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La excúpula de Pescanova exige retirar como prueba el informe que precipitó la dimisión de Sousa

Las defensas aseguran que KPMG obtuvo información sin permiso y sin advertir que su trabajo sería "prueba de cargo" en un juicio

Parte de los imputados en el procedimiento, ayer, en la Audiencia Nacional.

Parte de los imputados en el procedimiento, ayer, en la Audiencia Nacional. // LG

"Este informe es el fruto de un ejercicio de transparencia que yo promoví [...] No deseo que mi permanencia en la presidencia de Pescanova SA pueda suponer un obstáculo para la administración concursal de cara a las negociaciones que han de llevar a cabo con los acreedores del concurso". Así comunicó Manuel Fernández de Sousa su adiós como máximo responsable ejecutivo de la pesquera el 17 de julio de 2013, solo una semana después de haber recibido el informe forensic encargado a la auditora KPMG. Un estudio encargado para determinar de dónde procedían las "discrepancias" entre las cuentas del grupo y la deuda bancaria, por qué en los libros figuraba un pasivo de poco más de 1.000 millones de euros cuando en realidad superaba los 3.600. Aquel documento de 340 páginas terminó por señalar no solo a Sousa, sino a su excúpula directiva, por haber diseñado una compleja red de financiación irregular "resultado de una planificación de forma consciente". Se convirtió a la postre en una guía para el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, marcó el camino de buena parte de las imputaciones para un juicio que, seis meses después, termina hoy. Este jueves, las defensas de todos los exdirectivos exigieron en tromba la retirada del forensic al considerar que su elaboración vulneró derechos fundamentales y que es nulo de pleno derecho. "Tiene que ser expulsado entero, con todo su relato novelístico", clamó Alberto Martín, letrado del exdirector de Contabilidad, Ángel González.

En ese informe es donde figuran los correos electrónicos que, a juicio de las acusaciones y el Ministerio Fiscal, prueban la colaboración en la "estafa piramidal" de exdirectivos como Antonio Táboas Moure (área Financiera), Joaquín Viña (Auditoría Interna), Alfonso García Calvo (administrador de la trader Novapesca) o Alfredo López Uroz (Administración). "Los peritos [de KPMG] toman declaración a varias personas sin informarles de que estaban actuando como la larga mano del juzgado", exhortó el abogado de Fernando Fernández de Sousa, Jacobo Teijelo. ¿Por qué? Según expusieron varios letrados, en mayo de 2013 KPMG ya sabía que su trabajo iba a terminar al proceso de Instrucción del caso Pescanova, bajo el mandato de Pablo Ruz, primero, y José de la Mata, después. "El acceso a los ordenadores se hizo en un contexto de confianza, no sabiendo que iba a ser utilizado como prueba de cargo en un proceso penal", ahondó Juan Manuel García-Gallardo, representante legal de Carlos Turci (de la filial Pescafina). Si el Tribunal acepta esta tesis compartida por las defensas, decaería -entienden- el grueso de una investigación que se ha prolongado durante más de siete años. La Sala presidida por la magistrada Teresa Palacios ya rechazó retirar el informe forensic en las cuestiones previas, planteadas en diciembre.

El cambio de criterio del fiscal Juan Pavía respecto a los hombres de paja -los gestores de la red de sociedades instrumentales- copó también parte de las intervenciones. El representante del Ministerio Público retiró la acusación de estafa y rebajó la petición de penas por falsedad en documento mercantil, hasta pedir para ellos (Camilo Rodríguez, Javier Fernández Corujeira y Javier Retamar) una pena máxima de dos años, con el atenuante de confesión. "Lo ha hecho como premio a una declaración de signo incriminatorio contra otros acusados", reprobó García-Gallardo. El testimonio de estos supuestos testaferros en el juicio fue determinante: declararon que siempre habían actuado bajo instrucciones de la antigua cúpula de Pescanova SA, que detrás de los 2.516,4 millones de euros en mercancía que compraron a la multinacional durante cinco años solo había papeles. "Yo no tengo almacenes. He oído aquí que soy un gran mayorista de pescado, y yo entiendo solo de comprar unas cajas de langostinos por Navidad", afirmó Corujeira. "Dice el fiscal que sus declaraciones no son espurias. Les ha bajado la pena a dos años, suficiente para que no entren en prisión en caso de ser condenados. Claro que son espurias", zanjó el letrado de Ángel González, uno de los señalados por estos hombres de paja como colaboradores en esa red de facturación ficticia.

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