencia instalada creció a un ritmo de doble dígito, con incrementos incluso superiores al 62% algún año. La década siguiente fue casi como si no existiera por los efectos de la doble recesión, la reforma energética que acabó con las primas a las renovables y los fallidos concursos autonómicos del bipartito y el que el PP desarrolló después como alternativa. El principio del fin del letargo llegó a finales de 2018 y, sobre todo, en 2019, gracias a las subastas organizadas por el Gobierno central para cumplir con los objetivos fijados por las autoridades comunitarias en consumo con tecnologías verdes y al acelerón de la transición energética hacia una economía descarbonizada. En la comunidad se levantaron 21 nuevos parques con una potencia de 490 MW. Un nuevo bum del negocio del viento que permitió disparar un 45% la ocupación hasta superar los 7.000 empleos directos e indirectos y reactivar "un tejido industrial que abarca toda la cadena de valor de la tecnología", según el estudio de Impacto Económico y Social del Sector Eólico en Galicia elaborado por Deloitte para la patronal gallega EGA.
"Las plantas auxiliares están funcionando como mantenimiento", destaca Manel Pazo, presidente de EGA, que valora "la permanencia" de la industria ligada a la eólica por la estabilidad del empleo más allá de las tareas de construcción y porque, además, "cosas que antes se hacían fuera se hacen aquí, donde se sigue todo el ciclo de vida del aerogenerador". Equipos eléctricos, cables, las torres, las palas, las jackets fabricadas en Navantia para los parques marinos de Iberdrola... Una colmena con un centenar de pymes. "Incluso sabemos de una empresa de Cedeira que lleva el mantenimiento de instalaciones offshore del Mar del Norte", apunta Enrique Doheijo, de Deloitte.
Con esa cadena al valor que va desde los promotores de los parques hasta los encargados de los seguros, la eólica representó un 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional el pasado ejercicio. El sector abonó 118,2 millones de euros en los principales impuestos, de los que más de la mitad, 60,5 millones, fueron para el canon eólico de la Xunta y tributos locales. Los alquileres de terrenos ascendieron a 11 millones de euros. La media de los municipios de ubicación no pasa de los 5.000 habitantes. "Cada uno podría pasar del millón de euros para sus presupuestos -apunta Pazo- en caso de que toda la recaudación fuera para ellos".
La parálisis generalizada por el coronavirus durante los meses de confinamiento harán que en este 2020 se pongan en marcha unos 150 MW. "Pero el objetivo es recuperar en 2021 la senda de 500-600 anuales durante cinco años", afirma Manel Pazo, con "la premisa" de "alcanzar un mínimo para cubrir las necesidades de las empresas auxiliares". "Se pueden -insiste- conseguir". EGA está en contacto con la Xunta "para ordenar el sector y su desarrollo". Frente a los 7.300 MW que ahora mismo tienen permiso de conexión y los más de 2.000 que lo tramitan, Pazo evita hablar de burbuja, pero recuerda que las peticiones de renovables en España triplican los objetivos oficiales "y hay que garantizar la seguridad de suministro del sistema".
