La guerra fraticida entre los dos grandes accionistas de Itínereacaba de vivir su enésima batalla con la reciente junta general anual como escenario. Con el 40,6% del capital del grupo que explota la Autopista del Atlántico, Globalvia se negó a respaldar las cuentas y el informe de gestión del pasado ejercicio por la callada como respuesta a la solicitud de información que solicitó sobre los asuntos del orden del día. La compañía, controlada por los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido), no tiene silla en el consejo de administración de Itínere por un supuesto conflicto de intereses al operar en el mismo sector y aprovechó la ocasión para cuestionar por qué esa razón no se aplica al consorcio liderado por el también fondo holandés APG (60% de las acciones de Itínere), que ganó a finales de febrero la puja -a la que Globalvia concurrió- por el 81% de la concesionaria de autopistas portuguesa Brisa.
Las dos partes llevan años de demandas cruzadas y citas en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid para amarrar el control de la sociedad que también se encarga de la AG-57 entre Puxeiros y Baiona. No es para menos. Está en juego un suculento negocio de más de 200 millones de euros anuales con la AP-9 como gran joya de la corona. La principal vía de pago de Galicia aporta ya prácticamente el 70% de los ingresos de Itínere por el contundente encarecimiento de los peajes en los últimos años y porque la otra principal concesión de la sociedad -la AP-1 que va de Burgos a Armiñón- regresó a la tutela pública tras finalizar el periodo concesional.
No es el caso de la AP-9, con contrato en vigor hasta el 18 de agosto de 2048, gracias a la última de las tres prórrogas concedida en 2000 por el popular Rafael Arias-Salgado, el entonces ministro de Fomento, para compensar las inversiones realizadas en la autopista. Las últimas previsiones remitidas por Audasa al Estado sobre el negocio a futuro se remontan a 31 de enero de 2012 y dejan fuera, por tanto, las últimas modificaciones en la concesión por obras realizadas y que se cargan en los conductores. Sin esos cambios, el gasto en reposición desde 2011 y los próximos 28 años rondaría los 153 millones de euros, los costes financieros alcanzan los 1.680 millones de euros y la recaudación por peajes superará los 9.500 millones de euros.
A la caja llegaron el pasado ejercicio 153,4 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que en 2018. La cifra de negocio acarició el récord registrado hasta ahora en 2008: 156,3 millones de euros. Una parte del subidón de los ingresos se debe al 1,8% del incremento de los tráficos -1,92% en turismos y 0,52% en vehículos pesados- y la otra a la triple subida de precios aplicada durante el ejercicio. Al encarecimiento habitual a 1 de enero (del 1,68% en 2019) hay que añadir otro 1% por las obras de Rande y la ampliación del resto de conexiones y el 0,8% de los descuentos a los viajeros frecuentes entre Vigo y Pontevedra.
Itínere lo recuerda en su informe anual, con 226,4 millones de euros de negocio consolidado. El 67,7% procede de Audasa. En 2018 rondaba el 50%. Pero es que Itínere se ha quedado sin la otra principal concesión que engordaba su caja y los beneficios. La AP-1 Europistas revertió al Estado el 30 de noviembre de 2018 y los ingresos vinculados a ella pasaron de más de 67 millones de euros a 5,7 millones por cobros de mantenimiento.
El resto de concesiones se quedan muy lejos de representar el volumen de AudasaEl enlace entre León y Campomanes (AP-66 con la concesionaria Aucalsa) dejó 40,5 millones de euros después de un aumento anual del 2,3%. Autoestradas de Galicia (con a AG-57 y la AG-55) mejoró sus ingresos un 4,9%, hasta los 15,8 millones. Y Gebisa (AP-8 entre Urgoiti y Ermua, en el País Vasco) recaudó apenas 10 millones, un 2,7% menos que el año precedente, según las cuentas de Itínere.
Audasa cerró 2019 con un fondo de maniobra negativo de 405,9 millones de euros "como consecuencia, fundamentalmente, del vencimiento en abril de 2020 de la emisiones de obligaciones fiscalmente bonificadas -los titulares pueden deducir los bonos en el IRPF- por importe de 400 millones de euros realizada por la sociedad en 2014". Pensando en la refinanciación, la compañía firmó un préstamo sindicado por ese mismo importe el 16 de diciembre. El plazo de amortización va hasta 2024. Itínere abre también la puerta a lanzar una nueva emisión de 100 millones de euros como máximo que, hasta ahora, no se ha ejecutado.
