En la extensa nómina de personas imputadas en el caso Pescanova figuran tres nombres desconocidos, en la compañía y el sector, pero cruciales en la investigación y en un (presunto) fraude multimillonario. Camilo Rodríguez, Javier Fernández Corujeira y Javier Retamar eran administradores de doce sociedades que, sistemáticamente, constaban en el top de clientes y proveedores -al mismo tiempo- del grupo pesquero. Compartían auditor, modelo de cuentas y un secreto: detrás de los 2.516,4 millones de euros en mercancía que compraron a la multinacional durante cinco años solo había papeles. No tenían almacenes, ni trabajadores, correo electrónico, logotipo o teléfono; por no tener, ni siquiera contaban con una impresora para la montaña de pagarés con la que simulaban un volumen monstruoso de actividad. Su testimonio en el juicio fue determinante: el 23 de febrero, en un polígono industrial de San Fernando de Henares, declararon ante el Tribunal que siempre habían actuado bajo instrucciones de la antigua cúpula de Pescanova SA. Que desconocían que eran partícipes de un delito que les ha hecho compartir banquillo con Manuel Fernández de Sousa o la auditora BDO. "Yo no tengo almacenes. He oído aquí que soy un gran mayorista de pescado, y yo entiendo solo de comprar unas cajas de langostinos por Navidad", lanzó Corujeira nada más empezar su declaración como acusado. Atacó la línea de defensa de la antigua dirección, que en todo momento aseguró que nunca se falsearon facturas. Y para ellos, como consta en el escrito de conclusiones definitivas del fiscal, ha habido clemencia. Si hay sentencia condenatoria eludirán la prisión.
Rodríguez, Corujeira y Retamar llegaron al juicio acusados de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa. En suma, el Ministerio Público -y después, el auto de apertura de juicio oral- pedía para ellos siete años de prisión. La segunda acusación ha sido retirada. "Concurre en los acusados la circunstancia atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal" y, en concreto, la circunstancia cuarta. Que dice así: "La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades". El escrito del fiscal Juan Pavía sostiene ahora que "procede imponer" a todos ellos, de Vigo, "las penas de dos años de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de 200 euros". Si no tienen antecedentes, y en caso de que el Tribunal atienda el criterio de Pavía, eludirían la cárcel. "Me dijo que querían externalizar los servicios de administración de dos empresas, que se haría un traspaso de acciones y sería administrador. Le dije que sí. Para mí la compañía era un referente, pensé que había tenido suerte", declaró Corujeira, en alusión a una llamada recibida del ex director Financiero de Pescanova, Antonio Táboas. La red de instrumentales empezó con dos sociedades, y se estiró -en caso de estos tres imputados- hasta las doce. ""Nunca vi la mercancía, pero tampoco nunca dudé. Me decían pon estos códigos y estos precios. Me venía todo hecho. Ojalá no hubiera mandado nada".
Hubo cuatro más, de gestores bregados en el oficio y que desconocían, según han testificado, que estaban cooperando para que Pescanova pudiese obtener financiación bancaria con prácticas ilícitas. Uno de ellos, Antonio Casas Salmerón, es cofundador de Conxemar, y se sentó en el banquillo por haber realizado operaciones "tanto reales como ficticias" con el grupo gallego, al igual que Manuel López Rodríguez. A ellos el fiscal ha retirado también la acusación de estafa. Juan Pavía también ha rebajado sustancialmente la petición de penas para Pablo Fernández Andrade, hijo del expresidente de la compañía, al atender su defensa de que no intervino en el desembarco del fondo Luxempart en el capital. En el juicio aseguró que fue partícipe -con firma- porque así se lo requirió su padre. El grupo luxemburgués, que ha cuantificado sus perjuicios en más de 50 millones de euros, no ha sido tan complaciente y ha mantenido íntegras sus pretensiones.
Al cierre de la última sesión, celebrada este martes, la presidenta del Tribunal emplazó a las partes para retomar el procedimiento el día 23, en la que será previsiblemente la penúltima jornada antes de que quede visto para sentencia. Ha querido la casualidad que sea la efeméride de la fundación de Pescanova SA, a cargo de José Fernández López y Valentín Paz Andrade, en 1960.
