-De los 140.000 millones que va a recibir España, 72.000 millones son ayudas directas ¿Cómo y a dónde deben destinarse esos recursos en nuestro país?

-Han de destinarse, tal y como establece el pacto, a las comunidades autónomas y a los sectores económicos más afectados por la crisis. La construcción ha sido uno de ellos. De esos 72.000 millones, la UE va adelantar a España 60.000 millones. El gobierno debe poner en marcha el 70%, es decir, debe destinar ya 42.000 millones en inversión pública para reactivar la economía. El 30% restante, 18.000 millones, deben estar ya comprometidos para finales de 2023. Es vital que las inversiones vayan destinadas donde mayor eficacia tenga. La construcción ha demostrado que es un motor y la base de la recuperación económica duradera. Somos el segundo sector económico en la creación de empleo, generamos una actividad inducida de 1,92 euros por euro invertido y nuestros retornos fiscales rozan el 50%. Además, contamos con proyectos en inversión que no pueden paralizarse en 2021.

Por ello, es fundamental no paralizar el proceso de licitación y contratación de obras y servicios durante este año y en 2021, asegurándose de que se puedan ejecutar proyectos que ya estaban en marcha antes del Covid. Esto facilitará una recuperación más rápida de la economía española, amortiguará el decrecimiento del PIB y disminuiría la destrucción de tejido productivo, favoreciendo un clima en mejores condiciones de contratación.

-¿El sector de la construcción está preparado para resistir esta crisis?

-Para esta crisis ningún sector estaba preparado porque ha sido inesperada y mundial. Esta no es una crisis propia de un país, ni de un mercado. Afortunadamente el sector financiero cuenta con liquidez y hay medidas públicas para paliar esta crisis.