El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Fondo de Reserva de Garantía para que los consumidores electrointensivos suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo, que estará dotado con 600 millones de euros en sus primeros tres años de vida. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recordó ayer en un encuentro virtual organizado por Nueva Economía, que este fondo permitirá apoyar el estatuto de los consumidores electrointensivos, que se aprobará "en breve". La medida va a permitir acompañar el desarrollo de los PPA (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo) con plantas de generación renovable.

Según el anteproyecto de ley de creación, el Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, que se dio a conocer en febrero, estará dotado con 200 millones anuales en sus primeros tres años de vida para cubrir un máximo de 600 millones de inversión.

A partir del cuarto año, su cuantía se determinará en los Presupuestos Generales del Estado, que establecerán en cada ejercicio las cantidades máximas a cubrir y las ampliaciones que se hagan del fondo. Este fondo es una de las medidas de apoyo a las empresas industriales con gran consumo de electricidad recogidas en el borrador del estatuto del consumidor electrointensivo y su finalidad es regular la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos que adquieran empresas electrointensivas en las operaciones de compra de energía a medio y largo plazo.

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) será el agente gestor de este fondo, con el que se pretende fomentar la suscripción de esas operaciones por parte de las industrias electrointensivas, a fin de que vean reducido también por este medio su factura eléctrica.

Maroto reiteró que el Estatuto del Consumidor Electrointensivo (marco legal que regulará el apoyo público a los costes energéticos de la industria) será aprobadó "en las próximas semanas". No concretó, en cambio, si el texto final incluirá la petición conjunta de los gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria, que recogen las demandas de las empresas y de los sindicatos de las comunidades del norte, para que se dé un trato singular a las plantas cuya competitividad más depende de los costes energéticos, entre las que están las grandes fábricas gallegas (Alcoa, Alu Ibérica, Megasa o Celsa, entre otras). En este sentido, el Gobierno gallego reclama dar preferencia a las grandes fábricas y cuadruplicar las ayudas mediante más bonificaciones y peajes